Post-7D

Pasó el 7D, y no pasó nada. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos deparará el futuro? El 7 de diciembre era una fecha clave para el gobierno nacional, era el día en que vencía una medida cautelar a favor del Grupo Clarín que suspendía los artículos relativos a la regulación antimonopólica que contiene la ley de medios. Sin embargo, la Cámara Civil y Comercial Federal extendió el plazo de vencimiento de la cautelar hasta el dictado de una sentencia definitiva y con ello mantuvo la suspensión de los artículos 161 y 45. Estos dos artículos son los que forman la llamada “clausula de desinversión”, son los que obligan al Grupo Clarín, y al resto de los multimedios que se exceden en el límite de licencias estipulados por la ley,  a presentar un “plan de adecuación”, es decir deshacerse de licencias y empresas para cumplir con las restricciones que impone la norma. Mientras la medida cautelar se mantenga vigente, el gobierno nacional, y la autoridad de aplicación de la ley de medios, la AFSCA, no podrán intimar al Grupo Clarín para que se deshaga de las licencias que violan la le ni desguazarlo de oficio, el objetivo último del gobierno.

A pesar de haber sido uno de los temas más comentados de los últimos meses, el 7D se había convertido más en una fecha simbólica en la cual se pretendía inaugurar una nueva etapa del gobierno de Cristina Fernández que en el simple día de la aplicación de una clausula antimonopólica. El vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, ex-interventor del COMFER, y uno de los promotores más enfáticos de la Ley de Medios decía que “el 7D es un día bisagra porque todo el texto de la ley aprobada por nuestro Congreso tiene que cumplirse. Y esto tiene una potencialidad muy grande. Por primera vez, vamos a vivir con plena libertad de expresión y con plena pluralidad de voces”. Cristina Fernández planteó la ley de medios como una batalla épica, parafraseando a Saddam Hussein, la calificó como “la madre de todas las batallas”. Sin saberlo, todo esto se terminó convirtiendo  en un gran paso en falso dado por el gobierno gracias a la decisión de extender el plazo de la  medida cautelar y con esto anular el 7D.

Viendo la importancia mayúscula que significó y significa la aplicación de la ley de medios para el kirchnerismo, los antiK también adoptaron sus propias posturas. El movimiento antiK también convirtió al 7D en una fecha clave. Ellos, sumándose al juego planteado por el gobierno, le dieron su propia impronta épica a esta fecha. En este sentido, las páginas antiK que más convocatoria generan en Facebook, y algunos lideres de opinión de los diarios más leídos del país, consideraban que lo que sucediese el 7D era definitorio para los rumbos de la República. La independencia judicial, el Estado de Derecho, y la vigencia de la Constitución entre otros asuntos que eran planteados como de vida o muerte para el país se ponían en juego ese día. En otras palabras, el destino de las instituciones del país dependía de la extensión de una medida cautelar, ni siquiera de la sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.

Más bajo no se puede caer.

Considerando la peligrosa retórica oficial, y la vacía respuesta antiK, me propongo extirpar de pasiones de este asunto y analizar, de a uno, las cuestiones más relevantes involucradas en el pre-7D y post-7D.

Legislación antimonopólica. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, número 26.522, también conocida como la ley de medios, se trata de una norma compuesta por 166 artículos que tienen como objetivo regular varios aspectos relativos a la comunicación audiovisual. Además de fijar los objetivos que deben tener los titulares de licencias  (art. 3), regula  también  los contenidos que deben transmitir las señales de televisión y las radios (art. 65 en adelante), contempla la posibilidad de imponer a los titulares de licencias la transmisión de un mensaje determinado (art. 75 y 76), alcanza a la publicidad (art. 81 en adelante), impone controles semestrales por parte del AFSCA (autoridad de aplicación) sobre  “adecuaciones tecnológicas” (art. 47), y por supuesto la clausula antimonopólica que obliga a los medios en infracción a desprenderse las licencias que violan la normativa en el plazo de un año  (art. 45 y 161) .

