Miedo a la libertad

En la República de Ruritania uno nace con ciertos contratos pre-establecidos: una cuenta bancaria; una tarjeta de crédito; un plan de ahorro automotor; una membresía a alguna publicación mensual, y un servicio de televisión por cable. Estos contratos son obligatorios para todos las personas nacidas en el territorio de Ruritania y, dependiendo del caso, el derecho a retirarse de dicho contrato es inexistente.

Sin dudas una situación así generaría un fuerte malestar de todos los sectores políticos de Ruritania , los auto-denominados progresistas pondrían el grito en el cielo: “¿Cómo puede ser que una persona deba nacer atada a una empresa determinada o con algunos servicios contratados que ni siquiera sabe si le interesa usar o en un futuro querrá optar por otros?”, dirían ellos. Por supuesto, los libertarios nos sumaríamos a una crítica de este estilo, defender los derechos de propiedad, la iniciativa privada, y los mercados libres, no nos hace cómplices de las empresas que se aprovechan del poder estatal para obtener un beneficio a costa del resto de la sociedad.

A diferencia de lo que sucede en un acuerdo voluntario, donde todos a priori esperan beneficiarse de ese acuerdo, cuando el estado se involucra en las relaciones individuales la ecuación cambia y se convierte en un juego de suma cero, mientras los cercanos al poder estatal ganan aquellos desprovistos de contactos políticos salen perdiendo.

A pesar de esto, grandes sectores de la sociedad avalan este tipo de mecanismos como forma natural de relacionarse, las razones por la que lo hacen varían en cada caso. Podríamos identificar varios grupos diferentes, estos son algunos ejemplos:

(1) Los inocentes. Son aquellos bien intencionados que sienten que tienen un compromiso para hacer algo por el otro, y creen que el accionar estatal puede ser beneficioso para aquellos grupos que pretenden mejorar su situación.

(2) Los ideólogos. Este grupo se ve movilizado por la ideología. Por más que la experiencia de siglos les haya demostrado que estaban equivocados insistirán con las mismas soluciones. Para este grupo, el fracaso del estado no es estructural sino que se debe a la falta de idoneidad de los que llevaron adelante.

(3) Los beneficiados. Son los políticos en situación de poder que se ven beneficiados por iniciativas estatales que en apariencia tienen fines nobles, pero que en la práctica resultan únicamente beneficiosas para ellos mismos.

Tal vez, la idea  de nacer adherido a un contrato de TV por cable, a un plan de ahorro automotor, o a una empresa de telefonía celular, resulte demasiado grotesco para encontrar personas que defiendan estos proyectos, sin embargo está lleno de personas que no encuentran ningún problema en nacer adherido a un sistema de planificación para el retiro, a un sistema de salud pública, o a un sistema educativo.

Una de las justificaciones más habituales, es que estos servicios en genera las gente tiende a contratarlos individualmente y se tratan además de servicios esenciales. La educación, sienta las bases del conocimiento que nos permitirá desarrollarnos en un futuro, los sistemas de planificación de retiro nos ofrecen tranquilidad en los últimos años de vida, mientras que un sistema de salud permite tratar enfermedades. Sin embargo, de esta justificación no se desprende la necesidad de que: a) estos servicios deban ser brindados por el estado  y b) estos servicios deban ser financiados coercitivamente mediante impuestos.

Entonces, el factor de decisión de imponer estos servicios por la fuerza no tiene nada que ver acerca de la “esencialidad” de los mismos para la vida humana, sino otro argumento: la imposibilidad de acceder a ellos. Esa es la motivación de los estatistas (inocentes e ideólogos, según nuestras categorías) de asegurar que todos tengan acceso a estos servicios. De esta manera, la coerción está justificada en la solidaridad con los que menos tienen, pero estos dos conceptos no pueden ser más antagónicos.

La solidaridad es un acto voluntario, basado en los deseos de ayudar al prójimo. La coerción es violencia, y está basado en una noción de superioridad frente a los demás. Los estatistas se conciben a sí mismos como los únicos con preocupaciones legítimas para ayudar a los demás, el resto de la población está conformada por cerdos egoístas que le desean el mal a los demás. Esto, por supuesto, no es así.

Los estatistas, a diferencia de los que no lo somos, conciben la violencia como la única forma de alcanzar sus objetivos. La idea de ayudar a los más necesitados en una sociedad, sostienen ellos, nunca puede nacer de la voluntad de alguien que no quiere imponer violencia. La refutación es muy sencilla, basta solamente con hablar con un puñado de personas y preguntarle sus principales preocupaciones, o a que les gustaría que puedan acceder los que hoy tienen pocos recursos para hacerlo. Los estatistas se basan en la presunción de que el resto son malos, y ellos que quieren imponer por la fuerza sus ideas y la bondad son los buenos.

Los que no somos partidarios del uso de la fuerza para la consecución de nuestros objetivos, tenemos una visión radicalmente diferente. No es necesaria la violencia para ofrecer soluciones solidarias a los que menos tienen, los casos abundan. Las iniciativas privadas solidarias se encuentran expandidas a lo largo y ancho de la sociedad, cada vez que se lanza una campaña solidaria las personas no dudan en ayudar. Pero esto no es suficiente para los estatistas.

El mayor miedo de los estatistas, es su miedo a la libertad, miedo a que la gente ayude a otra gente sin la necesidad de un garrote amenazador, y peor aún, tienen miedo que esa posibilidad funcione mejor que la suya. Junto a ello, tienen miedo de perder el control, la idea de no poder mantener bajo su control las variables que hacen a una sociedad los aterra, y por eso siempre derivan en mayor o menor medida en mecanismos autoritarios de control sobre la vida de los demás.

Por eso me gustaría terminar con una propuesta para los estatistas, para poder evacuar sus dudas y sus miedos ante la incertidumbre que genera la libertad, ¿y si probamos dejar de lado los mecanismos autoritarios, el uso de la fuerza y las imposiciones de un puñado de personas sobre todo el resto de la sociedad? ¿y si probamos libertad?

 

Cafés oficiales, cultura oficial

Una de las grandes noticias de la semana en el barrio de Pompeya fue la declaración de un bar de esa zona en la categoría de “Bar Notable de la Ciudad de Buenos Aires.”

La categoría de Bar Notable, según dice la Ley 35 de la Ciudad, se obtiene cuando la CPPCBBCNCBA (Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos Aires) considere a un “bar, billar ó confitería relacionado con hechos ó actividades culturales de significación; aquel cuya antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia local le otorguen un valor propio.”

Que un bar, billar o confitería sea nombrada como notable tiene efectos positivos sobre ella. Se convierte en un punto de atracción turística, se lo señaliza para destacarlo, con equipamiento urbano específico, se lo incluye en los listados y mapas de bares notables, que locales y turistas buscan visitar. En definitiva, gracias a su inclusión en la lista de bares notables una confitería aumentaría su promoción, y con ella las ventas.

 

Confitería El Molino - Abandonada desde 2007

Confitería El Molino – Abandonada desde 1997

Sin embargo, la declaracion de Bar Notable no es solo una declaración, sino que le permite al Estado, a través de la  CPPCBBCNCBA, comenzar a inmiscuirse en la forma de administrar del bar, otorgándole a dicha comisión

Ante la declaración de Bar Notable, el artículo 6 de la ley le otorga a la CPPCBBCNCBA ciertas facultades:

Artículo 6º.- Serán objetivos permanentes de la Comisión:
La elaboración y actualización de un catálogo de cafés, bares, billares y Confiterías notables en el ámbito de la ciudad y su difusión en los centros de actividad turística.

Consensuar y proponer para los bienes que se incorporen a dicho catálogo proyectos de conservación, rehabilitación o cuando correspondan restauración edilicia y mobiliaria con asesoramiento técnico especializado del G.C.B.A u otra institución.

Promover la participación de los locales catalogados en la actividad cultural y turística de la ciudad, impulsando en estos actividades artísticas acorde a sus características.

