Marijuán y los nazis

Indiana Jones

«Nazis. I hate these guys.»

El fiscal Marijuán, otrora esperanza en las investigaciones de los bolsos de Euros en aviones, se despertó de una larga siesta y se encontró con el revuelo que armó don Durán Barba en las revistas, en las redes, en la tele y, por qué no, en los teatros de revistas.

Rápido de reflejos, salió a comprar la última edición de Noticias, recortó la foto con el título “Hitler era un tipo espectacular”, la pegó con plasticola (esperemos) en una carpeta que rotuló “Apología del delito” y corrió a llevársela al juez Casanello, exigiendo los audios de la entrevista y la hoguera para el asesor de imagen del PRO.

Se subieron a la calesita todos:  el titular del INADI Pedro Mouratian, el legislador del MST Alejandro Bodart, el titular de la DAIA Julio Schlosser, todos los programas de televisión (especialmente los pagados con la guita de los ciudadanos), todos los periodistas, todos los medios.

Vivimos rodeados de forros, de pelotudos o de una combinación de ambos. Y la única pregunta que podemos hacernos es la eterna pregunta de Raffo:  ¿son o se hacen?

Parece mentira que Durán Barba, aquel que ha hecho un arte de que sus asesorados no definan ni digan nada, decida ahondar él mismo en los principios filosóficos del autoritarismo. Y que lo haga de una forma tan poco inteligente.

Como se puede escuchar en el audio publicado hace dos días (alguien que le avise a Marijuán), es el mismo Jaime el que en la entrevista mete el tema de los regímenes autoritarios personalistas, haciendo referencia al de Chávez. Y ante el cuestionamiento de que “Chávez tenía mucha aprobación”, utiliza el “Hitler tenía aún más aprobación”.

Federico Mayol, el periodista, le señala que “no se puede comparar ”. Se equivoca. Sí se puede comparar. Se puede comparar cualquier cosa: Chávez con Hitler, el chavismo con los nazis, una tuerca con una ardilla y levantarse temprano con un viaje al espacio.  A lo sumo llegaremos a la conclusión de que la comparación es inútil, incoherente o que no nos sirve en nuestro análisis.

Pero Durán Barba no entiende que, si vas a comparar regímenes autoritarios y personalistas, lo tenés que hacer respecto de las libertades y derechos individuales. Si disparás para el lado de cómo eran Chávez, Hitler y Stalin en sus vidas privadas, estás frito. Intenta encima, sin éxito, hacer esto usando el sarcasmo y la ironía, que evidentemente no son su fuerte. Y en el papel se termina entendiendo todo al revés. Mayol, por supuesto, se va contento con un título digno de la portada del diario LIBRE.

Voy a darle una mano al exitoso asesor, con algunos puntos por los cuales podría haber salido a realizar una efectiva comparación entre Hitler y Chávez:

–          Ambos provenían de la milicia.

–          Ambos intentaron un golpe de estado y fallaron.

–          Ambos eran muy carismáticos.

–          Ambos eran socialistas.

–          Ambos aspiraban a un tipo de “hombre nuevo”.

–          Ambos daban discursos largos y encendidos.

–          Ambos utilizaron el aparato estatal para castigar o comprar a la prensa para fines propagandísticos.

–          Ambos hacían uso de simbología y de las masas.

–          Ambos tenían sus propias “juventudes”.

–          Ambos tuvieron mucho apoyo popular.

–          Ambos reventaron las urnas con votos.

–          Ambos consiguieron legitimación y apoyo tanto internos como externos, y fueron admirados por dirigentes políticos de países vecinos.

–          Ambos persiguieron a ciudadanos disidentes e inventaron enemigos internos y conspiraciones.

–          Ambos tuvieron gran cantidad de los ciudadanos de su país exiliados.

–          Ambos expropiaron fábricas o usaron el estado para intervenirlas de una u otra forma.

¿Ves, Mayol, que sí son comparables en muchísimas cosas?

A Marijuán voy a ayudarlo diciéndole que no tiene idea de lo que es un delito, no tiene idea de lo que es la apología y que es un impresentable por bullshitear el contexto en el que se dijo esa frase. ¿De qué sirve pagarle a un fiscal que se fija en qué pelotudez dijo alguien en vez de ocuparse del choreo de los bolsos con guita?

A Mouratian del INADI, ¿qué tiene que ver la discriminación en todo esto? El INADI, como vemos, se prende en todas las boludeces y está lleno de forros. Ciérrese lo antes posible.

Al estimadísimo Bodart le preguntaría si sabe cuál es la diferencia entre los campos de concentración nazis, donde mantenían prisioneros a los judíos, los forzaban a trabajar y los mataban, con los campos de concentración de Cuba, manejados por el Che Guevara, donde también mantenían prisioneros a homosexuales y disidentes, los forzaban a trabajar y los mataban. Bodart se enorgullece de haber presentado un proyecto para ponerle de nombre “Che Guevara” a una plaza.

A Schlosser, de la DAIA, me gustaría recordarle algo que él mismo debería saber mejor que nadie. El Nazismo no empezó con los campos de concentración. Así fue como terminó. Empezó como un Socialismo Nacionalista, con fuerte injerencia del estado en la vida de todos los ciudadanos, milicias al servicio de un líder, búsqueda y persecución de enemigos internos, miles de perseguidos exiliados (como los más de 200.000 exiliados venezolanos). Y sí, en su momento Hitler era considerado un tipo espectacular y el estado alemán un modelo a seguir, por parte de líderes políticos y ciudadanos de muchos países.

En Argentina se puede hacer y decir cualquier bestialidad, que no pasa nada. Pero la mera mención de Hitler arma un tremendo zafarrancho y todos buscan figurar con el tema.