Es preocupante la indiferencia mostrada ante  los distintos aspectos que quiere regular la ley. Si bien, por motivos que veremos más adelante, la clausula antimonopólica es clave, el resto de los artículos plantean disposiciones que chocan de lleno y de forma directa contra un derecho fundamental como la libertad de expresión, y frente a esto se han escuchado pocas voces. No sorprende que el Grupo Clarín haya desafiado la constitucionalidad del resto de los artículos, la impugnación de dos artículos de la ley representa más bien una excepción de un Grupo que ha apoyado cada uno de los avances del estado sobre los derechos individuales, y promueve una activa intervención estatal en la economía

Los artículos 45 y 161 son los más relevantes porque incorporan clausulas antimonopólicas ausentes en la vieja de ley de la dictadura (la regulación de los medios de comunicación es una característica típica de los regímenes autoritarios), e introducen nuevas condiciones de participación. Esta regulación antimonopólica no es distinta a ninguna otra de las leyes que se promueven en nombre “defensa de la competencia“, que en verdad se trata de verdaderas restricciones y limites a la competencia. Antes que nada, deberíamos recordar deque se trata un monopolio. Francis Wayland define al monopolio como “un derecho exclusivo otorgado a un hombre o a un monopolio de hombres, para que utilicen su trabajo o capital de alguna manera especial”, Arthur Latham Perry dice acerca de los monopolios “como lo implica el origen de la palabra, es una restricción impuesta por el gobierno sobre la venta de ciertos servicios”, para finalizar Spencer Heath propone que “el monopolio existe cuando el gobierno, mediante su poder coercitivo, limita a una persona u organización particular, o a una combinación de ambas, el derecho de vender ciertos y determinados bienes o servicios. Se trata de una violación del derecho de ganarse la vida”. [1]

Considerando estas definiciones podríamos concluir que la ley 26.522 lo que contiene son clausulas monopólicas, que se proponen limitar el campo de acción de un grupo de medios a un determinado número de licencias, o un porcentaje (35 en este caso) sobre la participación en el mercado de oferta de servicios audiovisuales. Las justificaciones a esta limitación las analizamos en los siguientes puntos.

La idea de licenciar las señales audiovisuales, por tratarse de la utilización de un recurso escaso es insostenible. ¿Acaso hay algún recurso que no sea escaso? La idea de un numero fijo de canales por los cuales transmitir bloquea cualquier intento de innovación al respecto, al no poder aprovechar nuevas tecnologías ni desarrollarlas para hacer un uso más eficiente de las vías de transmisión. Todos los recursos son escasos, y así como el gobierno no impone cuotas en la utilización de cuero para la fabricación de camperas y zapatos, no hay motivo aparente para que haga lo mismo con el espectro radioeléctrico.

Por último, relativo a este tema, no hay que olvidar que antes de la promulgación de la ley de medios no existía un mercado libre. El poder de Clarín no deriva en su mayor parte de transacciones voluntarias sino de la utilización del poder político en su favor, a través de regulaciones, disposiciones especiales, y otros arreglos con la casta política que les garantizó llegar a la posición en que hoy se encuentran. Desde la eliminación de competidores, hasta la sanción de leyes para evitar la quiebra del Grupo, Clarín fue beneficiado a lo largo de su historia por una serie privilegios estatales que lo puso  en el lugar en el que está hoy. Lo mismo, pero en un escalón por debajo, podría decirse de muchos de los otros grupos multimedios que hay actualmente en el país.