Es decir, una vez que un bar es declarado notable la CPPCBBCNCBA pasa a tener injerencia en las decisiones empresariales de los dueños de aquellos bares, y pierden el derecho a decidir, cerrar o incluso demoler el bar, si consideran que los consumidores no desean que haya más un bar allí. Este fue el caso de la confitería Richmond.

En el caso de la Richmond, al ser considerada una confitería notable, y cuya estructura, por decisión del CPPCBBCNCBA, no podía ser demolida,  ahora se encuentra en un estado de abandono, en el cuál no funciona más la confitería, y los dueños tampoco pueden llevar adelante sus planes. La situación no puede ser peor.

Los planes del gobierno para interferir o planificar en determinado sentido la vida cultural de las personas, o incluso para preservar ciertos criterios estéticos afines a quienes hoy gobiernan, representan intromisiones del estado que distorsionan la vida cultural de un toda una ciudad.

La actividad del gobierno porteño en materia de cultura ha sido muy activa. Ha estado involucrado en varios de los multitudinarios shows “gratuitos” en la Av. 9 de Julio, o en diversos parques de la ciudad. Además, se promueven concursos de bandas musicales, y la gama de eventos que auspicia tanto el gobierno local, como el nacional, es amplisima. Todo esto a costa de los pagadores de impuestos, quiénes sostienen a aquellos que fueron bendecidos por el Ministerio de Cultura. Mientras tanto, ese dinero que podría ser destinado por las personas hacia aquellas expresiones culturales con las que el Estado no comulga, son dirigdas no a los que el público elige, sino a los que tienen mejores contactos políticos.

La legislación para promover a la cultura en determinado sentido, realzando la importancia de determinados establecimientos gastronómicos, o seleccionando auspiciar ciertos eventos culturales, genera una distorsión de la escena cultural. Las cultura pasa a ser solamente la expresión de la mayoría. O mejor dicho, es elegido lo que una minoría elegida por la mayoría cree ser la expresión de la mayoría. La cultura oficial se asocia a mejores contactos políticos, y no a una mayor convocatoria o un mayor prestigio.

Al contrario de lo que debería suceder en un ámbito de libertad cultural, el Gobierno de la Ciudad, y también el el gobierno de Cristina Fernández, pretenden seleccionar expresiones culturales arbitrariamente,  forzando a los contribuyentes a financiar esos eventos.

Los defensores de las políticas culturales esgrimen dos argumentos. Por un lado, la necesidad de la protección y preservación de ciertos espacios culturales “deseables”. Por otro lado, con mayor sensibilidad social, argumentan que si el Estado no subsidia y promueve actividades culturales, éstas serían menos accesibles al público en especial, en los sectores de menos recursos.

Al igual que las promesas que nunca se cumplen sobre estos planes gubernamentales, los pronósticos sobre la separación del Estado y la cultura están igual de equivocados. En primer lugar, la cultura volvería a su habitat natural, que no es aquél financiado por el estado, sino el que emerge desde lo más under, hasta que se consolida en lugares privilegiados, y se termina por popularizar.

En segundo lugar, la oferta cultural del mercado nos acerca a todos la posibilidad de escoger libremente, qué tipo de cultura queremos consumir, que  porcentaje de nuestros ingresos queremos asignarle a esos consumos, y dónde queremos hacerlo. Es decir, el mercado, a diferencia de la cultura oficial, ofrece actividades culturales de la más amplia diversidad, y para todo tipo de bolsillo.

Otro argumento contra la eliminación de cualquier tipo de régimen de promoción de actividades culturales es la idea de que sin estos subsidios, auspicios, o contrataciones por parte del gobierno, resultaría en una menor inversión cultural. La realidad es que, en el contexto que han generado el resto de las políticas del gobierno nacional, en ningún sector es atractiva la inversión, por lo cual efectivamente resultaría en menos inversión. Pero, no hay que olvidar que gran parte de la “inversión” es en realidad la financiación forzosa de todos los contribuyentes a determinados espectáculos. De está manera el gobierno decide  cuál es la mejor forma de gastar el dinero de los demás.

Como solución alternativa, de transición entre  la situación actual y una separación total de la cultura y el estado, se ha propuesto un voucher cultural. Emulando la idea de los vouchers educativos, el voucher cultural consiste en que cada argentino reciba un cheque que represente una cantidad de dinero disponible para gastar en actividades culturales.   A pesar de que pueda parecer un primer paso equilibrado, esta propuesta tiene varios problemas, el remedio termina siendo peor que la enfermedad.

La propuesta de vouchers en educación es un proceso para comenzar a descentralizar la educación, hoy totalmente centralizada desde el Ministerio de Educación, en lo relacionado a los contenidos, metodologías, precios y demás factores. A diferencia de la educación, la tendencia a la centralización de la cultura por parte del estado no ha llegado a los niveles en lo que está centralizada hoy la educación en Argentina, y en el mundo.

Aún existe una oferta cultural vibrante en la Ciudad de Buenos Aires, y la posibilidad de encontrar alternativas variadas subsiste. Implementar el sistema de vouchers implicaría una centralización de la cultura, y habilitaría al  gobierno a determinar de un modo arbitrario la designación de los espectáculos o eventos en los que podría usarse ese cheque. Y por último, sí el sistema de vouchers le asigna un presupuesto cultural a cada ciudadano, ¿por qué no dejar de cobrarle impuestos para financiar actividades culturales y dejar el dinero en manos de sus dueños legítimos?

La influencia de la política en la cultura estará siempre, la política y el estado, son parte de la realidad y esto implica que tendrán alguna influencia en la vida cultural de la ciudad, ya sea motivando o desalentando el surgimiento de expresiones culturales del momento. Pero, una cultura alrededor de puntos de partida, y de llegada, definidos por los gobiernos, deja de ser cultura y se convierte simplemente en propaganda, camuflada en algo que a lo que llamamos “cultura”.

Por qué los argumentos morales son superiores a los utilitarios

Lo explica Robert Higgs:

“[S]in embargo, precisamente debido a la guerra  interminable de “expertos” , uno nunca puede asegurarse que una vez que una persona fue persuadida de que la libertad es más beneficiosa, al menos respecto a una situación X, esa persona haya decidido adoptar por completo las ideas liberales. Si alguien fue convencido a través de evidencias y argumentos esgrimidos por el “experto” pro-libertad, fácilmente podrá volver a convertirse en un partidario de la intervención gubernamental en base a la evidencia presentado por un “experto” anti-libertad.  Como dije  alguna vez John Maynard Keynes al contestarle astutamente a alguien que le preguntó sobre sus posiciones fluctuantes, “Cuando los hechos cambian, mis pensamientos cambian. ¿Qué hace usted, señor?. Si los liberales decidimos luchar por la libertad solamente basándonos en argumentos consecuencialistas, la guerra  por la libertad será eterna. Aunque algunos puedan aceptar esta idea bajo la premisa de que “la eterna vigilancia es el precio de la libertad”, este tipo de lucha ideológica es bastante desalentadora, dado que las fuerzas que se oponen a la libertad contra las que los liberales  debemos luchar poseen cientos de veces más tropas y miles de veces más dinero para adquirir munciones.

En contraste, una vez que un liberal haya persuadido a alguien que la intervención del gobierno está mala, al menos en ciertas situaciones, si no en todo momento, hay una posibilidad mucho menor de que aquél vuelva a su posición anterior de apoyar las medidas coercitivas del gobierno contra gente inocente. El liberalismo, apoyado en la piedra moral, es mucho más fuerte y duradero que el que se apoya en las arenas movedizas de los argumentos consecuencialistas, que por necesidad son tan convicentes como los argumentos y la evidencia que hoy se presentan. Entonces, si deseamos agrandar las filas de liberales, estamos bien advertidos que plantear un argumento moral por lo menos como parte de nuestros esfuerzos. Por supuesto que mostrarle a la gente que la libertad funciona mejor que el control estatal, no dañará a la causa. Pero confinar nuestros esfuerzos a lo que digan un puñado de pseudo-expertos en un momento dado, como mucho, nos condenará al éxito transitorio.”