Cabandié y los Lannister

CS 65 Friday 22nd October 2010En Game Of Thrones, Cersei está preocupada por las acciones desquiciadas que está tomando su hijo Joffrey (el joven rey) y Tyrion, en su infinita sabiduría, le dice:

«Es difícil ponerle una correa a un perro después de haberle puesto una corona.»

 

La sociedad argentina, en casi su totalidad, se pasó diciéndole a Cabandié que era especial. Que tenía otros derechos. Que tenía un destino de grandeza. Y procedió a entronarlo en un cargo público.

La muy distinta realidad, es que Cabandié es simplemente una pobre víctima por partida doble: primero el estado secuestró y mató a sus padres. Y después el estado lo usó a él para vestirse de una hiperlegitimidad.

¿Acaso esperaban algo distinto de un pobre tipo que de repente es entronizado?

#HolaINADI, él es proteccionista

Imagino que muchos habrán visto alguna vez en Twitter, el hashtag #HolaINADI que acompaña numerosos «chistes» discriminatorios, o que incluso muchos ponen en sus respuestas a comentarios de ese estilo.

Admiro la vehemencia con la que reaccionan algunos en contra de estas descalificaciones, defendiendo la idea (a la cual lógicamente cualquier liberal adhiere) de que no deberían existir diferencias por sexo, raza, religión o nacionalidad. ¿Podría alguien no estar de acuerdo con que la «no discriminación» debería extenderse tanto como fuera posible? ¿Podría existir algo así como un límite después del cual no discriminar se volviera contraproducente o moralmente reprochable? Uno pensaría que no.

«Ahhh, sos chino? Entonces no podes entrar»

Sin embargo, no deja de llamarme la atención que la gran mayoría de las personas que parecen tan comprometidas con esa causa, la dejen absolutamente de lado cuando se trata de su aplicación a nuestras políticas de Comercio Internacional. ¿Qué motivo, más que la simple nacionalidad de origen, hace que algunos piensen que comprar un producto nacional es moralmente superior que comprar uno importado?

 «Prefiero comprar nacional, aunque sea más caro, porque así le doy trabajo a un argentino», me dijo una vez un amigo. A mí, que me gustaría ver el día en que las líneas imaginarias que dividen los países dejen de dividir a los seres humanos y que todos podamos ser ciudadanos del mundo, ese comentario me resulta absolutamente xenófobo.

Sé que ser consistente con las ideas es algo poco frecuente en nuestro país, pero festejar que inmigrantes de otros países latinoamericanos puedan venir a estudiar a Argentina a la vez que se defiende enérgicamente que los chinos no puedan vendernos sus productos me resulta absolutamente incoherente.

Chile tiene Desempleo del 6,2% con arancel aduanero promedio de 1%

El argumento de que así se favorece la Industria Nacional no solo es arcaico y ridículo, sino también profundamente inmoral. Es arcaico porque está absolutamente comprobado que las barreras aduaneras NO son necesarias para preservar las fuentes de trabajo: poder adquirir los mismos bienes a precios menores aumenta la riqueza de un país porque permite a sus ciudadanos contar con esos productos a la vez de disponer de más dinero para comprar otros, creando nuevas empresas y puestos de trabajo; basta con observar la tasa de desempleo chilena para ver que es solo un mito.

Es ridículo porque, como bien desarrolla un co-bloguero en sus posts Vivir con lo nuestro (I) y Vivir con lo nuestro (II), el concepto de la autosuficiencia dentro de un país no resiste el menor análisis: no solo que las fronteras dependen de factores totalmente accidentales, sino que también va en contra de cualquier lógica pensar que pasaría si intentáramos extrapolar ese comportamiento a las provincias, las ciudades, los barrios o hasta las familias (imagino niños de 12 años arando granjas para llevar algo de comida a la mesa).

Finalmente, creo yo que buscar “favorecer” la Industria Nacional mediante prohibiciones o trabas a las importaciones es completamente inmoral y discriminatorio, porque pretende poner un fin: favorecer a los ciudadanos argentinos (en la práctica solo se favorece a la industria protegida), como justificación para utilizar un medio abiertamente violento, coercitivo y xenófobo: prohibir a otros grupos de personas comerciar libre y voluntariamente, por el solo hecho de vivir en países diferentes. A esta altura es solo un detalle agregar que los más perjudicados tampoco son los productores extranjeros, que tranquilamente pueden vender sus productos en otro lado, sino los ciudadanos argentinos no alcanzados por la protección, tanto los consumidores, quedando obligados a adquirir bienes y servicios de menor calidad y/o a mayor precio (caso contrario las trabas aduaneras nunca hubieran sido necesarias en primer lugar), como los trabajadores de otras industrias, que ven dificultado su desarrollo por la menor disposición de recursos de los potenciales clientes.

La verdadera moralidad se da en los intercambios voluntarios, donde lo único que importa es el beneficio mutuo, y gracias a los cuales las sociedades llegan a ser libres, abiertas y respetuosas de los demás.

Ojalá llegue el día en que a los «progres» y demás paladines de la moral les moleste tanto que le tiren bolas de fraile y paragüitas de chocolate a la hinchada de Boca, como que Moreno siga al frente de la Secretaría de Comercio.

Miedo a la libertad

En la República de Ruritania uno nace con ciertos contratos pre-establecidos: una cuenta bancaria; una tarjeta de crédito; un plan de ahorro automotor; una membresía a alguna publicación mensual, y un servicio de televisión por cable. Estos contratos son obligatorios para todos las personas nacidas en el territorio de Ruritania y, dependiendo del caso, el derecho a retirarse de dicho contrato es inexistente.

Sin dudas una situación así generaría un fuerte malestar de todos los sectores políticos de Ruritania , los auto-denominados progresistas pondrían el grito en el cielo: «¿Cómo puede ser que una persona deba nacer atada a una empresa determinada o con algunos servicios contratados que ni siquiera sabe si le interesa usar o en un futuro querrá optar por otros?», dirían ellos. Por supuesto, los libertarios nos sumaríamos a una crítica de este estilo, defender los derechos de propiedad, la iniciativa privada, y los mercados libres, no nos hace cómplices de las empresas que se aprovechan del poder estatal para obtener un beneficio a costa del resto de la sociedad.