Antimonopolio y libertad de expresión. ¿Si la legislación antimonopólica no es una novedad, por qué tanto alboroto alrededor de la ley de medios? La respuesta es sencilla. La legislación antimonopólica afecta los derechos de propiedad de las empresas reguladas, y esto no es un asunto menor. En el caso del sector de medios de comunicación está situación adquiere una mayor gravedad, el debilitamiento y la precariedad sobre la que funcionarían a partir de ahora los servicios de comunicación audiovisuales eliminaría cualquier resquicio de independencia que podía quedar con la vieja ley. La vaguedad del lenguaje utilizado en la norma facilita la posibilidad de revocar licencias de forma arbitraria. En efecto, no existe el derecho de propiedad en este ámbito, ya que como se puede ver a lo largo de toda la ley se tratan de meras concesiones para transmitir contenidos que se adapten a lo establecido por la ley.

El monopolio del gigante. El gobierno ha promovido la actual ley teniendo en la mira, principalmente, el tamaño del Grupo Clarín. El grupo es una de las empresas más grandes de la Argentina, y ha desarrollado una red de radios, canales de televisión, prestadores de televisión por cable, que generaría envidia en cualquiera que tiene ambiciones de manipular a las masas. Aunque vale hacer una aclaración, este “poder manipulador de masas”  es más que nada una construcción que hace el propio gobierno, y no tiene mucho que ver con la realidad y el rol de los medios en la sociedad.

El principal problema que plantea el tamaño de Clarín, es que el  gobierno dejó de ser el único gigante. En todo caso, si admitimos la difícil idea de que Clarín sea un monopolio, estaríamos ante la confrontación de aquellos que poseen el monopolio del uso legítimo de la fuerza y el monopolio de la información. ¿Cuál suena más peligroso? Cristina Fernández ha demostrado con creces que no se trata de una cuestión referida a los monopolios, pues ella es devota de monopolizar las transmisiones televisivas y radiales a través de la nefasta “Cadena Nacional”.

La fragmentación de empresas de medios con un cierto alcance nacional persigue objetivos distintos a los que se suelen alegar. No es la “pluralidad de voces” o la “democratización de la palabra”, si no el afán de fraccionar lo que es considerado “el cuarto poder”. Así como sucedió con el poder legislativo, y el judicial (que ahora parece haber abierto por lo menos un ojo), se busca debilitar a la prensa y a los medios como agentes de control de los actos de gobierno.

Es paradójico que desde el monopolio más nocivo que jamas haya existido en la historia de la humanidad, el estado,  se lance una lucha contra los monopolios en nombre de la libertad. Poco creíble.

Igualdad ante la ley. Probablemente el peor argumento entre los que se oponen a la ley de medios es la idea de la “igualdad ante la ley”. Algunos de los que aparecen como opositores a esta ley,  por ejemplo Jorge Lanata, están de acuerdo con los contenidos de la legislación, su problema es que la aplicación es desigual. La falencia de este argumento es que aquellos que lo sostienen no pueden identificar los peligros de la ley de medios, sea aplicable a uno o a todos los titulares de licencias. Es cierto que una aplicación desigual genera desequilibrios, como es el caso de Telefe, o del Grupo PRISA, que están en infracción según la ley, pero el gobierno mira para otro lado. A cambio, reclaman obediencia y control sobre la información. Sin embargo, una aplicación igualitaria de la ley implicaría que todos los medios, ahora fragmentados, y bajo la órbita de control del AFSCA queden a merced de las exigencias estatales para mantener la posibilidad de continuar transmitiendo.

Es decir, este grupo se encuentra a favor de la ley de medios en su totalidad, su única preocupación es que el estado no avance sobre todas los titulares de licencias, y se limite solamente a unos pocos. Esto lo podemos graficar con un ejemplo, supongamos que el mañana se aprueba una nueva ley que todos los ciudadanos sudamericanos, no argentinos, que vivan en el país no pueden residir en el barrio de Palermo, y en los hechos la ley solo se aplica para deportar a los colombianos de ese barrio porteño, estamos ante un caso en el que no hay igualdad ante la ley. La aplicación es selectiva, por más que el texto indique otra cosa. ¿Sería admisible reclamar que en vistas del principio de “igualdad ante la ley” la deportación debe alcanzar a todos los demás? Ese, por supuesto, no es un argumento contra esta disposición imaginaria sino todo lo contrario.