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El desafío de Francisco

Cuando un político asume la presidencia de un país se suele decir que los primeros meses de gobierno vive una “luna de miel” con la sociedad. Es el primer período del mandato en el cual el gobernante todavía no tuvo tiempo para incumplir las promesas que esgrimió durante la campaña electoral. Además, con el resultado fresco en las urnas, la legitimidad del líder, según una perspectiva tradicional, todavía se sustenta en el numero de votos recibido.

Salvando las distancias, la algarabía y emoción que generó la elección del nuevo Papa, especialmente en Argentina su país de origen, se puede enmarcar dentro de esta ventana en la cual todavía el tiempo no transcurrió el tiempo necesario para poder juzgar su accionar ante los desafíos que enfrenta. Francisco está viviendo su luna de miel, potenciada por la demagogia de que caracterizó a los primeros días de su pontificado.

Pero, ¿qué va a pasar una vez que termine este período y el ojo crítico se ubique sobre la conducta papal? Solamente el transcurso de tiempo nos dará la respuesta.

A pesar de la pérdida de poder sobre el mundo secular que sufrió la Iglesia Católica en los últimos 200 años, hay todavía muchos asuntos que nos deben importar, incluso a quienes no profesamos esa fe, o ninguna fe. Son varios los problemas y desafíos que deberá enfrentar el Papa argentino.

Poco se puede decir acerca de las posturas retrogradas de la Iglesia frente a la homosexualidad, el aborto, el matrimonio gay, y un sinfín de temas sociales en los cuales se mantuvo incólume en sus  2000 años de vida. Al fin y al cabo, se tratan de posturas de una organización privada y se encuentra protegidas por la libertad de expresión. En todo caso, el problema que representan estas posiciones son para los legisladores y jefes de estado que se dejan influir por una doctrina medieval.

Sin embargo, no todos los hechos reprochables que se le puede hacer a la Santa Sede se mantienen en plano de las opiniones y las divergencias de criterios. La influencia espiritual, y el poder derivado de la fe, ha sido la puerta de entrada para la existencia de miles de casos de abuso sexual por parte de sacerdotes católicos en todos los niveles eclesiásticos.

En todo el mundo florecieron denuncias de abuso sexual por parte de miembros del clero católico, entre 1940 y 2000 hubo decenas de miles de investigaciones por abusos sexuales de niños y adolescentes. El Informe John Jay, encargado por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, documenta más de diez mil casos de abusos, atribuidos a 4392 sacerdotes en aquél país. Los casos se extienden a lo largo y ancho del mundo, aunque las diócesis de Estados Unidos, Irlanda y Alemania, concentran gran mayoría de los casos.

La reacción de la Iglesia frente a esto ha sido sistemática. El silencio, el ocultamiento y la obstaculización de las investigaciones penales fueron algunas de las actitudes tomadas frente a estos casos. Las estrategias varían, una de las más utilizadas es la de mover a los sacerdotes abusados hacia otras parroquias para evitar su detención, a pesar de que en muchas oportunidades esto trajo aparejada la aparición de victimas en las nuevas parroquias.

Respecto de las acciones tomadas por los últimos dos Papas, Juan Pablo II y Benedicto XVI, las opiniones son encontradas. Por un lado, se les reconoce haber comenzado a poner sobre el tapete este tema que aqueja a la Iglesia. Por el otro, se ha considerado su actitud demasiado pasiva ante la semejante relevancia que tiene el tema.

En definitva, este es probablemente uno de los pocos temas en el que el Papa tiene una influencia directa en el mundo secular, y que es factible que pueda hacer algo para cambiar la dirección de la Iglesia en este sentido. Con muchos adjetivos se puede describir la imagen que dió en sus primeros días de papado, pero al final del día son pocos los asuntos que nos importan a los que no tenemos interés alguno sobre la vida diaria de los monarcas que aún quedan en pie.

 

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La tarea más difícil

La ardua tarea de la difusión y aceptación de las ideas liberales está caracterizada por un número de obstáculos que se interponen entre los que emitimos el mensaje y aquellos que están dispuesto a escucharlo. Estos obstáculos son exclusivos del liberalismo. Otras vertientes ideológicas como  el socialismo, el fascismo o el desarrollismo, por nombrar solamente algunas, no deben superar esos escollos por ser propuestas políticas de una naturaleza completamente distinta.

En el marco de la competencia dentro del mercado de las ideas políticas, el liberalismo se encuentra en desventaja. Las ideas liberales, a diferencia del resto de las postura políticas, gozan de una particularidad: el liberalismo no propone programa de gobierno alguno ni sus propuestas se basan un rol activo del gobierno para abordar los fines que se propone. O como  dice José Benegas el liberalismo no es un programa de gobierno, es un programa de “des-gobierno”. En otras palabras, la respuesta más común que ofrece un liberal sobre qué debería hacer el estado ante una situación determinada es nada o casi nada.

A partir de este momento es cuando los liberales nos enfrentamos al primer problema. Mientras que nosotros no tenemos un plan de acción, aquellos que sostienen ideas que derivan del estatismo pueden proponer una solución para cada problema. Más allá de que después la mayoría* de esas soluciones terminen en un fracaso rotundo, en caos o en una crisis y sin solucionar nada, la posibilidad de brindarlas es un punto a favor de los estatistas.

Es que la gente, luego de atravesar un proceso de décadas de avance del estado sobre la sociedad civil en todos los ámbitos  es más propensa a receptar positivamente a alguien que le ofrece soluciones mágicas a sus preocupaciones, que a aquellos que pueden ofrecer una alternativa sensata a sus problemas pero desde la humildad de aceptar la incertidumbre como una variable más.

Los liberales estamos ante una tarea mucho más complicada que explicar una propuesta política, debemos explicar que sucedería si el gobierno deja de hacer lo que está haciendo. Es decir, la ardua tarea a la que nos referimos al comienzo del post es la de explicar los principios básicos de la economía, el funcionamiento de la oferta y la demanda, la definición el sistema de precios como información para la toma de decisiones, la ley de Say, la ley de asociación de Ricardo, la imposibilidad del calculo económico en el socialismo, y muchos otros conceptos que ni siquiera economistas consagrados logran comprender correctamente.

Otro factor adicional que complica aún más la tarea de un liberal es la falta de arrogancia en sus postulados. Una vez más aquí los estatistas llevan las de ganar. Es habitual escuchar a los partidarios de la intervención estatal diagnosticar un problema, describir su solución (la que en general ya ha sido probada, y ya ha fracasado, pero esto no lo consideran un impedimento), y finalmente afirmar que implementadas esas medidas se producirán los resultados esperados. Los liberales, al contrario, carecen de esa posibilidad de asegurar un resultado más allá de lo que se puede explicar desde la economía, o desde la ética, esto se debe a una cuestión básica la imposibilidad de predecir como actuarán los individuos ante las situaciones que se les presenten. Muchas de las preguntas que se suelen plantear en los debates políticos, en realidad, no tienen ninguna respuesta.