A diferencia de lo que sucede en un acuerdo voluntario, donde todos a priori esperan beneficiarse de ese acuerdo, cuando el estado se involucra en las relaciones individuales la ecuación cambia y se convierte en un juego de suma cero, mientras los cercanos al poder estatal ganan aquellos desprovistos de contactos políticos salen perdiendo.

A pesar de esto, grandes sectores de la sociedad avalan este tipo de mecanismos como forma natural de relacionarse, las razones por la que lo hacen varían en cada caso. Podríamos identificar varios grupos diferentes, estos son algunos ejemplos:

(1) Los inocentes. Son aquellos bien intencionados que sienten que tienen un compromiso para hacer algo por el otro, y creen que el accionar estatal puede ser beneficioso para aquellos grupos que pretenden mejorar su situación.

(2) Los ideólogos. Este grupo se ve movilizado por la ideología. Por más que la experiencia de siglos les haya demostrado que estaban equivocados insistirán con las mismas soluciones. Para este grupo, el fracaso del estado no es estructural sino que se debe a la falta de idoneidad de los que llevaron adelante.

(3) Los beneficiados. Son los políticos en situación de poder que se ven beneficiados por iniciativas estatales que en apariencia tienen fines nobles, pero que en la práctica resultan únicamente beneficiosas para ellos mismos.

Tal vez, la idea  de nacer adherido a un contrato de TV por cable, a un plan de ahorro automotor, o a una empresa de telefonía celular, resulte demasiado grotesco para encontrar personas que defiendan estos proyectos, sin embargo está lleno de personas que no encuentran ningún problema en nacer adherido a un sistema de planificación para el retiro, a un sistema de salud pública, o a un sistema educativo.

Una de las justificaciones más habituales, es que estos servicios en genera las gente tiende a contratarlos individualmente y se tratan además de servicios esenciales. La educación, sienta las bases del conocimiento que nos permitirá desarrollarnos en un futuro, los sistemas de planificación de retiro nos ofrecen tranquilidad en los últimos años de vida, mientras que un sistema de salud permite tratar enfermedades. Sin embargo, de esta justificación no se desprende la necesidad de que: a) estos servicios deban ser brindados por el estado  y b) estos servicios deban ser financiados coercitivamente mediante impuestos.

Entonces, el factor de decisión de imponer estos servicios por la fuerza no tiene nada que ver acerca de la «esencialidad» de los mismos para la vida humana, sino otro argumento: la imposibilidad de acceder a ellos. Esa es la motivación de los estatistas (inocentes e ideólogos, según nuestras categorías) de asegurar que todos tengan acceso a estos servicios. De esta manera, la coerción está justificada en la solidaridad con los que menos tienen, pero estos dos conceptos no pueden ser más antagónicos.

La solidaridad es un acto voluntario, basado en los deseos de ayudar al prójimo. La coerción es violencia, y está basado en una noción de superioridad frente a los demás. Los estatistas se conciben a sí mismos como los únicos con preocupaciones legítimas para ayudar a los demás, el resto de la población está conformada por cerdos egoístas que le desean el mal a los demás. Esto, por supuesto, no es así.

Los estatistas, a diferencia de los que no lo somos, conciben la violencia como la única forma de alcanzar sus objetivos. La idea de ayudar a los más necesitados en una sociedad, sostienen ellos, nunca puede nacer de la voluntad de alguien que no quiere imponer violencia. La refutación es muy sencilla, basta solamente con hablar con un puñado de personas y preguntarle sus principales preocupaciones, o a que les gustaría que puedan acceder los que hoy tienen pocos recursos para hacerlo. Los estatistas se basan en la presunción de que el resto son malos, y ellos que quieren imponer por la fuerza sus ideas y la bondad son los buenos.

Los que no somos partidarios del uso de la fuerza para la consecución de nuestros objetivos, tenemos una visión radicalmente diferente. No es necesaria la violencia para ofrecer soluciones solidarias a los que menos tienen, los casos abundan. Las iniciativas privadas solidarias se encuentran expandidas a lo largo y ancho de la sociedad, cada vez que se lanza una campaña solidaria las personas no dudan en ayudar. Pero esto no es suficiente para los estatistas.

El mayor miedo de los estatistas, es su miedo a la libertad, miedo a que la gente ayude a otra gente sin la necesidad de un garrote amenazador, y peor aún, tienen miedo que esa posibilidad funcione mejor que la suya. Junto a ello, tienen miedo de perder el control, la idea de no poder mantener bajo su control las variables que hacen a una sociedad los aterra, y por eso siempre derivan en mayor o menor medida en mecanismos autoritarios de control sobre la vida de los demás.

Por eso me gustaría terminar con una propuesta para los estatistas, para poder evacuar sus dudas y sus miedos ante la incertidumbre que genera la libertad, ¿y si probamos dejar de lado los mecanismos autoritarios, el uso de la fuerza y las imposiciones de un puñado de personas sobre todo el resto de la sociedad? ¿y si probamos libertad?

 

Los dueños de la parte fea y de la parte linda de tu vida

Así se refirió la presidente Cristina Fernández de Kirchner al día que se estaba viviendo a raíz del accidente de trenes en Castelar, durante un acto de entrega de planes de vivienda en la Casa de Gobierno :

… es un día hoy de broncas, de impotencia, de dolor; pero también de realizaciones y de logros. La vida es así también. Nada es perfecto, no tenés días perfectos, ni todo es perfecto de la mañana a la noche, ni del primer día al último. Es parte de la vida. El dolor, sí por la parte fea de la vida que le toca hoy a algunos argentinos, y la alegría por la parte linda que le toca hoy sí a otros argentinos.