Los otros kirchneristas. Por último, tres días después del famoso 7D los mismos que protestaban contra la ley de medios, y el circo creado alrededor de esa fecha, volvieron a pedir mayor intervención del estado. El argumento es el siguiente “el gobierno ha gastado muchas energías en el 7D, y ha dejado de lado problemas importantes como: el deficit habitacional, problemas de transporte, narcotráfico, inflación, desempleo, inseguridad, etc.” Mauricio Macri fue uno de los exponentes de esta postura:

Según aseguró “al ciudadano no le cambia la vida la ley de medios”, ya que sus reclamos son por seguridad y por inflación, y el gobierno no “ha hecho nada en los últimos años en combatirla”.

Esto no hace más que confirmar que en la “batalla por la ley de medios” no predominó la razón, si no las pasiones. Los que se oponen a la intervención estatal de los medios de comunicación, consideran apropiado que el gobierno intervenga en otras áreas, cuando en realidad, en ambas situaciones, subyacen los mismos principios.Tal vez, cuando se dejen de lado los argumentos emocionales, y se proceda a prestarle más atención a los argumentos racionales, estemos más cerca de rechazar todo tipo de intromisión estatal en los acuerdos voluntarios entre las personas. Mientras tanto, estas son las reglas de juego.

[1] Todos ellos citados por Murray Rothbard en “Monopolio y Competencia” [PDF]. También recomendamos a Dominick Armentano [PDF] y a Thomas Di Lorenzo [PDF] sobre una perspectiva económica sobre el tema.

Comienza espacio

Escuchando mi programa de radio favorito, Esta Lengua Es Mia de José Benegas, me doy cuenta de que implementaron la Ley de Medios en la parte publicitaria.

Big Channel
The Big Chanelllllllllll!

La ley, indica que un locutor diga, antes de la tanda publicitaria “Comienza espacio publicitario” y, al finalizar la tanda, “Fin de espacio publicitario”.

¿Qué sentido tiene una pelotudez así de grande en una ley y usar el poder coercitivo del estado para obligar a hacer eso?

Me acuerdo de ver televisión desde muy chiquito (blanco y negro con perilla para cambiar de canal a los tres o cuatro años) y siempre me dí cuenta cuándo empezaba la publicidad, cuándo estaba el programa, cuándo terminaba la publicidad, cuándo la publicidad era sobre otro programa del canal, cuándo había un chivo en el medio del programa, etc, etc.

Veías Cablín y, cuando estaba la publicidad, saltabas a Big Channel con el control remoto (ya había más tecnología en ésta época). O te memorizabas las publicidades de Spy Tech y todos los juguetes copados de Tyco que jamás te iban a comprar tus viejos.

Ahora el estado obliga a que se avise cuándo se viene la tanda. Como si eso fuera algo malo, perjudicial, o de lo que deberían avisarte (así como antes lo hacían con el “Comienza el espacio de protección al menor”).

¿Acaso los legisladores se piensan que la gente es boluda? Porque no veo otro motivo para este punto de la Ley de Medios K.

Y si piensan que la gente es boluda ¿se animarían a decírselo en la cara?

Porque eso es lo que están diciendo con la ley cada legislador que la votó: “Estimado ciudadano, creo que usted es un inepto e incompetente que no puede diferenciar una publicidad del contenido, por eso yo, que no soy ni inepto ni incompetente voy a encargarme que le digan, como si fuera un nene, cuándo está una cosa y cuándo la otra”.

Me gustaría que cada legislador que votó, se junte con un grupo de personas y les diga esto en la cara, a ver qué piensan y qué le pasa al señor iluminado ese.

Qué podemos ver?

