Miedo a la libertad

En la República de Ruritania uno nace con ciertos contratos pre-establecidos: una cuenta bancaria; una tarjeta de crédito; un plan de ahorro automotor; una membresía a alguna publicación mensual, y un servicio de televisión por cable. Estos contratos son obligatorios para todos las personas nacidas en el territorio de Ruritania y, dependiendo del caso, el derecho a retirarse de dicho contrato es inexistente.

Sin dudas una situación así generaría un fuerte malestar de todos los sectores políticos de Ruritania , los auto-denominados progresistas pondrían el grito en el cielo: “¿Cómo puede ser que una persona deba nacer atada a una empresa determinada o con algunos servicios contratados que ni siquiera sabe si le interesa usar o en un futuro querrá optar por otros?”, dirían ellos. Por supuesto, los libertarios nos sumaríamos a una crítica de este estilo, defender los derechos de propiedad, la iniciativa privada, y los mercados libres, no nos hace cómplices de las empresas que se aprovechan del poder estatal para obtener un beneficio a costa del resto de la sociedad.

A diferencia de lo que sucede en un acuerdo voluntario, donde todos a priori esperan beneficiarse de ese acuerdo, cuando el estado se involucra en las relaciones individuales la ecuación cambia y se convierte en un juego de suma cero, mientras los cercanos al poder estatal ganan aquellos desprovistos de contactos políticos salen perdiendo.

A pesar de esto, grandes sectores de la sociedad avalan este tipo de mecanismos como forma natural de relacionarse, las razones por la que lo hacen varían en cada caso. Podríamos identificar varios grupos diferentes, estos son algunos ejemplos:

(1) Los inocentes. Son aquellos bien intencionados que sienten que tienen un compromiso para hacer algo por el otro, y creen que el accionar estatal puede ser beneficioso para aquellos grupos que pretenden mejorar su situación.

(2) Los ideólogos. Este grupo se ve movilizado por la ideología. Por más que la experiencia de siglos les haya demostrado que estaban equivocados insistirán con las mismas soluciones. Para este grupo, el fracaso del estado no es estructural sino que se debe a la falta de idoneidad de los que llevaron adelante.

(3) Los beneficiados. Son los políticos en situación de poder que se ven beneficiados por iniciativas estatales que en apariencia tienen fines nobles, pero que en la práctica resultan únicamente beneficiosas para ellos mismos.

Tal vez, la idea  de nacer adherido a un contrato de TV por cable, a un plan de ahorro automotor, o a una empresa de telefonía celular, resulte demasiado grotesco para encontrar personas que defiendan estos proyectos, sin embargo está lleno de personas que no encuentran ningún problema en nacer adherido a un sistema de planificación para el retiro, a un sistema de salud pública, o a un sistema educativo.

Una de las justificaciones más habituales, es que estos servicios en genera las gente tiende a contratarlos individualmente y se tratan además de servicios esenciales. La educación, sienta las bases del conocimiento que nos permitirá desarrollarnos en un futuro, los sistemas de planificación de retiro nos ofrecen tranquilidad en los últimos años de vida, mientras que un sistema de salud permite tratar enfermedades. Sin embargo, de esta justificación no se desprende la necesidad de que: a) estos servicios deban ser brindados por el estado  y b) estos servicios deban ser financiados coercitivamente mediante impuestos.

Entonces, el factor de decisión de imponer estos servicios por la fuerza no tiene nada que ver acerca de la “esencialidad” de los mismos para la vida humana, sino otro argumento: la imposibilidad de acceder a ellos. Esa es la motivación de los estatistas (inocentes e ideólogos, según nuestras categorías) de asegurar que todos tengan acceso a estos servicios. De esta manera, la coerción está justificada en la solidaridad con los que menos tienen, pero estos dos conceptos no pueden ser más antagónicos.

La solidaridad es un acto voluntario, basado en los deseos de ayudar al prójimo. La coerción es violencia, y está basado en una noción de superioridad frente a los demás. Los estatistas se conciben a sí mismos como los únicos con preocupaciones legítimas para ayudar a los demás, el resto de la población está conformada por cerdos egoístas que le desean el mal a los demás. Esto, por supuesto, no es así.

Los estatistas, a diferencia de los que no lo somos, conciben la violencia como la única forma de alcanzar sus objetivos. La idea de ayudar a los más necesitados en una sociedad, sostienen ellos, nunca puede nacer de la voluntad de alguien que no quiere imponer violencia. La refutación es muy sencilla, basta solamente con hablar con un puñado de personas y preguntarle sus principales preocupaciones, o a que les gustaría que puedan acceder los que hoy tienen pocos recursos para hacerlo. Los estatistas se basan en la presunción de que el resto son malos, y ellos que quieren imponer por la fuerza sus ideas y la bondad son los buenos.

Los que no somos partidarios del uso de la fuerza para la consecución de nuestros objetivos, tenemos una visión radicalmente diferente. No es necesaria la violencia para ofrecer soluciones solidarias a los que menos tienen, los casos abundan. Las iniciativas privadas solidarias se encuentran expandidas a lo largo y ancho de la sociedad, cada vez que se lanza una campaña solidaria las personas no dudan en ayudar. Pero esto no es suficiente para los estatistas.

El mayor miedo de los estatistas, es su miedo a la libertad, miedo a que la gente ayude a otra gente sin la necesidad de un garrote amenazador, y peor aún, tienen miedo que esa posibilidad funcione mejor que la suya. Junto a ello, tienen miedo de perder el control, la idea de no poder mantener bajo su control las variables que hacen a una sociedad los aterra, y por eso siempre derivan en mayor o menor medida en mecanismos autoritarios de control sobre la vida de los demás.

Por eso me gustaría terminar con una propuesta para los estatistas, para poder evacuar sus dudas y sus miedos ante la incertidumbre que genera la libertad, ¿y si probamos dejar de lado los mecanismos autoritarios, el uso de la fuerza y las imposiciones de un puñado de personas sobre todo el resto de la sociedad? ¿y si probamos libertad?

 

Cafés oficiales, cultura oficial

Una de las grandes noticias de la semana en el barrio de Pompeya fue la declaración de un bar de esa zona en la categoría de “Bar Notable de la Ciudad de Buenos Aires.”

La categoría de Bar Notable, según dice la Ley 35 de la Ciudad, se obtiene cuando la CPPCBBCNCBA (Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos Aires) considere a un “bar, billar ó confitería relacionado con hechos ó actividades culturales de significación; aquel cuya antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia local le otorguen un valor propio.”

Que un bar, billar o confitería sea nombrada como notable tiene efectos positivos sobre ella. Se convierte en un punto de atracción turística, se lo señaliza para destacarlo, con equipamiento urbano específico, se lo incluye en los listados y mapas de bares notables, que locales y turistas buscan visitar. En definitiva, gracias a su inclusión en la lista de bares notables una confitería aumentaría su promoción, y con ella las ventas.

 

Confitería El Molino - Abandonada desde 2007

Confitería El Molino – Abandonada desde 1997

Sin embargo, la declaracion de Bar Notable no es solo una declaración, sino que le permite al Estado, a través de la  CPPCBBCNCBA, comenzar a inmiscuirse en la forma de administrar del bar, otorgándole a dicha comisión

Ante la declaración de Bar Notable, el artículo 6 de la ley le otorga a la CPPCBBCNCBA ciertas facultades:

Artículo 6º.- Serán objetivos permanentes de la Comisión:
La elaboración y actualización de un catálogo de cafés, bares, billares y Confiterías notables en el ámbito de la ciudad y su difusión en los centros de actividad turística.