Veamos algunos ejemplos. Un caso clásico, que además está vigente en la Argentina del Siglo XXI, es el de los controles de precios. Ante la inflación, y el consecuente aumento de precios, un estatista propone la aplicación de controles de precios. Esto — diría nuestro estatista — terminaría con el imperio de los formadores de precios cuyo único fin es abusar de la gente. Por el otro lado, un liberal diría que para terminar con la depreciación del signo monetario simplemente hay que dejar de emitir y derogar las facultades del estado para emitir moneda y establecer una monea de curso legal. Sin embargo, ante los oídos absortos de la gente con la mágica propuesta del estatista, el liberal tiene poco que hacer. Es definitivamente más atractiva una solución simple y fácil de entender que introducirse en los oscuros conceptos detrás de un sistema monetario, como lo pueden ser la oferta y demanda de dinero, el sistema bancario de reserva fraccional, el dinero fiduciario, el patrón oro, el free banking, la creación secundaria de dinero, etc. (para los interesados en el tema recomiendo The Mystery of Banking [PDF] de Murray Rothbard)

Estas dificultades, reconocidas por todos, sobre lo que implica la introducción a la sociedad de una propuesta liberal  ha traído consecuencias nefastas. Muchos liberales han decidido optar por una opción más sencilla, a pesar de que ello signifique claudicar el objetivo de vivir en una sociedad libre, y se han posicionado dentro del segmento estatista que se ubica dentro de lo que aseguran que hay que hacer algo activamente para abordar una situación determinada. De esta manera surgen engendros que luego de su fracaso son atribuidos al liberalismo, cuando en realidad se trata de una rama más de las tanta que poseen las ideas estatistas.

 

Es por este motivo que los liberales debemos hacer un mayor énfasis en estar empapados de las ideas que defendemos, por lo menos en lo que respecta al plano económico. La educación, y primero la propia, es la base de todo el andamiaje de un proyecto político liberal exitoso. Conocer las distintas variables que afectan el funcionamiento de la economía y cómo la intervención del estado inclina la cancha en favor del poder político, y los que tienen fácil acceso a él, y finalmente cómo ese accionar siempre termina por perjudicar al individuo indefenso ante el aparato estatal. Es ese contacto constante con las ideas que constituyen una sociedad libre lo que después nos permitirá poder expresarlas con mayor sencillez para una mejor comprensión de nuestros interlocutores.

El esfuerzo debe recaer en  no sucumbir ante la tentación de la arrogancia estatista para ser mejor percibidos por los no-liberales. La labor de educar a la sociedad, de devolverle la responsabilidad que alguna vez les secuestró el estado, y la promoción de los principio sde una sociedad libre es una tarea que no sucede de la noche a la mañana. Un proceso de 100 años no puede ser revertido en media hora. No obstante, pregonar este mensaje ofrece resultados muy gratificantes, por más pequeños que sean.

El foco debe mantenerse, y las esperanzas debe ser lo último en perderse.

*Hay que reconocer la eficacia del estado en la violación de derechos en general, como el asesinato masivo, el secuestro, la corrupción, el robo, y los avances sobre los derechos de propiedad de los demás.

 

Post-7D

Pasó el 7D, y no pasó nada. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos deparará el futuro? El 7 de diciembre era una fecha clave para el gobierno nacional, era el día en que vencía una medida cautelar a favor del Grupo Clarín que suspendía los artículos relativos a la regulación antimonopólica que contiene la ley de medios. Sin embargo, la Cámara Civil y Comercial Federal extendió el plazo de vencimiento de la cautelar hasta el dictado de una sentencia definitiva y con ello mantuvo la suspensión de los artículos 161 y 45. Estos dos artículos son los que forman la llamada “clausula de desinversión”, son los que obligan al Grupo Clarín, y al resto de los multimedios que se exceden en el límite de licencias estipulados por la ley,  a presentar un “plan de adecuación”, es decir deshacerse de licencias y empresas para cumplir con las restricciones que impone la norma. Mientras la medida cautelar se mantenga vigente, el gobierno nacional, y la autoridad de aplicación de la ley de medios, la AFSCA, no podrán intimar al Grupo Clarín para que se deshaga de las licencias que violan la le ni desguazarlo de oficio, el objetivo último del gobierno.

A pesar de haber sido uno de los temas más comentados de los últimos meses, el 7D se había convertido más en una fecha simbólica en la cual se pretendía inaugurar una nueva etapa del gobierno de Cristina Fernández que en el simple día de la aplicación de una clausula antimonopólica. El vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, ex-interventor del COMFER, y uno de los promotores más enfáticos de la Ley de Medios decía que “el 7D es un día bisagra porque todo el texto de la ley aprobada por nuestro Congreso tiene que cumplirse. Y esto tiene una potencialidad muy grande. Por primera vez, vamos a vivir con plena libertad de expresión y con plena pluralidad de voces”. Cristina Fernández planteó la ley de medios como una batalla épica, parafraseando a Saddam Hussein, la calificó como “la madre de todas las batallas”. Sin saberlo, todo esto se terminó convirtiendo  en un gran paso en falso dado por el gobierno gracias a la decisión de extender el plazo de la  medida cautelar y con esto anular el 7D.

Viendo la importancia mayúscula que significó y significa la aplicación de la ley de medios para el kirchnerismo, los antiK también adoptaron sus propias posturas. El movimiento antiK también convirtió al 7D en una fecha clave. Ellos, sumándose al juego planteado por el gobierno, le dieron su propia impronta épica a esta fecha. En este sentido, las páginas antiK que más convocatoria generan en Facebook, y algunos lideres de opinión de los diarios más leídos del país, consideraban que lo que sucediese el 7D era definitorio para los rumbos de la República. La independencia judicial, el Estado de Derecho, y la vigencia de la Constitución entre otros asuntos que eran planteados como de vida o muerte para el país se ponían en juego ese día. En otras palabras, el destino de las instituciones del país dependía de la extensión de una medida cautelar, ni siquiera de la sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.

Más bajo no se puede caer.

Considerando la peligrosa retórica oficial, y la vacía respuesta antiK, me propongo extirpar de pasiones de este asunto y analizar, de a uno, las cuestiones más relevantes involucradas en el pre-7D y post-7D.

Legislación antimonopólica. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, número 26.522, también conocida como la ley de medios, se trata de una norma compuesta por 166 artículos que tienen como objetivo regular varios aspectos relativos a la comunicación audiovisual. Además de fijar los objetivos que deben tener los titulares de licencias  (art. 3), regula  también  los contenidos que deben transmitir las señales de televisión y las radios (art. 65 en adelante), contempla la posibilidad de imponer a los titulares de licencias la transmisión de un mensaje determinado (art. 75 y 76), alcanza a la publicidad (art. 81 en adelante), impone controles semestrales por parte del AFSCA (autoridad de aplicación) sobre  “adecuaciones tecnológicas” (art. 47), y por supuesto la clausula antimonopólica que obliga a los medios en infracción a desprenderse las licencias que violan la normativa en el plazo de un año  (art. 45 y 161) .

Es preocupante la indiferencia mostrada ante  los distintos aspectos que quiere regular la ley. Si bien, por motivos que veremos más adelante, la clausula antimonopólica es clave, el resto de los artículos plantean disposiciones que chocan de lleno y de forma directa contra un derecho fundamental como la libertad de expresión, y frente a esto se han escuchado pocas voces. No sorprende que el Grupo Clarín haya desafiado la constitucionalidad del resto de los artículos, la impugnación de dos artículos de la ley representa más bien una excepción de un Grupo que ha apoyado cada uno de los avances del estado sobre los derechos individuales, y promueve una activa intervención estatal en la economía

Los artículos 45 y 161 son los más relevantes porque incorporan clausulas antimonopólicas ausentes en la vieja de ley de la dictadura (la regulación de los medios de comunicación es una característica típica de los regímenes autoritarios), e introducen nuevas condiciones de participación. Esta regulación antimonopólica no es distinta a ninguna otra de las leyes que se promueven en nombre “defensa de la competencia“, que en verdad se trata de verdaderas restricciones y limites a la competencia. Antes que nada, deberíamos recordar deque se trata un monopolio. Francis Wayland define al monopolio como “un derecho exclusivo otorgado a un hombre o a un monopolio de hombres, para que utilicen su trabajo o capital de alguna manera especial”, Arthur Latham Perry dice acerca de los monopolios “como lo implica el origen de la palabra, es una restricción impuesta por el gobierno sobre la venta de ciertos servicios”, para finalizar Spencer Heath propone que “el monopolio existe cuando el gobierno, mediante su poder coercitivo, limita a una persona u organización particular, o a una combinación de ambas, el derecho de vender ciertos y determinados bienes o servicios. Se trata de una violación del derecho de ganarse la vida”. [1]

Considerando estas definiciones podríamos concluir que la ley 26.522 lo que contiene son clausulas monopólicas, que se proponen limitar el campo de acción de un grupo de medios a un determinado número de licencias, o un porcentaje (35 en este caso) sobre la participación en el mercado de oferta de servicios audiovisuales. Las justificaciones a esta limitación las analizamos en los siguientes puntos.