Las imposiciones de la ley de medios sobre los canales de TV ya se empiezan a vislumbrar en la pantalla. Desde hace ya un tiempo, gracias a la instrumentación de la ley, no nos confundimos más entre lo que corresponde al programa de TV que se transmite y la publicidad emitiada en los cortes. La placa de “espacio publicitario” nos advierte de que dejamos de ver el programa en cuestión, cómo si no lo podíamos diferenciar con anterioridad.

Página/12 en su edición de ayer menciona otros aspectos de la ley que deben ser cumplimentados por los canales de TV, tal es el caso de la programación infantil:

Acorde a la costumbre histórica de no atenerse demasiado a las leyes, algunos canales de TV comenzaron a retocar sus programaciones para cumplir –con demora– con la cuota de pantalla infantil que comenzó a regir desde el primer día hábil del mes. Tal como denunció Página/12 en la edición del martes, a excepción de Canal 7, las emisoras no cumplen con la resolución 474/2010, que estipula que los canales de TV abierta deben emitir tres horas de programación dedicada a niños, niñas y adolescentes, desdobladas en dos medias jornadas diarias.

[…]

Como si la resolución facultara a las emisoras de un período de varios días para adecuar sus programaciones –interesada interpretación para la cual la normativa de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) no entrega elementos posibles–, paulatinamente los canales empezaron a incorporar contenido infantil a sus pantallas.

Está nota, que en su mayor parte se dedica a “escrachar” a los canales de TV que no implementaron los requisitos de programación infantil, obligatorios a partir de la sanción de la nueva ley, deja expuesto de manera alevosa el condicionamiento del gobierno a la hora de permitir que cada canal decida que programación ofrecer al público.

De esta manera, y contrario a los que piensan algunos, no se promueve la “diversidad”, la “inclusión”, o cualquier otra palabra que tengan connotación positiva, la verdadera naturaleza de estos actos es netamente autoritaria. No solo porque se trata de una orden directa del gobierno a qué productos debe ofrecer cada canal, o en otras palabras, se pasa del criterio del público que convalida la programación con el rating mirando a un criterio establecido por intereses políticos, el primero guiado por las acciones voluntarias de todas las partes, el segundo impuesto por todo el aparato de la fuerza del gobierno.

Los resultados están a la vista, La cocina del 9, el programa que fue acortado para la incorporación del segmento infantil producido por el gobierno Paka Paka, promediaba 5  puntos de rating, por el otro lado  Paka Paka nunca supero los 2 puntos.

Un último comentario adicional, en el segundo párrafo, el periodista menciona los tiempos que tardan en implementarse la nueva ley, no dudo que podría haber mencionado en el medio en el que trabaja como se toma una decisión empresaria (que a veces puede llevar tiempo en ser implementada)  porque en el diario que trabaja, hace mucho se dejaron de tomar decisiones empresarias ya que sobreviven, en su mayor parte, gracias a la publicidad oficial.

El juego de las diferencias

Publicado originalmente el 13 de enero de 2011 en La Crisis es Filosófica.

Existe un juego que si hoy tratásemos de jugar, más de uno perdería. Este es el juego de las diferencias entre la Ley de Radiodifusión (22285) y la nueva ley de Medios de Comunicación Audiovisuales (26522).

El problema es que ambas disposiciones tienen en común tres pilares fundamentales. El primero es la declaración de la “comunicación audiovisual” o “radiodifusión” como un servicio de interés público. El segundo es que a través de ambas leyes podemos ver una exaltación de la “argentinidad” o lo nacional por sobre lo foráneo. Por último, ambas leyes tienen como objetivo la protección del espectador.

Interés Público

Por más que en el discurso intente oponerse visceralmente a las ideas de la dictadura de los ’70, el gobierno de los Kirchner (impulsor de esta ley) comparte con ellos la idea de que los medios son de interés público.

Aló PresidentaEl problema con esta pomposa declaración es que como ese interés es tan difícil de identificar -ya que somos 40 millones con distintos pareceres y deseos- probablemente lo que termine imponiéndose sea el interés propio del gobierno que dice (por ganar las elecciones) ser el representante de todos.