Consensuar y proponer para los bienes que se incorporen a dicho catálogo proyectos de conservación, rehabilitación o cuando correspondan restauración edilicia y mobiliaria con asesoramiento técnico especializado del G.C.B.A u otra institución.

Promover la participación de los locales catalogados en la actividad cultural y turística de la ciudad, impulsando en estos actividades artísticas acorde a sus características.

Es decir, una vez que un bar es declarado notable la CPPCBBCNCBA pasa a tener injerencia en las decisiones empresariales de los dueños de aquellos bares, y pierden el derecho a decidir, cerrar o incluso demoler el bar, si consideran que los consumidores no desean que haya más un bar allí. Este fue el caso de la confitería Richmond.

En el caso de la Richmond, al ser considerada una confitería notable, y cuya estructura, por decisión del CPPCBBCNCBA, no podía ser demolida,  ahora se encuentra en un estado de abandono, en el cuál no funciona más la confitería, y los dueños tampoco pueden llevar adelante sus planes. La situación no puede ser peor.

Los planes del gobierno para interferir o planificar en determinado sentido la vida cultural de las personas, o incluso para preservar ciertos criterios estéticos afines a quienes hoy gobiernan, representan intromisiones del estado que distorsionan la vida cultural de un toda una ciudad.

La actividad del gobierno porteño en materia de cultura ha sido muy activa. Ha estado involucrado en varios de los multitudinarios shows “gratuitos” en la Av. 9 de Julio, o en diversos parques de la ciudad. Además, se promueven concursos de bandas musicales, y la gama de eventos que auspicia tanto el gobierno local, como el nacional, es amplisima. Todo esto a costa de los pagadores de impuestos, quiénes sostienen a aquellos que fueron bendecidos por el Ministerio de Cultura. Mientras tanto, ese dinero que podría ser destinado por las personas hacia aquellas expresiones culturales con las que el Estado no comulga, son dirigdas no a los que el público elige, sino a los que tienen mejores contactos políticos.

La legislación para promover a la cultura en determinado sentido, realzando la importancia de determinados establecimientos gastronómicos, o seleccionando auspiciar ciertos eventos culturales, genera una distorsión de la escena cultural. Las cultura pasa a ser solamente la expresión de la mayoría. O mejor dicho, es elegido lo que una minoría elegida por la mayoría cree ser la expresión de la mayoría. La cultura oficial se asocia a mejores contactos políticos, y no a una mayor convocatoria o un mayor prestigio.

Al contrario de lo que debería suceder en un ámbito de libertad cultural, el Gobierno de la Ciudad, y también el el gobierno de Cristina Fernández, pretenden seleccionar expresiones culturales arbitrariamente,  forzando a los contribuyentes a financiar esos eventos.

Los defensores de las políticas culturales esgrimen dos argumentos. Por un lado, la necesidad de la protección y preservación de ciertos espacios culturales “deseables”. Por otro lado, con mayor sensibilidad social, argumentan que si el Estado no subsidia y promueve actividades culturales, éstas serían menos accesibles al público en especial, en los sectores de menos recursos.

Al igual que las promesas que nunca se cumplen sobre estos planes gubernamentales, los pronósticos sobre la separación del Estado y la cultura están igual de equivocados. En primer lugar, la cultura volvería a su habitat natural, que no es aquél financiado por el estado, sino el que emerge desde lo más under, hasta que se consolida en lugares privilegiados, y se termina por popularizar.

En segundo lugar, la oferta cultural del mercado nos acerca a todos la posibilidad de escoger libremente, qué tipo de cultura queremos consumir, que  porcentaje de nuestros ingresos queremos asignarle a esos consumos, y dónde queremos hacerlo. Es decir, el mercado, a diferencia de la cultura oficial, ofrece actividades culturales de la más amplia diversidad, y para todo tipo de bolsillo.

Otro argumento contra la eliminación de cualquier tipo de régimen de promoción de actividades culturales es la idea de que sin estos subsidios, auspicios, o contrataciones por parte del gobierno, resultaría en una menor inversión cultural. La realidad es que, en el contexto que han generado el resto de las políticas del gobierno nacional, en ningún sector es atractiva la inversión, por lo cual efectivamente resultaría en menos inversión. Pero, no hay que olvidar que gran parte de la “inversión” es en realidad la financiación forzosa de todos los contribuyentes a determinados espectáculos. De está manera el gobierno decide  cuál es la mejor forma de gastar el dinero de los demás.

Como solución alternativa, de transición entre  la situación actual y una separación total de la cultura y el estado, se ha propuesto un voucher cultural. Emulando la idea de los vouchers educativos, el voucher cultural consiste en que cada argentino reciba un cheque que represente una cantidad de dinero disponible para gastar en actividades culturales.   A pesar de que pueda parecer un primer paso equilibrado, esta propuesta tiene varios problemas, el remedio termina siendo peor que la enfermedad.

La propuesta de vouchers en educación es un proceso para comenzar a descentralizar la educación, hoy totalmente centralizada desde el Ministerio de Educación, en lo relacionado a los contenidos, metodologías, precios y demás factores. A diferencia de la educación, la tendencia a la centralización de la cultura por parte del estado no ha llegado a los niveles en lo que está centralizada hoy la educación en Argentina, y en el mundo.

Aún existe una oferta cultural vibrante en la Ciudad de Buenos Aires, y la posibilidad de encontrar alternativas variadas subsiste. Implementar el sistema de vouchers implicaría una centralización de la cultura, y habilitaría al  gobierno a determinar de un modo arbitrario la designación de los espectáculos o eventos en los que podría usarse ese cheque. Y por último, sí el sistema de vouchers le asigna un presupuesto cultural a cada ciudadano, ¿por qué no dejar de cobrarle impuestos para financiar actividades culturales y dejar el dinero en manos de sus dueños legítimos?

La influencia de la política en la cultura estará siempre, la política y el estado, son parte de la realidad y esto implica que tendrán alguna influencia en la vida cultural de la ciudad, ya sea motivando o desalentando el surgimiento de expresiones culturales del momento. Pero, una cultura alrededor de puntos de partida, y de llegada, definidos por los gobiernos, deja de ser cultura y se convierte simplemente en propaganda, camuflada en algo que a lo que llamamos “cultura”.

La tarea más difícil

La ardua tarea de la difusión y aceptación de las ideas liberales está caracterizada por un número de obstáculos que se interponen entre los que emitimos el mensaje y aquellos que están dispuesto a escucharlo. Estos obstáculos son exclusivos del liberalismo. Otras vertientes ideológicas como  el socialismo, el fascismo o el desarrollismo, por nombrar solamente algunas, no deben superar esos escollos por ser propuestas políticas de una naturaleza completamente distinta.

En el marco de la competencia dentro del mercado de las ideas políticas, el liberalismo se encuentra en desventaja. Las ideas liberales, a diferencia del resto de las postura políticas, gozan de una particularidad: el liberalismo no propone programa de gobierno alguno ni sus propuestas se basan un rol activo del gobierno para abordar los fines que se propone. O como  dice José Benegas el liberalismo no es un programa de gobierno, es un programa de “des-gobierno”. En otras palabras, la respuesta más común que ofrece un liberal sobre qué debería hacer el estado ante una situación determinada es nada o casi nada.