La idea de licenciar las señales audiovisuales, por tratarse de la utilización de un recurso escaso es insostenible. ¿Acaso hay algún recurso que no sea escaso? La idea de un numero fijo de canales por los cuales transmitir bloquea cualquier intento de innovación al respecto, al no poder aprovechar nuevas tecnologías ni desarrollarlas para hacer un uso más eficiente de las vías de transmisión. Todos los recursos son escasos, y así como el gobierno no impone cuotas en la utilización de cuero para la fabricación de camperas y zapatos, no hay motivo aparente para que haga lo mismo con el espectro radioeléctrico.

Por último, relativo a este tema, no hay que olvidar que antes de la promulgación de la ley de medios no existía un mercado libre. El poder de Clarín no deriva en su mayor parte de transacciones voluntarias sino de la utilización del poder político en su favor, a través de regulaciones, disposiciones especiales, y otros arreglos con la casta política que les garantizó llegar a la posición en que hoy se encuentran. Desde la eliminación de competidores, hasta la sanción de leyes para evitar la quiebra del Grupo, Clarín fue beneficiado a lo largo de su historia por una serie privilegios estatales que lo puso  en el lugar en el que está hoy. Lo mismo, pero en un escalón por debajo, podría decirse de muchos de los otros grupos multimedios que hay actualmente en el país.

Antimonopolio y libertad de expresión. ¿Si la legislación antimonopólica no es una novedad, por qué tanto alboroto alrededor de la ley de medios? La respuesta es sencilla. La legislación antimonopólica afecta los derechos de propiedad de las empresas reguladas, y esto no es un asunto menor. En el caso del sector de medios de comunicación está situación adquiere una mayor gravedad, el debilitamiento y la precariedad sobre la que funcionarían a partir de ahora los servicios de comunicación audiovisuales eliminaría cualquier resquicio de independencia que podía quedar con la vieja ley. La vaguedad del lenguaje utilizado en la norma facilita la posibilidad de revocar licencias de forma arbitraria. En efecto, no existe el derecho de propiedad en este ámbito, ya que como se puede ver a lo largo de toda la ley se tratan de meras concesiones para transmitir contenidos que se adapten a lo establecido por la ley.

El monopolio del gigante. El gobierno ha promovido la actual ley teniendo en la mira, principalmente, el tamaño del Grupo Clarín. El grupo es una de las empresas más grandes de la Argentina, y ha desarrollado una red de radios, canales de televisión, prestadores de televisión por cable, que generaría envidia en cualquiera que tiene ambiciones de manipular a las masas. Aunque vale hacer una aclaración, este “poder manipulador de masas”  es más que nada una construcción que hace el propio gobierno, y no tiene mucho que ver con la realidad y el rol de los medios en la sociedad.

El principal problema que plantea el tamaño de Clarín, es que el  gobierno dejó de ser el único gigante. En todo caso, si admitimos la difícil idea de que Clarín sea un monopolio, estaríamos ante la confrontación de aquellos que poseen el monopolio del uso legítimo de la fuerza y el monopolio de la información. ¿Cuál suena más peligroso? Cristina Fernández ha demostrado con creces que no se trata de una cuestión referida a los monopolios, pues ella es devota de monopolizar las transmisiones televisivas y radiales a través de la nefasta “Cadena Nacional”.

La fragmentación de empresas de medios con un cierto alcance nacional persigue objetivos distintos a los que se suelen alegar. No es la “pluralidad de voces” o la “democratización de la palabra”, si no el afán de fraccionar lo que es considerado “el cuarto poder”. Así como sucedió con el poder legislativo, y el judicial (que ahora parece haber abierto por lo menos un ojo), se busca debilitar a la prensa y a los medios como agentes de control de los actos de gobierno.

Es paradójico que desde el monopolio más nocivo que jamas haya existido en la historia de la humanidad, el estado,  se lance una lucha contra los monopolios en nombre de la libertad. Poco creíble.

Igualdad ante la ley. Probablemente el peor argumento entre los que se oponen a la ley de medios es la idea de la “igualdad ante la ley”. Algunos de los que aparecen como opositores a esta ley,  por ejemplo Jorge Lanata, están de acuerdo con los contenidos de la legislación, su problema es que la aplicación es desigual. La falencia de este argumento es que aquellos que lo sostienen no pueden identificar los peligros de la ley de medios, sea aplicable a uno o a todos los titulares de licencias. Es cierto que una aplicación desigual genera desequilibrios, como es el caso de Telefe, o del Grupo PRISA, que están en infracción según la ley, pero el gobierno mira para otro lado. A cambio, reclaman obediencia y control sobre la información. Sin embargo, una aplicación igualitaria de la ley implicaría que todos los medios, ahora fragmentados, y bajo la órbita de control del AFSCA queden a merced de las exigencias estatales para mantener la posibilidad de continuar transmitiendo.

Es decir, este grupo se encuentra a favor de la ley de medios en su totalidad, su única preocupación es que el estado no avance sobre todas los titulares de licencias, y se limite solamente a unos pocos. Esto lo podemos graficar con un ejemplo, supongamos que el mañana se aprueba una nueva ley que todos los ciudadanos sudamericanos, no argentinos, que vivan en el país no pueden residir en el barrio de Palermo, y en los hechos la ley solo se aplica para deportar a los colombianos de ese barrio porteño, estamos ante un caso en el que no hay igualdad ante la ley. La aplicación es selectiva, por más que el texto indique otra cosa. ¿Sería admisible reclamar que en vistas del principio de “igualdad ante la ley” la deportación debe alcanzar a todos los demás? Ese, por supuesto, no es un argumento contra esta disposición imaginaria sino todo lo contrario.

Los otros kirchneristas. Por último, tres días después del famoso 7D los mismos que protestaban contra la ley de medios, y el circo creado alrededor de esa fecha, volvieron a pedir mayor intervención del estado. El argumento es el siguiente “el gobierno ha gastado muchas energías en el 7D, y ha dejado de lado problemas importantes como: el deficit habitacional, problemas de transporte, narcotráfico, inflación, desempleo, inseguridad, etc.” Mauricio Macri fue uno de los exponentes de esta postura:

Según aseguró “al ciudadano no le cambia la vida la ley de medios”, ya que sus reclamos son por seguridad y por inflación, y el gobierno no “ha hecho nada en los últimos años en combatirla”.

Esto no hace más que confirmar que en la “batalla por la ley de medios” no predominó la razón, si no las pasiones. Los que se oponen a la intervención estatal de los medios de comunicación, consideran apropiado que el gobierno intervenga en otras áreas, cuando en realidad, en ambas situaciones, subyacen los mismos principios.Tal vez, cuando se dejen de lado los argumentos emocionales, y se proceda a prestarle más atención a los argumentos racionales, estemos más cerca de rechazar todo tipo de intromisión estatal en los acuerdos voluntarios entre las personas. Mientras tanto, estas son las reglas de juego.

[1] Todos ellos citados por Murray Rothbard en “Monopolio y Competencia” [PDF]. También recomendamos a Dominick Armentano [PDF] y a Thomas Di Lorenzo [PDF] sobre una perspectiva económica sobre el tema.

La absolución de Alcira (El caso de María Ovando)

Supongamos que una mujer chaqueña, Alcira, que vive en un paraje aislado del Chaco, en la Argentina del 2012, con 6 hijos, en un estado de pobreza típico de los que se viven en los asentamientos rurales de esa provincia sufre la muerte de uno de sus hijos. La mujer tiene un trabajo pero no le alcanza para mantener a todos sus hijos. Su hija menor de tres años muere por desnutrición, era alimentada, pero no con la frecuencia adecuada para una chiquita de su edad. Ante esta situación es acusada por abandono de persona y sometida a juicio.