En condiciones normales podría darle la razón a Cristina Fernández de que la vida tiene cosas «lindas» y cosas «feas». La vida es una continuidad de sucesos que muchas veces nos benefician, nos hacen bien y nos hacen felices, y de muchos otros que nos perjudican, nos hacen mal y nos hacen infelices.

Ustedes, al lado de ella, no saben lo que es el dolor.

Ustedes, al lado de ella, no saben lo que es el dolor.

Pero no estamos en condiciones normales, y esta parte del discurso de la presidente se sintió como lo que fue finalmente, la evasión de la culpa de sus propias acciones. «Así es la vida», nos dice. Y digo que no estamos en condiciones normales porque generalmente un gobierno que deja a sus ciudadanos en libertad, que los deja hacer y los deja responsabilizarse de sus acciones, no podría atribuirse la alegría ni la miseria o el dolor de los ciudadanos. Pero no es el caso de este gobierno. No es el caso de nuestra presidente. La «parte linda» del día del accidente, como ella la llamó, y la «parte fea» del día del accidente, fueron ambas causadas por la gestión del gobierno, no fueron meras casualidades. El gobierno no sólo se encargó de «re-distribuir» la riqueza ajena para que algunos se vieran beneficiados con los planes de vivienda, sino que se encargó de que la infraestructura del transporte ferroviario llegara al punto de deterioro tal, de ocasionar un accidente que dejó como saldo 3 muertos y más de 300 heridos – entre los que se encuentra por lo menos un amputado-.

La parte linda de la vida le tocó, por suerte, a algunos. Y digo por suerte, porque no fue por decisión propia, ni preparación, ni tuvieron influencia en que ello así pasara. Seguramente los beneficiarios de los planes de vivienda merecían obtener algo, finalmente, en su vida. Pero es triste pensar que no pudieron ser artífices de ello. No tenían un camino, no tenían una forma, no tuvieron el margen de maniobra para poder llegar a lo que llegaron. Dependieron de la gracia de una «iluminada». Y no tiene por qué ser así. En una sociedad libre, uno no tiene nada asegurado. Pero sabe que puede ser artífice de sus éxitos y sus logros. Que si trabaja de cierta forma y en forma constante puede llegar al punto de tener su vivienda, o por lo menos si no la tiene, tener una vida digna. Pero no; el gobierno nos saca todos los días. La inflación es un veneno para el salario de los trabajadores. Nos aleja la zanahoria de todo lo que nos puede hacer crecer. Cada trabajador trabaja media vida para el estado y media vida para sí mismo y para los suyos. La falta de inversión, aleja a las empresas de la gente que quiere trabajar. El aumento del gasto público y de los planteles estatales, exige más de cada trabajador y emprendedor privado. Y todo eso nos quita capacidad de lograr cosas por mérito propio y se la transfiere a la clase política, que será la que decide si, finalmente, seremos o no beneficiarios de algo.

Y la parte fea de la vida le tocó, lamentablemente, a muchos más. Que tampoco, al igual que los del párrafo anterior, tuvieron margen de maniobra. Porque lo que les dejan hacer, es lo que hacen todos los días. Se levantan para trabajar y se toman un medio de transporte que pocas veces depende de su eficiencia y la gracia del usuario, aunque sí muchas más veces de la rosca política, los acomodos y los negociados. Son transportados como ganado, para poder ofrecer algo útil con su trabajo, de lo cual luego los van a despojar del 50% de lo que hayan conseguido, para finalmente repetirles una y otra vez, qué sería de ellos sin la gracia de los políticos. Refregándoles en la cara, a los pocos beneficiarios que el gobierno eligió para integrar a aquellos a los que le toca la parte linda de la vida. Para decirles que algún día, quizás algún día – y que de ellos no depende- les pasará algo bueno. En el mientras tanto, deberán soportar las consecuencias de dejar que manejen todo con criterio político. Se tomarán el tren equivocado, un día equivocado, a la hora equivocada, y quedarán para siempre en la estadística, como parte de los 52 muertos de un 22 de febrero, o como parte de los 3 muertos de un 13 de junio.

Es triste pero es así. Ya no nos dejan ser los dueños de nuestra vida. De las partes lindas, ni de las partes feas. El dueño es otro. Es alguien que no nos conoce, al que no le importamos en lo más mínimo, que no sabe lo que gozamos, ni lo que sufrimos. Y que encima, el día que finalmente nos convierte en víctima, nos trata de convencer que la víctima, es ella.

Acuario Río Paraná: lo que se ve y lo que no se ve

Tus impuestos en obras” reza el cartel, que pagaste vos con impuestos, en la zona norte de la ciudad de Rosario anunciando la construcción del Acuario Río Paraná, una de las once obras que se realizarán en el sur de la Provincia de Santa Fe y demandarán un desembolso de aproximadamente 54,5 millones de pesos por parte del Tesoro Provincial. ¿Qué hay detrás de todo esto?

¿De dónde sale el dinero para llevar a cabo semejantes obras? ¡De tus impuestos! De todos modos, los más afectados siempre terminan siendo los que menos tienen. Parte de los ingresos recaudados por el fisco provincial serán destinados a la ejecución de las obras. Si no les alcanza, incrementarán la deuda provincial.

Desde el año 2007 la recaudación tributaria de la Provincia de Santa Fe creció a una tasa promedio de 28% anual. En términos del Producto Bruto Geográfico (PBG) la presión tributaria representó el 17,50% en el año 2011, 3 puntos porcentuales mayor que en el año 2007. El aumento de la presión tributaria no sólo representa un castigo a la eficiencia de los individuos, sino que afecta en mayor medida a aquel de recursos medios-bajos que, mediante el pago de sus impuestos, está financiando obras como la del Acuario Río Paraná, la que casi improbablemente visite. El Estado te sigue robando y nosotros sin hacer nada. Esto quiere decir que, en forma directa, aquellos ciudadanos que menores recursos poseen estarían contribuyendo a la construcción de estas obras provinciales haciendo un sacrificio mayor al del promedio de los habitantes. Además, es el mismo Estado Provincial que, a través del incremento de la presión tributaria, priva a los individuos, y, volviendo al punto anterior, priva más a los que menos tienen, de la posibilidad ahorrar. Este es el sueño colectivista de Bonfatti.