A partir de este momento es cuando los liberales nos enfrentamos al primer problema. Mientras que nosotros no tenemos un plan de acción, aquellos que sostienen ideas que derivan del estatismo pueden proponer una solución para cada problema. Más allá de que después la mayoría* de esas soluciones terminen en un fracaso rotundo, en caos o en una crisis y sin solucionar nada, la posibilidad de brindarlas es un punto a favor de los estatistas.

Es que la gente, luego de atravesar un proceso de décadas de avance del estado sobre la sociedad civil en todos los ámbitos  es más propensa a receptar positivamente a alguien que le ofrece soluciones mágicas a sus preocupaciones, que a aquellos que pueden ofrecer una alternativa sensata a sus problemas pero desde la humildad de aceptar la incertidumbre como una variable más.

Los liberales estamos ante una tarea mucho más complicada que explicar una propuesta política, debemos explicar que sucedería si el gobierno deja de hacer lo que está haciendo. Es decir, la ardua tarea a la que nos referimos al comienzo del post es la de explicar los principios básicos de la economía, el funcionamiento de la oferta y la demanda, la definición el sistema de precios como información para la toma de decisiones, la ley de Say, la ley de asociación de Ricardo, la imposibilidad del calculo económico en el socialismo, y muchos otros conceptos que ni siquiera economistas consagrados logran comprender correctamente.

Otro factor adicional que complica aún más la tarea de un liberal es la falta de arrogancia en sus postulados. Una vez más aquí los estatistas llevan las de ganar. Es habitual escuchar a los partidarios de la intervención estatal diagnosticar un problema, describir su solución (la que en general ya ha sido probada, y ya ha fracasado, pero esto no lo consideran un impedimento), y finalmente afirmar que implementadas esas medidas se producirán los resultados esperados. Los liberales, al contrario, carecen de esa posibilidad de asegurar un resultado más allá de lo que se puede explicar desde la economía, o desde la ética, esto se debe a una cuestión básica la imposibilidad de predecir como actuarán los individuos ante las situaciones que se les presenten. Muchas de las preguntas que se suelen plantear en los debates políticos, en realidad, no tienen ninguna respuesta.

Veamos algunos ejemplos. Un caso clásico, que además está vigente en la Argentina del Siglo XXI, es el de los controles de precios. Ante la inflación, y el consecuente aumento de precios, un estatista propone la aplicación de controles de precios. Esto — diría nuestro estatista — terminaría con el imperio de los formadores de precios cuyo único fin es abusar de la gente. Por el otro lado, un liberal diría que para terminar con la depreciación del signo monetario simplemente hay que dejar de emitir y derogar las facultades del estado para emitir moneda y establecer una monea de curso legal. Sin embargo, ante los oídos absortos de la gente con la mágica propuesta del estatista, el liberal tiene poco que hacer. Es definitivamente más atractiva una solución simple y fácil de entender que introducirse en los oscuros conceptos detrás de un sistema monetario, como lo pueden ser la oferta y demanda de dinero, el sistema bancario de reserva fraccional, el dinero fiduciario, el patrón oro, el free banking, la creación secundaria de dinero, etc. (para los interesados en el tema recomiendo The Mystery of Banking [PDF] de Murray Rothbard)

Estas dificultades, reconocidas por todos, sobre lo que implica la introducción a la sociedad de una propuesta liberal  ha traído consecuencias nefastas. Muchos liberales han decidido optar por una opción más sencilla, a pesar de que ello signifique claudicar el objetivo de vivir en una sociedad libre, y se han posicionado dentro del segmento estatista que se ubica dentro de lo que aseguran que hay que hacer algo activamente para abordar una situación determinada. De esta manera surgen engendros que luego de su fracaso son atribuidos al liberalismo, cuando en realidad se trata de una rama más de las tanta que poseen las ideas estatistas.

 

Es por este motivo que los liberales debemos hacer un mayor énfasis en estar empapados de las ideas que defendemos, por lo menos en lo que respecta al plano económico. La educación, y primero la propia, es la base de todo el andamiaje de un proyecto político liberal exitoso. Conocer las distintas variables que afectan el funcionamiento de la economía y cómo la intervención del estado inclina la cancha en favor del poder político, y los que tienen fácil acceso a él, y finalmente cómo ese accionar siempre termina por perjudicar al individuo indefenso ante el aparato estatal. Es ese contacto constante con las ideas que constituyen una sociedad libre lo que después nos permitirá poder expresarlas con mayor sencillez para una mejor comprensión de nuestros interlocutores.

El esfuerzo debe recaer en  no sucumbir ante la tentación de la arrogancia estatista para ser mejor percibidos por los no-liberales. La labor de educar a la sociedad, de devolverle la responsabilidad que alguna vez les secuestró el estado, y la promoción de los principio sde una sociedad libre es una tarea que no sucede de la noche a la mañana. Un proceso de 100 años no puede ser revertido en media hora. No obstante, pregonar este mensaje ofrece resultados muy gratificantes, por más pequeños que sean.

El foco debe mantenerse, y las esperanzas debe ser lo último en perderse.

*Hay que reconocer la eficacia del estado en la violación de derechos en general, como el asesinato masivo, el secuestro, la corrupción, el robo, y los avances sobre los derechos de propiedad de los demás.

 

Pueblos originarios: Russel Means, un ejemplo libertario

Russel MeansRecientemente falleció Russell Means, referente libertario del American Indian Movement (AIM), organización estadounidense en defensa de los derechos civiles de los pueblos nativo americanos, o como solemos llamarlos en Argentina, pueblos originarios.

La lucha de estos pueblos es en ocasiones olvidada desde el libertarismo vulgar, sobre todo en Argentina, pese a que la conquista española fue especialmente despiadada en su violación a los derechos individuales más básicos. Por otro lado, las campañas de conquista posteriores de Rosas, Roca, Quiroga, Vintter y otros sobre poblaciones amerindias, son a veces vistas como la virtuosa expansión de la civilización, y acompañadas de un nacionalismo que con orgullo nos dice que “Argentina ganó miles de kilómetros de extensión” (aparentemente Argentina consistía en los nuevos propietarios fruto de la conquista).

El tema no es simplemente algo del pasado, si bien hoy todo territorio en el mundo pertenece a un Estado-nación, aún dentro de ellos hay personas que hán vivido al margen de dichas divisiones políticas (un ejemplo reciente es el intento del gobierno de Brasil de desplazar forzosamente a la tribu Kayapó para la construcción de una represa hidroeléctrica).