Pobreza Chaqueña

¿Cuál es la postura liberal frente a esto?

Antes que nada vale hacer una aclaración, por más similitudes que tenga este relato con la historia de María Ovando, no puedo hacer referencia directa a ella. No conozco los hechos específicos, por lo que no me quiero aventurar a opinar sobre algo que no conozco. Nuestra historia hipotética es parecida, pero los hechos son tal cual los describimos en el párrafo anterior y eso es una certeza.

Sin embargo es necesario conocer las posturas ante un caso similar como fue el de Ovando. Antes de ella fuese absuelta, en un caso que tomó relevancia luego de una entrevista de Jorge Lanata a la acusada de abandono de persona, hubo sectores de la opinión pública que se oponían a su encarcelación utilizando el siguiente argumento:

María Ovando, ¿ víctima o victimaria?

Con la detención de María y la decisión de librar de culpa y cargo a Demetrio Ayala, el juez Saldaña dio   por terminada su actuación.  No profundizó sobre las responsabilidades en la muerte de Carolina. No se preguntó sobre la asistencia que debió recibir y que el Estado dice haberle dado “medianamente”. No se preguntó sobre causas, tampoco sobre las acciones que pudo haberle  evitado la muerte.

En el expediente se  menciona el testimonio  del Dr. Julio  Cesar Benítez, hoy director del Hospital de Colonia Delicia, quien visitó en varias oportunidades la casa de María. Benítez declara haber constatado el estado de abandono de los niños, con bajo peso, sucios, con granos, piojos, muchos de ellos indocumentados, por lo que ni siquiera podían acceder a los programas de asistencia estatal.

Las visitas de este profesional se registraron desde el mes de diciembre. La defensa se pregunta si otro tipo de intervención hubiera podido evitar la muerte de Carolina.

Siguiendo esta lógica, y volviendo a nuestro caso hipotético, podemos decir que Alcira merece ser absuelta ya que el abandono de persona fue una consecuencia directa de la negación de la ayuda del estado. En otras palabras, Alcira sería inocente ya que ante la imposibilidad de hacerse cargo de sus hijos, es el estado quien debía hacerlo y la muerte por desnutrición no se debe a que la madre no haya alimentado a su hija, sino por la inactividad del estado frente a este caso.

En mi opinión, según los principios del liberalismo, podemos llegar a la misma conclusión — la absolución — pero con los fundamentos opuestos.

Partimos de una realidad: progresivamente en los últimos 70 años, y más también, se ha adoptado la concepción de que el estado asume  un compromiso de garantizarle “gratuitamente” el bienestar a cada uno de los habitantes. Para alcanzar ese fin, se crea un estado de bienestar que interviene en el funcionamiento de todas la áreas con las que el individuo interactúa a lo largo de su vida. Podemos mencionar, entre otras, la legislación laboral, la legislación impositiva, la legislación que regula servicios públicos, la regulación del sistema de salud, la regulación de sistema educativo, la regulación de las jubilaciones, la intervención en políticas de vivienda, entre muchas otras. Estas regulaciones también varían, van desde la provisión del servicio exclusivamente a cargo del estado, hasta un sistema mixto entre el estado y privados (que, por su propia naturaleza, siempre termina prevaleciendo la voluntad estatal), o un control rígido del  estado sobre la actividad (tal vez el caso de las relaciones laborales es el más representativo de esta última categoría).

Evidentemente la implementación de un estado de bienestar ha fracasado con los objetivos planteados originalmente. Al mismo tiempo, desde un punto de vista liberal se defiende una concepción totalmente opuesta a la predominante. Los liberales consideran que nadie tiene derecho al inicio del uso de la fuerza — que también se puede llamar agresión — contra otras personas o su propiedad. Esto es el llamado principio de no agresión. Todos los ejemplos mencionados en el párrafo anterior representan el  inicio del uso de la fuerza para alcanzar el fin que se propone el estado, y en consecuencia, una violación al principio de no agresión.El teórico político Murray Rothbard explica en su libro El Manifiesto Libertario el fundamento de este principio:

Específicamente, mientras que el comportamiento de las plantas y, al menos, el de los animales inferiores está determinado por su naturaleza biológica o quizá por sus “instintos”, la naturaleza humana es tal que cada individuo debe, para poder actuar, hacer una elección de sus fines y utilizar sus propios medios para alcanzarlos. Puesto que carece de instintos automáticos, cada hombre debe  prender acerca de él y del mundo, utilizar su mente para seleccionar valores, aprender sobre causas y efectos, y actuar con todo sentido para mantenerse y prolongar su vida. Los hombres pueden pensar, sentir, evaluar y actuar sólo como individuos, y en consecuencia, resulta vitalmente necesario para la supervivencia y prosperidad de cada uno que sea libre de aprender, elegir, desarrollar sus facultades y actuar según su conocimiento y sus valores. Éste es el camino necesario de la naturaleza humana; interferir o lisiar este proceso usando la violencia va profundamente en contra de lo que es necesario por la naturaleza del hombre para su vida y prosperidad. La interferencia violenta en el aprendizaje y las elecciones de un hombre es, por lo tanto, profundamente “antihumana”; viola la ley natural de las necesidades del hombre.

Considerando esto, podemos concluir fácilmente que no vivimos en un entorno libertario. Nos encontramos de forma constante con obstáculos que no nos permiten desarrollar nuestras vidas en libertad, no podemos optar libremente los medios que deseamos utilizar para alcanzar nuestros fines. Estamos, todo el tiempo, ante la interferencia “antihumana” sobre la que escribe Rothbard, y por eso es absurdo aplicar los principios de justicia según un libertario en un contexto intervencionista.

Alcira no tuvo todas las oportunidades que podría haber llegado a tener en una sociedad libre, ni de sustentarse por sus propios medios, ni de ser ayudada de forma voluntaria. La primera puede ser explicada por la cita de Rothbard. Las oportunidades que podría llegar a tener Alcira se ven distorsionadas por los obstáculos que pone el estado en su constante interferencia con la elección libre de medios y fines. La segunda, la imposibilidad de ser ayudada voluntariamente para superar su situación de necesidad, es consecuencia de la primera. O desde otro punto de vista, se ve distorsionada por el objetivo último del estado de bienestar (que es, recordemos, proveer bienestar). La consecuencia de cuando el estado asume la responsabilidad de garantizar el bienestar de la población, es convertir el poder social en poder político, algo que explicó de forma precisa el autor estadounidense Albert Jay Nock:

Podemos tener una medida aproximada de esta atrofia general por nuestra propia disposición cuando se nos acerca un mendigo. Hace dos años podríamos inclinarnos por darle algo; hoy nos inclinamos por mandarle a la oficina de atención del Estado. El Estado ha dicho a la sociedad: “O no estáis ejerciendo poder suficiente para atender a la emergencia o lo ejercéis en una forma que pienso que es incompetente, así que confiscaré vuestro poder y los ejerceré a mi gusto”. Así que cuando el mendigo nos pide un cuarto, nuestro impulso es decir que el Estado ya nos ha confiscado nuestro cuarto en su beneficio y que debería ir al Estado a por él.

Una vez generada esta dependencia por parte del estado, ¿es justo creer que ella debía asumir responsabilidad por sus hijos cuando durante toda la vida le dijeron que el estado debía hacerlo por ella? ¿Puede el estado alegar el abandono de persona, cuando el mismo estado se había comprometido a asistirla (como se comprometen con todos)?, o en su defecto, ¿se puede concebir algún tipo de responsabilidad de la mujer por la muerte de su hija cuando el estado obstaculiza el desarrollo de la protagonista de nuestra historia hipotética interfiriendo en su libertad?