Si el dinero de las arcas provinciales no llegara a ser suficiente para hacer frente a las erogaciones –como lo son estas obras–, suele recurrirse al endeudamiento. Al comienzo del ejercicio de 2013, la deuda provincial superaba los 5.000 millones de pesos. ¿Cómo es que esto afecta a los más necesitados? Cuando el Estado toma deuda, se compromete a devolverla -financiarla con impuestos- en el futuro pagando el monto total más intereses. Nuevamente, quienes se hacen cargo del pago de la totalidad de la misma son los contribuyentes, pero el mayor esfuerzo recae sobre el que menos tiene. Otro punto que merece ser destacado en este apartado, es que el compromiso de deuda tomado en el presente deberá ser soportado por las generaciones futuras que no tuvieron la posibilidad de participar en la elección del gobernante que tomó el préstamo. No menos importante es el hecho de que, particularmente en el caso de Santa Fe, gran parte de la deuda es destinada a cubrir gastos corrientes, más precisamente al pago de salarios de los empleados públicos. Es decir, las personas sobre las que recaerá el peso de los compromisos futuros ni siquiera consumieron el servicio que la administración pública, que contrajo la deuda, ofrece.

Otro problema que se originará probablemente con la inauguración de estas obras será el incremento de empleados públicos. Si bien el incremento de empleo en la provincia podría llegar a efectivizarse, esta creación de puestos de trabajos no sería una creación genuina de empleo. El incremento de los empleados públicos resta productividad a la economía. Un individuo empleado en una oficina pública no puede ser contratado por una empresa. El Estado le saca la posibilidad de contratar personas a las firmas y estas pierden capacidad de hacer más eficiente su proceso de producción. Si se analizara en términos agregados, podría decirse que el Estado, al ejercer el derecho de libre contratación de empleados, está restando productividad a la economía. El aumento del empleo en el último año a nivel nacional fue aproximadamente cuatro empleados públicos contra un empleado en el sector privado y la provincia registró un comportamiento similar.

Ahora, el punto más importante recae sobre la escasez de los recursos. Aquellos acervos que son utilizados por la administración pública no pueden ser utilizados por otros, o bien podría decirse: no pueden ser utilizados por el sector privado. El problema fundamental en Santa Fe es que aproximadamente 54,5 millones de pesos son destinados a estas obras mientras que más de cien villas miseria se han asentado únicamente en los alrededores de la ciudad de Rosario y ninguna cuenta con las condiciones mínimas para la supervivencia. Además, las empresas públicas monopólicas proveedoras de servicios indispensables como la energía (Empresa Provincial de la Energía) y el agua (Aguas Santafesinas) ofrecen servicios paupérrimos, cobran una de las tarifas más altas del país –en el caso de la EPE– y actúan de manera deficitaria en materia de inversión. ¿Y siguen diciendo que el Estado es el mejor asignador de recursos? Vamos…

La realización del “sueño colectivo” del gobierno socialista, implica que el mayor sacrificio a la hora de pagar impuestos para financiar estos grandes proyectos recaiga sobre los más pobres. El retiro del Estado en materia de regulación de la economía no sólo traería aparejado una disminución del gasto sino también una menor carga impositiva sobre los individuos, lo que abriría las puertas a la posibilidad de ahorrar. Así, se dejaría espacio para que proyectos del calibre de los que están siendo realizados por la provincia, de ser rentables y deseados por los individuos, se lleven a cabo por entes privados.

 

"¡Quiero tus impuestos!"

«¡Dame tus impuestos!»

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Cafés oficiales, cultura oficial

Una de las grandes noticias de la semana en el barrio de Pompeya fue la declaración de un bar de esa zona en la categoría de «Bar Notable de la Ciudad de Buenos Aires.»

La categoría de Bar Notable, según dice la Ley 35 de la Ciudad, se obtiene cuando la CPPCBBCNCBA (Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos Aires) considere a un «bar, billar ó confitería relacionado con hechos ó actividades culturales de significación; aquel cuya antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia local le otorguen un valor propio.»

Que un bar, billar o confitería sea nombrada como notable tiene efectos positivos sobre ella. Se convierte en un punto de atracción turística, se lo señaliza para destacarlo, con equipamiento urbano específico, se lo incluye en los listados y mapas de bares notables, que locales y turistas buscan visitar. En definitiva, gracias a su inclusión en la lista de bares notables una confitería aumentaría su promoción, y con ella las ventas.

 

Confitería El Molino - Abandonada desde 2007

Confitería El Molino – Abandonada desde 1997

Sin embargo, la declaracion de Bar Notable no es solo una declaración, sino que le permite al Estado, a través de la  CPPCBBCNCBA, comenzar a inmiscuirse en la forma de administrar del bar, otorgándole a dicha comisión

Ante la declaración de Bar Notable, el artículo 6 de la ley le otorga a la CPPCBBCNCBA ciertas facultades:

Artículo 6º.- Serán objetivos permanentes de la Comisión:
La elaboración y actualización de un catálogo de cafés, bares, billares y Confiterías notables en el ámbito de la ciudad y su difusión en los centros de actividad turística.

Consensuar y proponer para los bienes que se incorporen a dicho catálogo proyectos de conservación, rehabilitación o cuando correspondan restauración edilicia y mobiliaria con asesoramiento técnico especializado del G.C.B.A u otra institución.

Promover la participación de los locales catalogados en la actividad cultural y turística de la ciudad, impulsando en estos actividades artísticas acorde a sus características.

