Mojigatos Reguladores

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La prostitución, “la profesión más antigua”, sigue estando en el centro de la escena política para aquellos que se atreven a hablar de los temas tabú. Que la sexualidad, el comercio y el crimen aparezcan juntos y revueltos en ámbitos donde la mayoría “no llevaría a su hijo” hacen de la prostitución un tema sensible, como para que cualquiera que lo mencione patee un viejo y poblado avispero de pacatería.

En la era de las comunicaciones cualquier político que se atreva a pisar esta “frontera moral” con discursos grandilocuentes obtiene un excelente resultado de visibilidad mediática. Y tan lamentable como cierto, es el hecho de que si bien algunos políticos suelen buscar con honestidad intelectual el bienestar de sus mandantes, la gran mayoría suele moverse en ese limbo argumental de corrección política en el que anidan muchos de los clichés tradicionalistas e irracionales. Asi las cosas, casi siempre, los problemas no solo no se resuelven con la frialdad argumental necesaria que requiere un verdadero y cálido humanismo, sino que más bien se agravan.

Hace dos días los rosarinos vivimos un ejemplo típico de los efectos perniciosos de esta forma irreflexiva de pensar. Como resultado de una ardua tarea mediática llevada adelante por una, muy suspicaz concejal del partido radical, Maria Eugenia Schmuck, la mogijatería reguladora clausuró la emblemática whiskería “La Rosa” del barrio Pichincha. Si bien ni la concejal, ni los funcionarios de la municipalidad se atreven a decirlo claramente, la campaña que guía este accionar tiene un lema tan concreto como erróneo: “Prostitución = Trata de personas”.

No se pondrá en duda aquí la extracción “progresista” de los funcionarios que ordenaron reducir a las trabajadoras a la categoría de delincuentes, alegando protegerlas de supuestos victimarios, ni tampoco dudaremos de sus, nunca bien ponderadas, excelentísimas intenciones. Todo lo que aquí deseamos hacer es mostrarle al lector que los efectos que generaron y que generarán con esta campaña serán mucho peores de lo que pretenden querer resolver.

En primer lugar, equiparar una aberración como la trata de personas con fines de explotación sexual con el ejercicio libre de una profesión como la prostitución es un error conceptual importante. No poder distinguir entre una persona adulta, que bajo el imperio de la necesidad decide ofrecer su cuerpo a cambio de dinero, de  una joven, frecuentemente menor de edad, arrancada forzosamente de su hogar, privada de su libertad, usada y descartada como un objeto carente de humanidad;  es equiparar los márgenes de bienestar de un trabajador actual de empresas como Google con los de un siervo de la gleba. Y esta distinción no es solo una cuestión de grado o de nombre. Es de una necedad manifiesta brindar idéntica solución tanto a uno como a otro problema (si que consideramos que la prostitución libre es realmente un problema). Solución que consiste frecuentemente en quitar a las mujeres de una situación de la que, en el caso de la prostitución elegida de forma voluntaria, no deseaban salir, o al menos no con los métodos policíacos con los que opera el Estado.

En segundo lugar, el prohibir el consumo de este servicio, y que de alguna manera paguen “justos” por pecadores como para eliminar la eventual posibilidad del consumo de trabajo esclavo, no solo condena a nuestros “justos”  sino que afecta principalmente a las trabajadoras sexuales que viven con un ingreso de subsistencia a quienes se las condena a comprar protección de la policía extorsionadora, o directamente al hambre sino cuentan con el coraje suficiente como para pasarse a la clandestinidad. La respuesta a este peligro por parte de los funcionarios suele ser el subsidio estatal, aunque aquí el ideal de “trabajo digno” por el que muchos abolicionistas bregan queda relegado a un segundo plano, si por dignidad entendemos no vivir de la caridad (y mucho menos de la “caridad” forzosa estatal que transfiere recursos impuestos mediante).

Como último punto y quizás el más importante de todos, ya que está estrictamente relacionado con el objetivo que los abolicionistas persiguen, tenemos el problema de la desaparición de la órbita pública de un servicio que, de no desaparecer la demanda, (y estamos hablando de la demanda de “la profesión más antigua”) no desaparecerá. La consecuencia de hacer pasar a la clandestinidad a los prostíbulos que no trabajan con trata de personas es que si estos, como muchos afirman, son “la punta del iceberg” de las redes de esclavitud, ahora los funcionarios no contarán ni siquiera con esa parte visible del problema, que se ocultará de la ley o peor aún será aliada de las rémoras corruptas del Estado, como la policía y los inspectores, que se financian de otorgar protección de la amenaza que ellos mismos generan.

Si bien, como el autor de este texto, muchos consideran que el intercambio de sexo por dinero es deleznable tenemos el deber moral de saber diferenciar entre acuerdos libres y voluntarios y esclavitud, tenemos el deber moral de escuchar a las trabajadoras sexuales que conocen mejor que nadie su situación. Incluso aunque el costo de estos señalamientos a la mojigatería reguladora sea el de quedar como los defensores de las mafias y la criminalidad. Son los efectos del autoritarismo y la violencia institucional, como la que se vivió en el allanamiento de la whiskería “La Rosa” los que generan las bandas mafiosas de policías, inspectores y tratantes de blancas trabajando en conjunto en pos de la explotación de las mujeres.

 

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