Este ejercicio de pensamiento nos deja una conclusión clara, y que muchas veces es pasada por alto por todos aquellos que desean avanzar y difundir la idea de una sociedad libre. La aplicación de conceptos liberales o libertarios, en un contexto donde han habido víctimas claras de la intervención estatal debe ser prudente. Es necesario primero identificar si la situación que estamos presenciando es una situación que se podría haber dado en un entorno de libertad, ante un mercado liberado, o si estamos ante una situación que fue generada artificialmente por el estado. Antes de exigir conductas responsables a la gente, es necesario primero eliminar las políticas que incentivan la irresponsabilidad. Nunca una situación injusta puede generar una injusticia adicional, pero tampoco podemos esperar resultados propios de una sociedad libre mientras vivamos bajo la atenta mirada del Leviatán.

Esta botella es mía

Siempre existe una excusa para que los gobiernos puedan violar los derechos de las personas. No importan los derechos individuales, no importan las garantías constitucionales, ni los derechos básicos de los ciudadanos, cuando un gobierno se propone algo cree tener vía libre para hacerlo. El caso de la Provincia de Buenos Aires no es la excepción. La última semana, al gobierno de la provincia más poblada del país se le ocurrió establecer puntos de control policiales donde se verifique el contenido de alcohol en sangre de los que se propongan ingresar a un boliche. En otras palabras:

El gobierno de la provincia de Buenos Aires implementará una prueba piloto de control de alcoholemia en el ingreso a los boliches para que, en caso de salir positivo, se aplique el derecho de admisión y los jóvenes no puedan ingresar a los locales, informó el ministro de Salud, Alejandro Collia.

Daniel Scioli y el afán de manejar la vida de la gente.

Daniel Scioli, gobernador de esa provincia, demostró en reiteradas ocasiones que no tiene ningún problema en aplicar medidas que desconozcan los límites a la acción estatal. Sí ya la legitimidad de las facultades del estado para ejercer el monopolio de la fuerza es dudosa, la idea de que el estado intervenga en conductas que solamente afecten de forma directa al que las realiza debe ser rechazada completamente de plano. Existe una esfera de autonomía individual, que es intocable. La decisión de poder optar por un camino u otro en la vida en búsqueda de la felicidad, o de alguna satisfacción, y asumir las responsabilidades que implica ese camino. No importa si estamos de acuerdo o no con esos caminos, pero mientras no violen derechos de terceros nadie tiene derecho alguno a obligar a torcer ese camino.

Sería naif considerar que esta idea hay sido implementada con el fin de proteger la moralidad, y la salud, de los jóvenes que van a boliches. Muchas veces con  la simple pregunta acerca de quién beneficia  la nueva normativa podemos responder varias preguntas.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que no se trata de una medida estatal independiente. En realidad, estamos ante  un convenio firmado por la subsecretaría de adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronomica y de la industria del turismo. ¿Qué tiene que ver esto? La relación es sencilla. Al prohibir el ingreso de jovenes que ya tomaron alcohol antes de ingresar al boliche, se crea un incentivo a consumir adentro del establecimiento con precios que por lo menos quintuplican el precio que tienen las bebidas afuera del boliche. De esta forma se produce una transferencia forzosa del resto de los sectores donde los jóvenes hubiesen gastado el dinero, o  de sus ahorros, hacia las arcas de los empresarios de la noche que se aprovechan del monopolio estatal para aumentar su recaudación. Por supuesto, el gobierno provincial también tendrá su tajada. Estamos ante un caso típico de las economías corporativistas, esa alianza entre lo estatal y lo privado, donde estos últimos aprovechan el monopolio de la iniciación de la fuerza que tiene el estado para su beneficio personal.

Este proyecto, además, cuenta con el apoyo de diversas instituciones como la Fundación Padres. Tenemos entonces a los padres preocupados por la salud de sus hijos, y a los bolicheros preocupados por aumentar su recaudación. Este tipo de alianzas es conocida como “contrabandistas y bautistas”, en referencia a la alianza circunstancial que se dio entre los predicadores bautistas y los contrabandistas de licor en la era de la prohibición estadounidense. Ambos grupos, aunque con valores contrapuestos, perseguían el mismo objetivo, la prohibición del alcohol. Unos por razones económicas, otros por cuestiones morales. Nadie se hubiese imaginando colaborando buscaban juntos el mismo objetivo.

Volviendo a la provincia de Buenos Aires, otro aspecto fundamental de la iniciativa es entender por qué ésta regulación es innecesaria y contraproducente. Por un lado traslada los conflictos y la violencia desde adentro de los boliches hacia los alrededores. Ahora, en vez de que las peleas se den en ambientes controlados, y vigilados, y donde el que pelea tiene una sanción concreta, los altercados tendrán lugar entre jóvenes que muy borrachos deambulan por las calles al no haber podido ingresar a los boliches. Peor todavía, que aquél que pensaba ingresar al boliche y luego irse con su auto, tenga que ponerse al volante varias horas antes de lo estimado, y con una graduación mucho mayor de alcohol en sangre que la que podían llegar a tener algunas horas más tarde.

Hoy en día, la violencia en boliches tiene una sanción sencilla de comprender y concreta: la expulsión. Por más que uno haya abonado la entrada, a los revoltosos se los suele expulsar por esa noche del boliche. Ésta es una solución justa, se penaliza las conductas violentas, y no el hecho de haber tomado alcohol presumiendo que aquellos que toman van a pelearse. Si bien, debe haber una correlación entre borrachos y peleas, también hay una correlación entre personas que viven en la villa y personas que delinquen y esto no hace justo que las personas que habitan villas deban ser, para prevenir el delito, encarceladas.

No hay que olvidar que no estamos hablando de menores de edad. Un mes después de anunciar con bombos y platillos, y apoyar la ley que habilita a menores de 18 a votar, se aplican estos controles que consiste en tratar como si fuesen niños en un jardín de infantes a personas entre 18 y 25 años, que de alguna forma u otra deberán desarrollar un sentido de responsabilidad.

Las medidas de este tipo siempre involucran injusticias, ya sea por la intromisión del estado en actividades privadas, la transferencia de recursos desde los sectores menos organizados hacia sectores más organizados, como son los dueños de boliches, y el traslado de los costos por actos privados sobre los demás (puntos de asistencia sanitaria a la entrada de los boliches).

Por último, aquellos que ven con buenos ojos esta medida pero que se declaran fieles guardianes de la Constitución Nacional, deberían leerla más atentamente:

Artículo 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

Estados Unidos: una victoria entre la derrota

El triunfo del último martes de Barack Obama aclaró todas las dudas acerca de quien iba a liderar la nación más poderosa del mundo.  De hecho, esa era la única duda. Ya que en cuanto a las propuestas de los dos principales candidatos, el vencedor Obama y el republicano Mitt Romney, ofrecían versiones similares.  A ninguno de los dos realmente les molesta mantener abierto un campo de concentración en Guantanamo, las ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos norteamericanos en el exterior, sin proceso previo ni derecho a la defensa, el sostenimiento de un verdadero imperio con 900 bases militares en 130 países, la expansión del gasto público, el bombardeo de  Afganistán, Irak, Yemen, Pakistan, Libia, y tal vez de más países en esta nueva etapa, el apoyo a los manejos discrecionales de la Reserva Federal, más salvatajes a empresas con dinero de los taxpayers, más endeudamiento, la continuación con la guerra contra las drogas la gente que consume sustancias prohibidas. Ni hablar que la mayoría de estas políticas van en contra de la propia Constitución que deciden defender.

Sin embargo, a pesar de los problemas de la democracia, el martes último  tuvieron lugar dos importantes decisiones en los estados de Colorado y Washington: la aprobación de la re-legalización de la marihuana, por medio de una consulta popular. Es que los americanos, además de elegir presidentes, diputados y, en algunos casos, senadores, también pudieron votar a favor o en contra de diversas propuestas que promueven ciudadanos, y ONGs a nivel estatal.