Al justificar las campañas de conquista es usual escuchar los siguientes argumentos sobre los territorios y sus legítimos propietarios:

  • “No eran propietarios dado no existían títulos de propiedad ni mantenían registro público alguno”: excusa estatista si las hay, reconociendo a la propiedad solo a partir del Estado. Pero además debe considerarse que en muchas zonas la densidad de población era muy baja, con lo cual no existía una real escasez de tierras. Uno empieza a delimitar propiedad para resolver conflictos ante recursos escasos, no ante la abundancia (por eso no es necesario que hoy definamos de quién es el aire). Con la llegada europea y la pretensión de toma de terrenos para su explotación, las tierras se convierten en escasas y llega la necesidad de delimitar la propiedad de las mismas, donde sus actuales ocupantes legitimamente pasan a ser sus propietarios.
  • “No pueden ser propietarios porque eran colectivistas, en las tribus la propiedad no era individualizada sino colectiva entre todos sus integrantes”: sea o no correcta esta información, es un dato irrelevante. Administrar comunalmente tierras o bienes no significa que no exista derecho de propiedad, sino que el mismo es compartido (podemos ejemplificarlo con la administración de un consorcio de departamentos ante sus espacios comunes).
  • “Muchas tribus en realidad saquearon y esclavizaron a otras que eran las originales ocupantes de las tierras”: es un hecho cierto, generalmente ejemplificado con los mapuches en la Patagonia. Pero más allá de que robar al ladrón tampoco hace justicia ante el derecho violado, no se puede generalizar o colectivizar a una causa en base a estos casos. Pretender negar a toda tribu el derecho de propiedad en base a un ejemplo particular es una falacia.
  • “Eran nómades, sus asentamientos eran temporales y entonces no podían ser propietarios”: aquí también aplica la falacia del ítem anterior, no todos eran nómades. Pero aún así, el ser nómade no implica ausencia de derecho de propiedad, justamente existe la posibilidad de ser nómade porque existe territorio sin dueño donde asentarse temporalmente, y al utilizarlo esta siendo apropiado, sin importar que en un futuro sea abandonado (y nuevamente sin propietario) para trasladarse a otra porción de tierra disponible.
  • “Si las campañas de conquista no se realizaban entonces las hubiesen realizado otros y las tierras no serían parte de Argentina”: si bien imposible de predecir, es una posibilidad valida, pero solo apunta a un sentimiento nacionalista. Violar derechos individuales no se vuelve menos reprobable por hacerlo antes que otros. Tampoco los nativos tenían porque pertenecer a Argentina contra su voluntad. Poner a las banderas y sus fronteras o líneas imaginarias por sobre los derechos de las personas puede sea la base de muchas ideologías y variantes políticas, pero no precisamente del libertarismo y sus corrientes.
  • “Situándonos en ese momento y en ese contexto era la manera normal de proceder”: este considero es el argumento más fuerte de todos. Me es muy fácil a mi hablar hoy analizando en frío acorde a los estándares de mi época y filosofía. Aún así, con tribus no belicosas la situación en ocasiones pudo resolverse de forma amistosa y pacífica, como sucedió con tehuelches y galeses en Chubut, donde tenían relaciones comerciales mutuamente beneficiosas.
  • “Aún probando la descendencia es imposible saber quienes serían los reales herederos”: desde el libertarismo se propone que la herencia no sea acorde a la ley sino acorde a la voluntad definida en vida por el propietario, impidiendo la legítima, donde la ley define ciertos herederos de manera forzosa (usualmente familiares), sin considerar las intenciones del fallecido. Un argumento buscando la perfecta coherencia con los principios podría decirnos que se desconoce si los descendientes de pueblos originarios serían reales herederos acorde a la voluntad de las generaciones pasadas. Es correcto el planteo, pero nada va a cambiar el pasado, la restitución nunca será perfecta, simplemente intenta traer algo de justicia donde existieron violaciones de derechos individuales. Creo bastante razonable, salvo demostración o prueba en contrario, suponer que la voluntad del fallecido estaría más cercana a dar en herencia a sus descendientes que a sus conquistadores.
  • “Los pueblos nativos tenían guerras entre sí y no respetaban los derechos individuales dentro de sus propias tribus, además algunos luchaban junto a las tropas de conquista”: tampoco hoy se respetan los derechos individuales en la sociedad, no pretendo sacralizar a nadie ni catalogar de pacífica a una de las partes. Pretendo, acorde a ciertos principios, analizar qué es o no legítimo. Salvo sean consecuencia o motor del tema aquí analizado, es irrelevante si una de las partes cometía otras violaciones a derechos individuales o si dentro de un grupo existían diferencias sobre cómo correspondia proceder.
  • “Las restituciones violan el derecho de propiedad de los actuales propietarios”: en realidad este argumento no es en favor de la conquista y puede venir de quienes repudian aquellos hechos, aún así creo que es útil tratarlo aquí. Los libertarios creemos en los derechos de propiedad justos, es decir, que no fueron obtenidos mediante el uso de la fuerza o el fraude. Significa que si una persona hace un reclamo y puede probar que la tierra que le pertenece fue robada, sería justo un resarcimiento y su devolución. Esto no quiere decir que el actual poseedor de un bien robado sea un ladrón, puede haber cambiado de mano en múltiples ocasiones y muchas de ellas de buena fe, pero si implica que no es el propietario y que deberá devolverlo, tal vez iniciando luego su propio reclamo destinado a quién se lo vendió o intercambió.

Por otro lado, debemos mencionar las limitaciones en las restituciones y los excesos que se cometen en los reclamos de pueblos originarios:

  • Límites a la apropiación: tampoco es cuestión de decir que todo territorio de lo que luego fue la Argentina era propiedad de los pueblos nativos. Como ya dijimos, la densidad de población era muy baja, no existía limitante alguno para que nuevos habitantes residan y formen su propia comunidad independiente. El derecho de propiedad de cada tribu correspondería a lo que realmente era utilizado para vivir, cazar o cualquier actividad. Además, como solía pasar ante los cambios climáticos, si una tribu tenía un lugar de residencia en verano y otro en invierno ambos podían ser reconocidos como propios, incluyendo el camino que utilizaban para ese traslado. Aún con estas consideraciones la mayoría del territorio seguiría en mayor medida vacío y disponible para nuevos habitantes.
  • Malones: de parte de pueblos originarios existían los malones, con los cuales se atacaban y saqueaban poblaciones. A veces pese a haber firmado previamente tratados de paz y de reconocimiento de tierras. Se requeriría un estudio en particular para ver la cadena de hechos en cada caso, lo cual escapa la intención de esta nota, pero estas acciones tuvieron como víctimas a inocentes y demuestran que el análisis no es sencillo como en ocasiones se presenta.
  • Prueba ante cada restitución: restituir lo robado cuando desde el hecho han transcurrido tantas generaciones puede sea más un tema teórico que aplicable en la práctica. Esto es así porque para quitar la propiedad a quien en el mundo de hoy actuó de buena fe implica probar tanto la pasada pertenencia de esa parcela, como la descendencia. Y si bien existen ejemplos de documentos y tratados entre conquistadores y pueblos originarios, en la mayoría de los casos hoy sería imposible de probar. Si es aplicable con facilidad en acontecimientos más recientes, como el robo de propiedades a ciudadanos estadounidenses de origen japonés o alemán durante la segunda guerra mundial.
Russel Means en "The American Indian", por Andy Warhol (1976)

Russel Means en “The American Indian”, por Andy Warhol (1976).

Volviendo al hecho que detonó esta nota, Russell, quien además era actor y fuera retratado por Andy Warhol, era un libertario bastante particular. No era un experto en la filosofía de la libertad, ni padecía de la enfermiza coherencia que algunos de nosotros pretendemos de nuestras acciones. No obstante, gran parte de sus objetivos eran afines al libertarismo y eso es lo que lo llevó a afiliarse al Partido Libertario de Estados Unidos e intentar ser su candidato presidencial en 1988 (resultó segundo en las primarias detrás de Ron Paul, quien había renunciado al Partido Republicano debido a las políticas de aumento del gasto público y guerra contra las drogas de Ronald Reagan).

Entre sus actividades afines a nuestras ideas, además de su rebeldía de no pagar impuesto a las ganancias ni aceptar los “beneficios” del sistema de seguridad social, tal vez la más interesante fue su lucha por la independencia de la República de Lakota, dentro de lo que hoy es Estados Unidos. La causa consiste en el reclamo de soberanía en territorios del norte, basándose no en la secesión sino en la reafirmación de una soberanía que los amerindios manifiestan nunca haber abandonado, además de tratados que consideran incumplidos por el gobierno estadounidense. Las propuestas para este territorio abarcan desde el uso de un patrón oro a una organización comunal completamente descentralizada.