Es decir, una vez que un bar es declarado notable la CPPCBBCNCBA pasa a tener injerencia en las decisiones empresariales de los dueños de aquellos bares, y pierden el derecho a decidir, cerrar o incluso demoler el bar, si consideran que los consumidores no desean que haya más un bar allí. Este fue el caso de la confitería Richmond.

En el caso de la Richmond, al ser considerada una confitería notable, y cuya estructura, por decisión del CPPCBBCNCBA, no podía ser demolida,  ahora se encuentra en un estado de abandono, en el cuál no funciona más la confitería, y los dueños tampoco pueden llevar adelante sus planes. La situación no puede ser peor.

Los planes del gobierno para interferir o planificar en determinado sentido la vida cultural de las personas, o incluso para preservar ciertos criterios estéticos afines a quienes hoy gobiernan, representan intromisiones del estado que distorsionan la vida cultural de un toda una ciudad.

La actividad del gobierno porteño en materia de cultura ha sido muy activa. Ha estado involucrado en varios de los multitudinarios shows «gratuitos» en la Av. 9 de Julio, o en diversos parques de la ciudad. Además, se promueven concursos de bandas musicales, y la gama de eventos que auspicia tanto el gobierno local, como el nacional, es amplisima. Todo esto a costa de los pagadores de impuestos, quiénes sostienen a aquellos que fueron bendecidos por el Ministerio de Cultura. Mientras tanto, ese dinero que podría ser destinado por las personas hacia aquellas expresiones culturales con las que el Estado no comulga, son dirigdas no a los que el público elige, sino a los que tienen mejores contactos políticos.

La legislación para promover a la cultura en determinado sentido, realzando la importancia de determinados establecimientos gastronómicos, o seleccionando auspiciar ciertos eventos culturales, genera una distorsión de la escena cultural. Las cultura pasa a ser solamente la expresión de la mayoría. O mejor dicho, es elegido lo que una minoría elegida por la mayoría cree ser la expresión de la mayoría. La cultura oficial se asocia a mejores contactos políticos, y no a una mayor convocatoria o un mayor prestigio.

Al contrario de lo que debería suceder en un ámbito de libertad cultural, el Gobierno de la Ciudad, y también el el gobierno de Cristina Fernández, pretenden seleccionar expresiones culturales arbitrariamente,  forzando a los contribuyentes a financiar esos eventos.

Los defensores de las políticas culturales esgrimen dos argumentos. Por un lado, la necesidad de la protección y preservación de ciertos espacios culturales «deseables». Por otro lado, con mayor sensibilidad social, argumentan que si el Estado no subsidia y promueve actividades culturales, éstas serían menos accesibles al público en especial, en los sectores de menos recursos.

Al igual que las promesas que nunca se cumplen sobre estos planes gubernamentales, los pronósticos sobre la separación del Estado y la cultura están igual de equivocados. En primer lugar, la cultura volvería a su habitat natural, que no es aquél financiado por el estado, sino el que emerge desde lo más under, hasta que se consolida en lugares privilegiados, y se termina por popularizar.

En segundo lugar, la oferta cultural del mercado nos acerca a todos la posibilidad de escoger libremente, qué tipo de cultura queremos consumir, que  porcentaje de nuestros ingresos queremos asignarle a esos consumos, y dónde queremos hacerlo. Es decir, el mercado, a diferencia de la cultura oficial, ofrece actividades culturales de la más amplia diversidad, y para todo tipo de bolsillo.

Otro argumento contra la eliminación de cualquier tipo de régimen de promoción de actividades culturales es la idea de que sin estos subsidios, auspicios, o contrataciones por parte del gobierno, resultaría en una menor inversión cultural. La realidad es que, en el contexto que han generado el resto de las políticas del gobierno nacional, en ningún sector es atractiva la inversión, por lo cual efectivamente resultaría en menos inversión. Pero, no hay que olvidar que gran parte de la «inversión» es en realidad la financiación forzosa de todos los contribuyentes a determinados espectáculos. De está manera el gobierno decide  cuál es la mejor forma de gastar el dinero de los demás.

Como solución alternativa, de transición entre  la situación actual y una separación total de la cultura y el estado, se ha propuesto un voucher cultural. Emulando la idea de los vouchers educativos, el voucher cultural consiste en que cada argentino reciba un cheque que represente una cantidad de dinero disponible para gastar en actividades culturales.   A pesar de que pueda parecer un primer paso equilibrado, esta propuesta tiene varios problemas, el remedio termina siendo peor que la enfermedad.

La propuesta de vouchers en educación es un proceso para comenzar a descentralizar la educación, hoy totalmente centralizada desde el Ministerio de Educación, en lo relacionado a los contenidos, metodologías, precios y demás factores. A diferencia de la educación, la tendencia a la centralización de la cultura por parte del estado no ha llegado a los niveles en lo que está centralizada hoy la educación en Argentina, y en el mundo.

Aún existe una oferta cultural vibrante en la Ciudad de Buenos Aires, y la posibilidad de encontrar alternativas variadas subsiste. Implementar el sistema de vouchers implicaría una centralización de la cultura, y habilitaría al  gobierno a determinar de un modo arbitrario la designación de los espectáculos o eventos en los que podría usarse ese cheque. Y por último, sí el sistema de vouchers le asigna un presupuesto cultural a cada ciudadano, ¿por qué no dejar de cobrarle impuestos para financiar actividades culturales y dejar el dinero en manos de sus dueños legítimos?

La influencia de la política en la cultura estará siempre, la política y el estado, son parte de la realidad y esto implica que tendrán alguna influencia en la vida cultural de la ciudad, ya sea motivando o desalentando el surgimiento de expresiones culturales del momento. Pero, una cultura alrededor de puntos de partida, y de llegada, definidos por los gobiernos, deja de ser cultura y se convierte simplemente en propaganda, camuflada en algo que a lo que llamamos «cultura».