La producción, distribución y venta de marihuana volverá a ser legal en Colorado y Washington.

La re-legalización de la marihuana para uso recreativo en estos dos estados, los primeros de la Unión, se dará bajo un estricto marco regulatorio, con altos impuestos, y la necesidad de obtener una licencia estatal para poder venderla. En otras palabras, el cannabis pasará a ser regulado de una forma similar al alcohol.

Definitivamente es un gran avance, aunque sea un primer paso. El gobierno de Obama ya indicó que va a continuar persiguiendo los delitos alcanzados por la  legislación federal anti-droga, como viene haciendo en los estados en que fue legalizado su consumo para uso medicinal (como es el caso de California, entre varios), y ahora para uso recreativo (como las propuestas recién aprobadas en Colorado y Washington) también. A pesar de esto, la re-legalización de la marihuana abre las puertas para un debate más profundo sobre la razonabilidad y la ética de la guerra contra las drogas.

¿Qué se votó ayer en Colorado y Washington? La enmienda 64 aprobada ayer en Colorado, contempla la eliminación de las penas por producir, distribuir y vender marihuana, bajo ciertas condiciones (licencia estatal, impuestos, edad mínima, etc.), similar a la de Washington. Es decir, a diferencia de lo que sucede en Holanda donde solamente la venta minorista (y con un máximo de 5 gramos por personas) esta legalizada, en estos estados la legalización alcanza a todas las etapas de producción y distribución.

Es verdad que este es solamente un primer paso, y uno muy pequeño, sin embargo, este resultado debe ser analizado con optimismo. Los procesos de transformación social no se dan de la noche a la mañana, por eso es relevante una serie de cambios, pues es probable que estemos ante la piedra fundamental de una nueva etapa en el debate sobre las drogas en Estados Unidos y a nivel mundial.

Cuando se comienza a abrir la puerta que permite más libertad, la propia fuerza de la iniciativa genera que en muchos casos el avance de la libertad sea imparable. Un claro ejemplo de esto lo podemos encontrar en ocurrido en Berlín en 1989. Los berlineses orientales ignoraron los controles de frontera y terminaron por derribar el muro apenas escucharon las primeras noticias de que las restricciones migratorias habían sido aliviadas.

Otro ejemplo de un proceso de transformación social es el caso de la esclavitud. La esclavitud era una institución muy arraigada en muchas sociedades. Su eliminación fue progresiva. En el caso inglés se comenzó aboliendo el comercio de esclavos y, 25 años más tarde, se terminó por desterrar por completa la esclavitud en Inglaterra. Los abolicionistas no se opusieron a un avance parcial como el de 1807, pero tenían claro cual era su objetivo final. En este sentido la frase del famoso abolicionista norteamericano William Lloyd Garrison es muy clara: “Insta a la inmediata abolición tan seriamente como podamos, lo haré, ¡ay! será gradual la abolición al final. Nunca hemos dicho que la esclavitud sería derrotada con un solo golpe; que debería ser, siempre vamos a luchar”.

Volviendo al siglo XXI, ahora está en manos del gobierno federal optar por respetar los derechos individuales, o insistir con el fracaso de continuar promoviendo una política racista, que destruye familias, genera muertes absurdas y por sobre todas las cosas representa una flagrante violación a los derechos humanos.

Este es, sin dudas, el comienzo del fin.

ACTUALIZACIÓN:  En Reason explican con mas detalle en que consisten las propuestas aprobadas en Colorado y Washington. Mark Thornton también escribe sobre el tema para el Mises Institute. Acá, repasamos los efectos de la prohibición.

¿La ley de la selva?

[Extraído del capítulo 6 del libro Power and Market. Ver original aquí.]

Por Murray Rothbard

Muchos críticos se quejan de que un mercado libre, eliminando del mercado a los empresarios ineficientes o en otras circunstancias, es una prueba de que se ha convertido en un “monstruo impersonal”. La economía de mercado, acusan, “es el regreso a la ley selva”, donde la norma es que “sobrevive el más fuerte y mejor adaptado”.

Los libertarios que abogan por un mercado libre son en consecuencia llamados “darwinistas sociales” que desean exterminar a los débiles en beneficio del más fuerte.

En primer lugar, estos críticos pasan por alto que el funcionamiento de un mercado libre es completamente diferente al de la acción gubernamental. Cuando el gobierno actúa, las críticas individuales son imposibles de cambiar el resultado. Éstas solamente pueden tener un efecto si logran convencer a los gobernantes de que sus decisiones deberían cambiar; esto puede llevar mucho tiempo o ser totalmente imposible. En un mercado libre, sin embargo, no hay ninguna decisión final impuesto a la fuerza, todo el mundo es libre de  tomar sus propias decisiones y así cambiar significativamente el los resultados “del mercado”. Es decir, quién sea que siente que el mercado ha sido cruel con ciertos emprendedores o con cualquier otra persona que reciba ingresos, es perfectamente libre de establecer una organización un fondo de asistencia para ofrecerles regalos y subvenciones. Aquellos que critican a la caridad privada como “insuficiente” son totalmente libres de llenar ese espacio. Debemos tener cuidado de hipostasiar al “mercado” como una entidad real, un ente que toma decisiones inexorables. El mercado es el resultado de las decisiones de los individuos en una sociedad: la gente puede gastar su dinero de cualquier forma que lo desee y tomar las decisiones que desee respecto de su propiedad y su persona. No tienen que luchar o convencer a ninguna entidad conocida como “el mercado” antes de cambiar sus decisiones y  hacer la diferencia.

El mercado libre, de hecho, es precisamente diametralmente opuesto a la socieda de la “selva”. La selva esta caracterizada por la guerra de todos contra todos. Un hombre gana a expensas del otro, secuestrando su propiedad. Con todo el mundo bajo un nivel de subsistencia, hay una verdadera lucha por la supervivencia, con los fuertes aplastando a los débiles. En el mercado libre, por el otro lado, un hombre gana solo sirviendo a otro hombre, aunque podría retirarse a vivir en un nivel de auto-subsistencia primitva si lo desea. Es precisamente a través de la cooperación pacífica del mercado, que todas las personas ganan gracias a la división de trabajo y la inversión de capital. Aplicar el principio “la supervivencia del más apto” a la jungla y al mercado es ignorar una pregunta básica: ¿Apto para que?

La “aptitud” en la selva alude a los más adeptos para ejercer la fuerza bruta. La “aptitud” en el mercado alude a aquellos más adaptados para ofrecerle un servicio a la sociedad. La selva es un lugar brutal donde algunos toman lo que es de otros, y todos viven en un nivel de mera subsistencia; el mercado es un lugar pacífico y productivo donde todos trabajan para uno mismo para los demás al mismo tiempo y viven con niveles infinitamente más altos de consumo. En el mercado, los benevolentes pueden asistir a los demás, un lujo que no existe en la selva.

En un mercado libre, entonces, transmuta la competición destructiva por la supervivencia de la selva, en una competición pacífica y co-operativa en el servicio de uno mismo y de los demás. En la selva, solo unos ganan a expensas de otros. En el mercado, todos obtienen ganancias. Es en el mercado —la sociedad contractual— donde el orden surge entre el caos, el que elimina la jungla, que permite a los “débiles” vivir productivamente, o con asistencia que proviene de esa producción, como si fuesen reyes comparado a la vida del “fuerte” en la jungla. Por otra parte, el mercado, elevando los niveles de vida, permite al hombre el placer de cultivar las cualidades mismas de la civilización que lo diferencien de los brutos.

Es precisamente el estatismo el que está trayendo de vuelta la ley de la selva —trayendo nuevamente conflictos, lucha de clases, y la guerra de todos contratos, y pobreza generalizada. En lugar de la “lucha” pacífica de la competencia en busca del servicio mutuo, el estatismo sustituye el caos calculado y la competencia a muerte de los Darwinistas Sociales, por privilegios políticos y subsistencia limitada.

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