Pocos meses antes de morir Russell apoyó publicamente a Ron Paul, su pasado rival en las internas, quien ahora buscaba la nominación por el Partido Republicano. Desde allí decía “yo quiero ser libre. Yo quiero que vos seas libre. Es mucho más fácil para mi ser libre si vos sos libre”. Que en paz descanse.

La absolución de Alcira (El caso de María Ovando)

Supongamos que una mujer chaqueña, Alcira, que vive en un paraje aislado del Chaco, en la Argentina del 2012, con 6 hijos, en un estado de pobreza típico de los que se viven en los asentamientos rurales de esa provincia sufre la muerte de uno de sus hijos. La mujer tiene un trabajo pero no le alcanza para mantener a todos sus hijos. Su hija menor de tres años muere por desnutrición, era alimentada, pero no con la frecuencia adecuada para una chiquita de su edad. Ante esta situación es acusada por abandono de persona y sometida a juicio.

Pobreza Chaqueña

¿Cuál es la postura liberal frente a esto?

Antes que nada vale hacer una aclaración, por más similitudes que tenga este relato con la historia de María Ovando, no puedo hacer referencia directa a ella. No conozco los hechos específicos, por lo que no me quiero aventurar a opinar sobre algo que no conozco. Nuestra historia hipotética es parecida, pero los hechos son tal cual los describimos en el párrafo anterior y eso es una certeza.

Sin embargo es necesario conocer las posturas ante un caso similar como fue el de Ovando. Antes de ella fuese absuelta, en un caso que tomó relevancia luego de una entrevista de Jorge Lanata a la acusada de abandono de persona, hubo sectores de la opinión pública que se oponían a su encarcelación utilizando el siguiente argumento:

María Ovando, ¿ víctima o victimaria?

Con la detención de María y la decisión de librar de culpa y cargo a Demetrio Ayala, el juez Saldaña dio   por terminada su actuación.  No profundizó sobre las responsabilidades en la muerte de Carolina. No se preguntó sobre la asistencia que debió recibir y que el Estado dice haberle dado “medianamente”. No se preguntó sobre causas, tampoco sobre las acciones que pudo haberle  evitado la muerte.

En el expediente se  menciona el testimonio  del Dr. Julio  Cesar Benítez, hoy director del Hospital de Colonia Delicia, quien visitó en varias oportunidades la casa de María. Benítez declara haber constatado el estado de abandono de los niños, con bajo peso, sucios, con granos, piojos, muchos de ellos indocumentados, por lo que ni siquiera podían acceder a los programas de asistencia estatal.

Las visitas de este profesional se registraron desde el mes de diciembre. La defensa se pregunta si otro tipo de intervención hubiera podido evitar la muerte de Carolina.

Siguiendo esta lógica, y volviendo a nuestro caso hipotético, podemos decir que Alcira merece ser absuelta ya que el abandono de persona fue una consecuencia directa de la negación de la ayuda del estado. En otras palabras, Alcira sería inocente ya que ante la imposibilidad de hacerse cargo de sus hijos, es el estado quien debía hacerlo y la muerte por desnutrición no se debe a que la madre no haya alimentado a su hija, sino por la inactividad del estado frente a este caso.

En mi opinión, según los principios del liberalismo, podemos llegar a la misma conclusión — la absolución — pero con los fundamentos opuestos.

Partimos de una realidad: progresivamente en los últimos 70 años, y más también, se ha adoptado la concepción de que el estado asume  un compromiso de garantizarle “gratuitamente” el bienestar a cada uno de los habitantes. Para alcanzar ese fin, se crea un estado de bienestar que interviene en el funcionamiento de todas la áreas con las que el individuo interactúa a lo largo de su vida. Podemos mencionar, entre otras, la legislación laboral, la legislación impositiva, la legislación que regula servicios públicos, la regulación del sistema de salud, la regulación de sistema educativo, la regulación de las jubilaciones, la intervención en políticas de vivienda, entre muchas otras. Estas regulaciones también varían, van desde la provisión del servicio exclusivamente a cargo del estado, hasta un sistema mixto entre el estado y privados (que, por su propia naturaleza, siempre termina prevaleciendo la voluntad estatal), o un control rígido del  estado sobre la actividad (tal vez el caso de las relaciones laborales es el más representativo de esta última categoría).

Evidentemente la implementación de un estado de bienestar ha fracasado con los objetivos planteados originalmente. Al mismo tiempo, desde un punto de vista liberal se defiende una concepción totalmente opuesta a la predominante. Los liberales consideran que nadie tiene derecho al inicio del uso de la fuerza — que también se puede llamar agresión — contra otras personas o su propiedad. Esto es el llamado principio de no agresión. Todos los ejemplos mencionados en el párrafo anterior representan el  inicio del uso de la fuerza para alcanzar el fin que se propone el estado, y en consecuencia, una violación al principio de no agresión.El teórico político Murray Rothbard explica en su libro El Manifiesto Libertario el fundamento de este principio:

Específicamente, mientras que el comportamiento de las plantas y, al menos, el de los animales inferiores está determinado por su naturaleza biológica o quizá por sus “instintos”, la naturaleza humana es tal que cada individuo debe, para poder actuar, hacer una elección de sus fines y utilizar sus propios medios para alcanzarlos. Puesto que carece de instintos automáticos, cada hombre debe  prender acerca de él y del mundo, utilizar su mente para seleccionar valores, aprender sobre causas y efectos, y actuar con todo sentido para mantenerse y prolongar su vida. Los hombres pueden pensar, sentir, evaluar y actuar sólo como individuos, y en consecuencia, resulta vitalmente necesario para la supervivencia y prosperidad de cada uno que sea libre de aprender, elegir, desarrollar sus facultades y actuar según su conocimiento y sus valores. Éste es el camino necesario de la naturaleza humana; interferir o lisiar este proceso usando la violencia va profundamente en contra de lo que es necesario por la naturaleza del hombre para su vida y prosperidad. La interferencia violenta en el aprendizaje y las elecciones de un hombre es, por lo tanto, profundamente “antihumana”; viola la ley natural de las necesidades del hombre.

Considerando esto, podemos concluir fácilmente que no vivimos en un entorno libertario. Nos encontramos de forma constante con obstáculos que no nos permiten desarrollar nuestras vidas en libertad, no podemos optar libremente los medios que deseamos utilizar para alcanzar nuestros fines. Estamos, todo el tiempo, ante la interferencia “antihumana” sobre la que escribe Rothbard, y por eso es absurdo aplicar los principios de justicia según un libertario en un contexto intervencionista.