InfiniGate

Sillon presidencial

¿Hay democracia?

Sospechado de haber utilizado recursos y agencias del estado para investigar opositores y encubrir dichas investigaciones, ante la posibilidad de una condena, Richard Nixon se vió obligado a abandonar su mandato presidencial. Varios de sus funcionarios de alta jerarquía fueron declarados culpables y sirvieron tiempo en prisión.

En 1992, Collor de Mello, presidente de Brasil, renunció a su cargo, luego de que el congreso iniciara un juicio penal en su contra, con acusaciones de corrupción, sobornos y tráfico de influencias.

Andrew Breitbart publicó en 2009 una serie de videos donde Hannah Giles y James O’Keefe se hacían pasar por una prostituta y un proxeneta, buscando asesoramiento en varias oficinas de ACORN para abrir un supuesto burdel con menores de edad. Aunque las pruebas eran circunstanciales, una investigación fue abierta sobre esta asociación que asesora sobre impuestos, salud y registro de votantes. Al mismo tiempo, la mismísima administración Obama decidió cortar inmediatamente todo financiamiento a esa entidad, por más que en su momento había recibido gran apoyo de la misma.

Recientemente, y muy en sintonía con el Watergate nixoniano, el IRS (agencia de recaudación de Estados Unidos) fue descabezado, luego de haber sido acusado de manipular sus investigaciones hacia personas y organizaciones vinculadas al Partido Republicano y el Tea Party. Obama y su administración están, sin embargo, en la cuerda floja y bajo amenaza de un posible juicio político, por esto y por utilizar la Patriot Act para perseguir a periodistas de Associated Press.

En todos estos casos (y en muchos más de las democracias republicanas modernas), ante la posibilidad de un escándalo con el uso de los fondos públicos, tanto los opositores como los partidarios eligieron soltarle la mano o retirarle el cuerpo a aquellos sobre los que caían las acusaciones, intentando preservar las instituciones y la legitimidad del estado y del gobierno.

Una república e, incluso, una democracia, parten del supuesto de que existen ciertas instituciones, que son de todos, que cumplen ciertas funciones ante las que todos somos iguales, y para las que los administradores son votados cada cierto tiempo por la ciudadanía. Se presupone, asimismo, de una cierta transparencia en el manejo de los fondos, dado que son extraídos por la fuerza.

El voto y la elección de los candidatos únicamente, no es la república. No es la democracia. Votar y elegir administradores es una parte, incluso secundaria de las mismas. No existe ninguna justificación para utilizar al estado para el afano, el robo y el enriquecimiento personal. Cuando tenemos indicios y pruebas (aunque sean circunstanciales) de que se utiliza al estado para afanar ¿importa realmente elegir quién va a estar al frente del afano? ¿Importa acaso que aquel que fue elegido en cierto momento termine el mandato? ¿O importa más preservar la legitimidad de esas instituciones?

Si, como se han llenado la boca hasta el hartazgo, la democracia es algo tan bueno y tan sagrado, no debería permitirse bajo ningún concepto que Pablo Escobar y su pandilla llegaran a ejercer el poder, y lo hicieran a su total antojo. Si la democracia es algo tan bueno y tan sagrado, hay que hacer uso constante de mecanismos que permitan preservarla impoluta y diferenciarla de los que temporalmente fueron elegidos para administrar la cosa pública y abusaron de sus facultades.

No podemos hablar de democracia cuando, luego de una investigación periodística donde hay fuertes indicios de que altos funcionarios (incluyendo dos presidentes) han perpetrado, junto con sus íntimos amigos y conocidísimos socios el más grande defalco que se haya conocido en el continente, no hay ningún juez actuando de oficio para allanar todos los domicilios de los implicados.

No existe ningún tipo de democracia cuando una simple consulta de las declaraciones juradas de los funcionarios de la actual administración y sus conocidos, revelan inexplicables y millonarios patrimonios.

¿Es democracia que todos los medios que reciben “pauta oficial” se dediquen a tratar de defender a la actual administración y a hacer operaciones de prensa sobre las investigaciones y los investigadores? ¿Incluso cuando gran parte del defalco se realizó aparentemente a través de la mismísima “pauta oficial”?

Se cuestiona a los comunicadores de las investigaciones y la credibilidad de los mismos, y si están peleados o no con la administración actual. Pero las pruebas y los indicios ya estaban todos ahí. No fue Lanata el primero en hablar de las bóvedas y el robo con la obra pública. Todos los que leíamos un poquito lo sabíamos. Lo había dicho el Turco Asís en 2005. Y sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y allegados, la información revelada sale toda de declaraciones juradas y del Boletín Oficial. No se está discutiendo un supuesto patrimonio (que seguramente exista), sino que se está discutiendo sobre si lo que tienen declarado es posible o no. Toda gente que trabajó siempre en la administración pública o que empezó en la administración pública hasta que, inexplicablemente, se hicieron grandes empresarios con un capital inicial imposible. Tampoco se está discutiendo si tal persona maneja dineros del narcotráfico ni de actividades ilícitas: se tiene la absoluta certeza de que a licitaciones por obra pública se presentaban tres empresas del mismo dueño, que era amigo íntimo del presidente de turno (declarado por él mismo). Eso es un clarísimo tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

Si tenían bóvedas con efectivo o si manejaban el cash en bolsos y aviones, si se compraban casas y autos de lujo, o si hacían fiestas descoque, son meros detalles. Solamente por lo que ya está en los papeles habrían caído las administraciones de Nixon, De Mello u Obama.

Cualquiera que afirme que es todo una opereta de Magnetto, o que los que miran a Lanata están llenos de odio, o que no importa por “los logros del Modelo”, es alguien que no entiende la democracia, o no le interesa en lo más mínimo.