Finalmente, la consecuencia puede variar desde tener programas de “promoción cultural” con gauchos cocinando asados en algún canal perdido, o bien a tener la versión argentina de “Aló Presidente” con CFK como animadora y Aníbal, Bodou y Randazzo en el rol de panelistas incisivos.

Lo Nacional

La vieja ley sugería que:

La programación deberá incluir, preferentemente, obras de autores nacionales e interpretaciones de artistas argentinos [1]

La nueva, a diferencia (perdón, en la misma línea), impone que:

Los servicios de televisión abierta deberán emitir un mínimo del 60% de producción nacional; con un mínimo del 30% de producción propia que incluya informativos locales [2]

Patriotism means no questionsAhora bien, ¿Por qué cuando a Mauricio Macri se le ocurre acusar a la “inmigración descontrolada” de peruanos y bolivianos de ser la culpable de los hechos ocurridos en el Parque Indoamericano, todos coincidimos en tildarlo de xenófobo pero cuando el gobierno impulsa una ley donde al capital y al trabajo extranjero se le da un lugar de segunda, a todos nos parece fenómeno? ¿No es este otro caso de lisa y llana xenofobia?

Protección del Espectador

He aquí donde la izquierda y la derecha estrechan sus manos y nos dicen “tranquilos, nosotros los cuidamos”.

La diferencia es que van a cuidarnos de cosas distintas. Mientras la ley vieja busca protegernos de que:

atenten contra la salud o estabilidad síquica de los destinatarios de los mensajes o contra su integridad moral [1]

La nueva intenta protegernos de una supuesta concentración de medios que podría -dios no quiera- hacernos pensar algo que a ellos no les guste:

Con el fin de impedir la formación de monopolios y oligopolios, el proyecto de ley pone límites a la concentración, fijando topes a la cantidad de licencias y por tipo de medio [2]

Para protegernos los militares inauguraron el COMFER, mientras que los del Frente Para la Victoria lanzaron la AFSCA y además agregan una serie de regulaciones referentes a las licencias con el fin de evitar la “concentración” –o sea, concentrar pero en manos amigas-.

Ahora bien ¿Por qué tenemos dos leyes tan parecidas en esencia pero diseñadas por ideologías supuestamente antagónicas?

¿Será esto señal que desde ambos lados del espectro político sí se cree en la existencia del “interés público” y se acepta que Cristina o el General de turno sean los encargados de expresarlo?

¿Será que ambas facciones se olvidaron que su misión como gobernantes es “asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”?

¿Será que izquierda y derecha coinciden en considerar al televidente un ser poco capaz de cambiar de canal o simplemente apagar el televisor si lo que tiene en frente no le gusta?

Los impulsores de la nueva ley alzan la bandera de la “democratización” de los medios. Sin embargo, en esencia y en principios, coinciden con una ley promulgada por un gobierno militar bastante poco democrático.

¿Y nosotros? ¿Estamos en condiciones de creer que los medios interesan sólo a quien produce y a quien consume y no “al pueblo”? ¿Podremos dejar la xenofobia de lado y abrir las puertas sin prejuicios? ¿Estamos listos para adueñarnos verdaderamente del control remoto?

[1] http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/LEY/LEY22285.htm

[2] http://www.argentina.ar/_es/pais/nueva-ley-de-medios/C2396-nueva-ley-de-medios-punto-por-punto.php

Televisión Estatal

Lanata y un muy buen análisis sobre el uso de la TV Estatal… No será el tipo más coherente, pero es valiente y este bloque es muy divertido…

Censura de la buena

¿Será esta la misma gente que apoya la implementación de la ley de medios del gobierno?

No me cabe duda que la censura previa que incluye la ley, les vendría como anillo al dedo a sus propósitos.

bestthemeswordpress.com - best wordpress themes - magazine wordpress themes restaurant wordpress themes