Alcira no tuvo todas las oportunidades que podría haber llegado a tener en una sociedad libre, ni de sustentarse por sus propios medios, ni de ser ayudada de forma voluntaria. La primera puede ser explicada por la cita de Rothbard. Las oportunidades que podría llegar a tener Alcira se ven distorsionadas por los obstáculos que pone el estado en su constante interferencia con la elección libre de medios y fines. La segunda, la imposibilidad de ser ayudada voluntariamente para superar su situación de necesidad, es consecuencia de la primera. O desde otro punto de vista, se ve distorsionada por el objetivo último del estado de bienestar (que es, recordemos, proveer bienestar). La consecuencia de cuando el estado asume la responsabilidad de garantizar el bienestar de la población, es convertir el poder social en poder político, algo que explicó de forma precisa el autor estadounidense Albert Jay Nock:

Podemos tener una medida aproximada de esta atrofia general por nuestra propia disposición cuando se nos acerca un mendigo. Hace dos años podríamos inclinarnos por darle algo; hoy nos inclinamos por mandarle a la oficina de atención del Estado. El Estado ha dicho a la sociedad: “O no estáis ejerciendo poder suficiente para atender a la emergencia o lo ejercéis en una forma que pienso que es incompetente, así que confiscaré vuestro poder y los ejerceré a mi gusto”. Así que cuando el mendigo nos pide un cuarto, nuestro impulso es decir que el Estado ya nos ha confiscado nuestro cuarto en su beneficio y que debería ir al Estado a por él.

Una vez generada esta dependencia por parte del estado, ¿es justo creer que ella debía asumir responsabilidad por sus hijos cuando durante toda la vida le dijeron que el estado debía hacerlo por ella? ¿Puede el estado alegar el abandono de persona, cuando el mismo estado se había comprometido a asistirla (como se comprometen con todos)?, o en su defecto, ¿se puede concebir algún tipo de responsabilidad de la mujer por la muerte de su hija cuando el estado obstaculiza el desarrollo de la protagonista de nuestra historia hipotética interfiriendo en su libertad?

Este ejercicio de pensamiento nos deja una conclusión clara, y que muchas veces es pasada por alto por todos aquellos que desean avanzar y difundir la idea de una sociedad libre. La aplicación de conceptos liberales o libertarios, en un contexto donde han habido víctimas claras de la intervención estatal debe ser prudente. Es necesario primero identificar si la situación que estamos presenciando es una situación que se podría haber dado en un entorno de libertad, ante un mercado liberado, o si estamos ante una situación que fue generada artificialmente por el estado. Antes de exigir conductas responsables a la gente, es necesario primero eliminar las políticas que incentivan la irresponsabilidad. Nunca una situación injusta puede generar una injusticia adicional, pero tampoco podemos esperar resultados propios de una sociedad libre mientras vivamos bajo la atenta mirada del Leviatán.

Ella y su dictadura

Cristina Kirchner, de a poco, está aprendiendo los gajes del oficio de ser la líder de una dictadura con todas las letras. Antes que los que creen ser expertos en semántica argumenten que CFK fue votada de forma democrática, y por ello nunca puede ser presidente de una dictadura, recordemos la definición de  esa palabra en el  Espasa Calpe:

f. Gobierno que prescinde del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad sin limitaciones en un país y cuyo poder se concentra en una sola persona.

La RAE coincide. Nada dice acerca de la forma en la que se accede al poder, sino sobre los modos en los que se administra ese poder. Fue el predecesor de Axel Kiciloff, ahora diputado de la nación, Roberto Feletti, quién dio los primeros indicios de como iba a ser el segundo mandato de Cristina Fernández: “Ganada la batalla cultural contra los medios, y con un posible triunfo electoral en ciernes, no tenés límites“, afirmó Feletti en la era del pre-54%.

Claro, sería injusto de mi parte afirmar que un funcionario de mediano rango,que es un simple aplaudidor que está siguiendo ordenes, haya definido con sus declaraciones el rumbo que tomó el tercer mandato del kirchnerismo. También podríamos referirnos a un comunicado de prensa de la AFIP (acá más sobre el tema) que admitía que los únicos límites que tenían a la hora de investigar a los ciudadanos era, el límite tecnológico:

La medida se enmarca dentro de los tres pilares en los que se apoya la nueva estrategia de fiscalización de la AFIP: la utilización al máximo de la tecnología disponible, la explotación centralizada de la información y los controles tanto “ex-ante” como en línea de las operaciones.

Sin embargo, el caso sigue siendo débil. Definir a una dictadura según las declaraciones de un aplaudidor de mediano rango, y tomando en cuenta los pilares de la agencia recaudadora de impuestos puede ser exagerado. De todas maneras, al mismo tiempo, hay un sinnúmero de evidencias para avanzar el caso de que estamos ante un gobierno dictatorial, en este blog fuimos documentando varias de ellas.

En la última cadena nacional, la vigésima del año, utilizada para presentar el Plan Nacional Estratégico de Seguros (Planes, según sus siglas), la presidenta dio un discurso en el que dejó una vez más en evidencia el carácter del actual gobierno. Me refiero especialmente a este fragmento:

Hemos tenido en lo que yo llamo esta década ganada, el crecimiento más importante de nuestros 200 años de historia, con un promedio del 7,7 del PBI por año, que nos ha convertido casi en un 80 por ciento de crecimiento, una recaudación… De aquí lo veo al señor de la AFIP, que lo pone nerviosos a algunos y yo no sé por qué, porque en realidad si uno paga los impuestos, nadie tiene que sentirse mal ni molesto ante la AFIP. Solamente pueden tenerle miedo a la AFIP, los que no pagan los impuestos o están fuera de la ley, el resto tiene que estar muy tranquilo.

El deplorable show de la condena nacional.

Por si quedaba alguna duda, lo que anticipó Feletti y, posteriormente, el comunicado de AFIP, lo reafirma Cristina Fernández de Kirchner, en ese acto que le imponía a toda la televisión de aire, y a las radios. Las declaraciones son una clara demostración de que la Constitución Nacional no está vigente. No es que la Argentina convertida en dictadura sea una imagen muy reciente, desde la confusión total entre partido y estado, hasta los escraches en cadena nacional a un empleado de  inmobiliaria que osó criticar al gobierno, o la misma persecución a los jueces de la Corte, presionando a muchos de ellos a renunciar a su cargo en vez de celebrar el correspondiente juicio político. Todo estos son indicios  bajo que régimen de gobierno vivimos y estuvimos viviendo los últimos 9 años.

Para muchos el argumento al que apeló Fernández de K. es válido. “Pagar los impuestos es una obligación legal y el gobierno debe encargarse de hacer cumplir la ley”, mucha gente cree que para esto no hay ningún tipo de límite o restricción: todo vale especialmente si el fin es recaudar. Para algunos, los evasores merecen la expulsión del país. Este grupo está compuesto por kirchneristas y furiosos antikirchneristas, indistintamente. Pero ¿qué pasaría si de repente Héctor Magnetto, CEO de Clarín, logra destituir a nuestra  presidenta? Lo primero que haría el “presidente de la corpo”, en el imaginario K, es perseguir y encarcelar o asesinar personas que eran kirchneristas , y el aparato de espionaje  compuesto por AFIP, ANSES y SUBE, entre otros, se lo facilitará a esta especie de Emmanuel Goldstein convertido en presidente.
Cualquier otro gobierno, sea del signo que sea, podrá utilizar todo esa policía  fiscal para convertirla en una policía política, algo que para cada vez más personas ya está sucediendo.
Por otro lado, está el derecho a la privacidad, la prerrogativa sobre mantener algunos hechos sin dar a conocer. Es el derecho a aquellas cosas que desean mantenerse en secreto, que nadie lo conozca, y sin embargo, apelando al monopolio de la fuerza el gobierno puede exigirle a las tarjetas de crédito que informen sobre determinados consumos, sacando de la esfera de la privacidad, utilizando la fuerza, cuestiones que se preferían mantener privadas.
Este tipo de razonamiento debería llevar a los interesados por los derechos individuales de la gente, y la libertad, a pensar dos veces en las estructuras que se arman desde los organismos estatales para perseguir a ciudadanos, hoy destinados a supuestos “fines nobles”, pero dejando la puerta abierta para una serie de abusos de futuros gobiernos.