La única actitud moralmente correcta ante indicios como los presentados (testimonios, fotos, papeles, declaraciones juradas) es pedir que se aclare el asunto.

Los medios todos, deberían investigar el asunto para llegar a la verdad.

Los jueces y fiscales deberían estar peleándose por ver quién se queda con un caso tan importante en sus manos, y solicitar allanamientos de más o menos medio país, si tenemos en cuenta la cantidad de propiedades que compraron.

Los diputados de todos los colores políticos, dado que son los representantes de la gente de cada provincia, deberían estar exigiendo a gritos el Juicio Político de la señora presidente Cristina Fernández, así como de todos los funcionarios sospechados, dadas las irregularidades de sus declaraciones juradas como su cercanía a la pasada administración y a los otros implicados. Si de preservar la democracia se trata, las instituciones deben prevalecer antes que las personas y los mandatos. Bajo ningún concepto puede continuar una administración con tremendas sospechas, que en anteriores oportunidades se cargó a su propio Procurador Nacional para poder encubrir al vicepresidente.

Y bueno, las personas de a pié, más allá de que les guste Clarín o no, duden. Pero duden de todo, especialmente de aquellos que manejan fondos públicos. No se puede ser como Aldo Rico y pensar que “La duda es una jactancia de los intelectuales”. Les pueden haber metido el perro mientras se afanaban miles de millones de Euros. Qué le vamos a hacer.

Democracia y República requieren pactos de paz, honestidad y transparencia en el manejo de la cosa pública. Sin esas tres cosas, estamos ante un régimen pre-constitucional, donde el que tiene el poder hace lo que se le canta, sin consecuencias. Para eso, sinceramente prefiero una monarquía. Por lo menos ahí se podía hacer una revuelta contra la opresión alegando tiranía, y nadie te iba a discutir si había buenas propuestas o no.

El desafío de Francisco

Cuando un político asume la presidencia de un país se suele decir que los primeros meses de gobierno vive una «luna de miel» con la sociedad. Es el primer período del mandato en el cual el gobernante todavía no tuvo tiempo para incumplir las promesas que esgrimió durante la campaña electoral. Además, con el resultado fresco en las urnas, la legitimidad del líder, según una perspectiva tradicional, todavía se sustenta en el numero de votos recibido.

Salvando las distancias, la algarabía y emoción que generó la elección del nuevo Papa, especialmente en Argentina su país de origen, se puede enmarcar dentro de esta ventana en la cual todavía el tiempo no transcurrió el tiempo necesario para poder juzgar su accionar ante los desafíos que enfrenta. Francisco está viviendo su luna de miel, potenciada por la demagogia de que caracterizó a los primeros días de su pontificado.

Pero, ¿qué va a pasar una vez que termine este período y el ojo crítico se ubique sobre la conducta papal? Solamente el transcurso de tiempo nos dará la respuesta.

A pesar de la pérdida de poder sobre el mundo secular que sufrió la Iglesia Católica en los últimos 200 años, hay todavía muchos asuntos que nos deben importar, incluso a quienes no profesamos esa fe, o ninguna fe. Son varios los problemas y desafíos que deberá enfrentar el Papa argentino.

Poco se puede decir acerca de las posturas retrogradas de la Iglesia frente a la homosexualidad, el aborto, el matrimonio gay, y un sinfín de temas sociales en los cuales se mantuvo incólume en sus  2000 años de vida. Al fin y al cabo, se tratan de posturas de una organización privada y se encuentra protegidas por la libertad de expresión. En todo caso, el problema que representan estas posiciones son para los legisladores y jefes de estado que se dejan influir por una doctrina medieval.

Sin embargo, no todos los hechos reprochables que se le puede hacer a la Santa Sede se mantienen en plano de las opiniones y las divergencias de criterios. La influencia espiritual, y el poder derivado de la fe, ha sido la puerta de entrada para la existencia de miles de casos de abuso sexual por parte de sacerdotes católicos en todos los niveles eclesiásticos.

En todo el mundo florecieron denuncias de abuso sexual por parte de miembros del clero católico, entre 1940 y 2000 hubo decenas de miles de investigaciones por abusos sexuales de niños y adolescentes. El Informe John Jay, encargado por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, documenta más de diez mil casos de abusos, atribuidos a 4392 sacerdotes en aquél país. Los casos se extienden a lo largo y ancho del mundo, aunque las diócesis de Estados Unidos, Irlanda y Alemania, concentran gran mayoría de los casos.

La reacción de la Iglesia frente a esto ha sido sistemática. El silencio, el ocultamiento y la obstaculización de las investigaciones penales fueron algunas de las actitudes tomadas frente a estos casos. Las estrategias varían, una de las más utilizadas es la de mover a los sacerdotes abusados hacia otras parroquias para evitar su detención, a pesar de que en muchas oportunidades esto trajo aparejada la aparición de victimas en las nuevas parroquias.

Respecto de las acciones tomadas por los últimos dos Papas, Juan Pablo II y Benedicto XVI, las opiniones son encontradas. Por un lado, se les reconoce haber comenzado a poner sobre el tapete este tema que aqueja a la Iglesia. Por el otro, se ha considerado su actitud demasiado pasiva ante la semejante relevancia que tiene el tema.

En definitva, este es probablemente uno de los pocos temas en el que el Papa tiene una influencia directa en el mundo secular, y que es factible que pueda hacer algo para cambiar la dirección de la Iglesia en este sentido. Con muchos adjetivos se puede describir la imagen que dió en sus primeros días de papado, pero al final del día son pocos los asuntos que nos importan a los que no tenemos interés alguno sobre la vida diaria de los monarcas que aún quedan en pie.

 

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No hay escape.

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Todo dicho. PAGAR ES LA ÚNICA OPCIÓN. No hay juicio justo, no hay presunción de inocencia, no hay objeción de conciencia. Como la mafia, pero por lo menos la mafia quiere que te vaya bien.

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