AFIP sin límites

Que la Administración Federal de Ingresos Públicos, la agencia recaudadora de impuestos ahora devenida en policía política,  no respeta ninguna de las garantías constitucionales, ni los derechos que reconoce la Constitución Nacional, no es ninguna novedad para nadie que sea habitual lector nuestro, sin embargo lo que puede llegar a sorprender es que la propia AFIP en un comunicado oficial reconociera esta actitud que mantiene frente a los límites al poder que le impone la Constitución. Así fue, la AFIP afirmó en un comunicado de prensa blanqueando ante la sociedad que no encuentra limitación alguna en ninguna norma legal, incluida la Constitución Nacional. Al mismo tiempo, reconoció que el único límite que tiene para adentrarse en la vida de la gente es el grado del avance tecnológico  de vigiliancia, para mantener bajo su control las actividades de los ciudadanos:

La medida se enmarca dentro de los tres pilares en los que se apoya la nueva estrategia de fiscalización de la AFIP: la utilización al máximo de la tecnología disponible, la explotación centralizada de la información y los controles tanto “ex-ante” como en línea de las operaciones.

Comando General de la AFIP

La impunidad que existe entre los funcionarios del gobierno actual es de tal magnitud que no dudan en reconocer que no hay limites. Esta no es la primera vez que sucede, en su momento el predecesor de Axel Kiciloff y actual diputado de la nación, Roberto Feletti, sostuvo que “ganada la batalla cultural contra los medios, y con un posible triunfo electoral en ciernes, no tenés límites”, otro más que no tenía vergüenza en admitir su desprecio por la Constitución.

Esto no es una novedad, la sola idea de que exista un “proyecto nacional y popular” en contraposición al nombre que suelen recibir las presidencias, que es el de “Administración”, deja establecido que se apartan sin problemas del proyecto constitucional, para adoptar uno propio que no comprende de límites. El triunfo de las facciones, diría James Madison. Al mismo tiempo hay que hacer una aclaración, esto no es exclusividad de este gobierno, más bien es una patología crónica de cada uno de lo gobiernos que hubo en el país, desde tiempos inmemoriales.

Como hasta los que ostentan el poder lo admiten, la Constitución Nacional es letra muerta. Peor aún, los jueces encargados de testear la constitucionalidad de las leyes, en la mayoría de los casos, abandonaron ese objetivo en un contexto donde una decisión contraria a la voluntad del poder ejecutivo puede repercutir en su carrera judicial. La cantidad de denuncias acumuladas para ser resueltas en el Consejo de la Magistratura ponen a los jueces al vilo de la destitución, así perdiendo cualquier tipo de independencia cuando tienen que entender en las causas que les importan a sus verdugos. Además de estos mecanismos, el gobierno ha reforzado su dominio sobre el Poder Judicial, a través de determinados jueces adictos. El primer ejemplo de esto es el juez federal Norberto Oyarbide, en cuyo juzgado recaen, como si fuese automático, todas las causas sensibles al gobierno nacional.

La manera en la que se ha promovido la negación de los límites que impone la Constitución nos lleva a pensar si realmente vale la pena darle relevancia a la Constitución vigente, y gastar valiosos recursos en este asunto.

Para algunos estas conductas pueden ser indicios de que con una Constitución que avale claramente sus acciones, se radicalizaría el estado policial y planificador de la economía,  y acciones hoy inconstitucionales podrían ser legitimadas por una modificación del texto. Otra lectura de la misma situación puede llevarnos a la conclusión que la importancia del contenido de una Constitución es menor del que se cree, ya que en la práctica en ningún período de la historia la Constitución funcionó como limitación a los poderes del estado, y desde cada gobierno se instrumentaron diversas  maniobras para sobrepasar los frenos y contrapesos. Darle un supuesto carácter de “temporal” al impuesto al cheque, o el impuesto a las ganancias, la delegación de poderes y las leyes de emergencia económica, son algunos de los ejemplos de los recovecos legales que encontraron para violar la Constitución. Ni hablar de las otras medidas que alevosamente, y bajo ningún disfraz, ignoran el coto al poder que supone la ley suprema.

Mientras en la AFIP sueñan con utilizar el poder máximo que les permita rastrear e investigar a cada ciudadano como si fuesen los directores de The Truman Show, los políticos oficialistas buscan allanarle el camino a la nueva policía política disfrazada de agencia recaudadora de impuestos, para que sin freno alguno, puedan decir claramente, y avalados por la ley, “vamos por todo”.

El dilema está planteado, la inevitabilidad del crecimiento del estado parece un hecho, y la futilidad de las constituciones parece otra realidad. Solo resta por decidir, si conviene luchar para defender un librito que ha sido ignorado durante 159 años, o si es preferible exponer las conductas inmorales del estado y esperar a que la gente se canse de ser parte del rebaño, y no solo diga basta, sino que haga algo para detenerlos.

El fracaso de la Constitución

“Cualquier hombre comete errores, pero solo los idiotas persisten”.  Este sabio consejo de Cicerón debería ser una advertencia para aquellos liberales que adhieren a la religión llamada “Constitucionalismo”, está religión tiene como idea principal que las constituciones son fundamentales para proteger la libertad de las personas y acotar el poder indiscriminado que tienen los gobiernos.  Yo también confiaba en que una Constitución y un poder judicial independiente eran suficientes para garantizar la paz y la libertad de la sociedad, sin embargo insistir en esa premisa es la negación de la realidad.

No es de perdedor admitir que estábamos equivocados y que debemos buscar una solución superadora que restringa realmente el poder de acción de los gobiernos.

“Las Bases”, de Alberdi. Parte de la historia

La historia de las constituciones se remonta al S. XII. El primer documento que representó un freno al poder de la realeza fue la Carta Magna de 1215, desde ese momento y hasta la actualidad han surgido centenas de documentos que tenían como objetivo lo mismo, garantizar que el poder político sea utilizado en defensa de los derechos individuales, y que no se preste a abusos. Tal vez el experimento constitucional más exitoso fue la Constitución de Estados Unidos, receptando toda la influencia de los contractualistas liberales (a través de los famosos Federalist Papers) , y de Montesquieu para diseñar su forma de gobierno. Incluso ellos no están exentos del fracaso constitucional.

En Argentina, a la hora de redactar la  Constitución, se tomó la sabia decisión de escuchar al liberal Juan Bautista Alberdi y adoptar, aunque con algunas modificaciones claves, su proyecto de Constitución esbozado en su famoso trabajo Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina , que a su vez estaba inspirado en la Constitución de California, cuyo contenido era similar a la Constitución de Estados Unidos.

Hoy, a 159 años de la sanción de la Constitución argentina, y 223 años de la entrada en vigencia de la Constitución americana, podemos afirmar que el proyecto constitucional de ambos países ha fracasado.  No creo que sea necesario ahondar en el asunto, La Nación y el New York Times ofrecen evidencia abrumadora que sostienen la afirmación. Ni hablar de las modificaciones que sufrió la Constitución nacional posteriormente.

Por más que exista cierto romanticismo por parte de algunos liberales para con la Constitución de 1853, es hora de afrontar la realidad y aceptar que desde su modificación en el año 1888, la Constitución argentina dejó de ser una causa liberal. Más aún, defender la Constitución tal como está redactada hoy es promover intervención del estado en cada uno de los aspectos de la vida de la gente. Claros ejemplos podemos encontrar en la  incorporación del art. 14 bis, de la reforma de 1957, y la modificación de1994, a partir de la cual se incluyen en nuestra Constitución algunos tratados internacionales, el Pacto de Derechos Economicos, Sociales y Culturales tal vez el mejor ejemplo, que agregan al texto constitucional toda una generación de derechos que solamente hablan de una mayor intervención del estado.

Es verdad que frente a constituciones modernas como la de la Ciudad de Buenos Aires, la Constitución nacional sigue siendo una joyita, y que  una reforma llevada adelante por el gobierno actual, sólo puede significar empeorar la situación actual. Pero más allá del contexto en el que estamos, los liberales debemos reconocer que un proyecto guiado por la Constitución ha fracasado.

En defensa de Luis D’elía (y Zulma Lobato)

En el día de ayer  una de la mayoría noticias de los portales de noticias argentinos hacían referencia a una sentencia que ordena a Luis D’elía a pagarle al ex-presidente Eduardo Duhalde la suma de $ 150.000 en concepto de indemnización por haberlo acusado de narcotraficante.

Según Infobae:

El piquetero Luis D’Elía deberá indemnizar al ex presidente interino Eduardo Duhalde con una suma de 150 mil pesos por haberlo vinculado en declaraciones periodísticas al tráfico de estupefacientes, ya que la Corte Suprema de Justicia dejó firme una sentencia de la Justicia Civil y Comercial.

En agosto de 2005, D’Elía había declarado al programa Acerca de Hoy, que se emitía por FM La Isla,  que “el duhaldismo es un gran cartel de la droga hace tantísimo tiempo” y que “la droga y el duhaldismo son dos caras de la misma moneda“.

Defendiendo a Luis D’elía

No se reflexiona  mucho acerca de la injusticia que implica la existencia de leyes que sancionan las calumnias e injurias. Esto se puede deber a que rechazar este tipo de legislación implica al mismo tiempo defender personajes nefastos como son los difamadores, aunque  es probable que D’elia haya mentido en esta oportunidad. Para el punto de vista libertario la situación es más clara, las leyes de calumnias e injurias deberían ser derogadas inmediatamente. Esto se deriva de dos de los principios básicos del libertarismo, la propiedad de uno mismo yel principio de no-agresión, que prohíbe el inicio de la fuerza contra otra persona, y la difamación no se encuentra comprendida entre lo que entendemos por “agresión”. Hay otros dos claro argumentos más específicos en contra  de penalizar la difamación.

Los perjudicados. Este primer argumento es el menos controvertido y tiene que ver con la injusticia que significa para la gente de menos recursos la existencia de estas leyes. En general, no disponen de los medios económicos (pagar abogado, trámites, etc.), ni tienen el conocimiento (no saben que pueden apelar a un abogado) para defenderse de una calumnia o injuria.  Esto lo desarrolla Murray Rothbard en su libro “Hacia una nueva libertad. El Manifiesto Libertario” [PDF]:

Hoy en día, si un hombre es acusado de alguna falta o delito, en general la gente tiende a creer que la acusación es cierta, ya que si fuera falsa, “¿por qué no ini­cia una acción legal por injurias?” La ley de injurias, como es obvio, resul­ta discriminatoria contra los pobres, dado que una persona de escasos recursos difícilmente estará dispuesta a llevar adelante un costoso juicio por calumnias, como sí podría hacerlo una persona adinerada. Además, ahora los ricos pueden  utilizar esta ley en contra de los más pobres, evitando que hagan acusaciones y declaraciones perfectamente legítimas mediante la amenaza de entablarles  juicio por calumnias. En consecuencia, paradójicamente, una persona de recursos limitados es más proclive a sufrir calumnias —y a ver restringida su propia expresión— en el sistema actual que en un mundo sin leyes contra las calumnias o las difamaciones.

En este caso la conclusión es bastante clara. Las leyes imponen más costos para deshacer verdades lo que implica un perjuicio para los que menos tienen. Sin embargo, también es verdad que los más humildes tienen otras prioridades que andar difamando por injurias oEl segundo argumento puede ser un poco más controvertido.

La reputación. El objetivo principal de estas leyes es proteger la reputación de las personas. Sin embargo, la reputación no es algo sobre lo que uno puede tener control, ya que esta formada por la opinión y el pensamiento de los demás sobre uno. En otras palabras, no somos dueños de nuestra imagen. Casualmente ese es el título de un interesante artículo donde Juan Fernando Carpio comenta más acerca de este tema:

Somos dueños de nuestro cerebro, nuestra boca y nuestros órganos sensoriales. A través de lo que vemos, escuchamos, etc nos formamos una opinión sobre los demás. Y esa opinión (que alguien sea honrado, laborioso, ladrón o vulgar) es privativa nuestra. Nuestra imagen, en el sentido de reputación, reside en la mente de otras personas y cualquier acto -aunque use métodos indirectos como la legislación- para impedir a otros expresarla en ámbitos privados (¿a las cuántas personas un ámbito privado se vuelve público?) o públicos, debe considerársele un acto de agresión. Es decir, no sólo que no tenemos derecho a la honra/reputación/”buen nombre” sino que cualquier acto tercerizado de impedir a otros por la fuerza el expresar su opinión con su boca -o su imprenta o señal de radio o website o canal de TV- constituye la auténtica violación de derechos individuales. Las leyes de anti-libel (en inglés) o anti-injuria hacen algo terrible: responden con agresión física (la fuerza pública con multa, captura, cárcel) a actos esencialmente pacíficos y meramente comunicacionales de crítica o desprestigio. Recordemos que todo derecho tiene una obligación como contraparte, pero no nuestra, sino que obliga a otros a cumplir X o Y condiciones.

Tampoco existe realmente UNA reputación, sino que hay tantas reputaciones como gente que opine sobre esa persona. Cuando hablamos de reputaciones buenas o malas se trata de una generalización. Es posible la existencia de reputaciones contradictorias. Por lo tanto, tampoco queda limpia la reputación con un fallo judicial , o ¿acaso ahora ustedes creen que Duhalde no fue un narcotraficante? Duhalde se benefició económicamente, pero no pudo reparar su reputación simplemente porque es eso es una tarea imposible.

Finalmente, aceptar que la reputación no existe nos lleva a concluir que cuestiones similares como  el derecho al honor o a la imagen tampoco son verdaderos derechos, sino que tienen como base las percepciones que los demás tienen de uno, y como tal no podría ser castigado.

En el mismo sentido, Walter Block plantea en su libro “Defendiendo lo Indefendible”, [PDF] que la aplicación estricta de las leyes de calumnias e injurias deberían también sancionar reseñas musicales, de cine, o teatro, sátiras y críticas literarias, ya que las mismas podrían llegar a dañar la reputación del director, escritor o compositor, lo que en realidad sería una violación a la libertad de expresión. Tal como ocurre en la actualidad con el cuerpo legal vigente.

Volviendo a la situación en nuestro país, las penas del delito de calumnias e injurias, que antes podían hasta llevar a prisión al culpable, fueron atenuadas en 2009 años a raíz de lo que ordenó  de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el fallo “Kimel” (2008) [DOC]. El senador pampeano Rubén Marín, explicó en su momento:

“Para que la conducta no sea imputable, sólo se requiere no actuar con real malicia, conforme lo determina ya la jurisprudencia. Es decir, no reconocer la falsedad o, por lo menos, haber sido lo suficientemente diligente como para proporcionar información real”

Se consagró como ley la doctrina jurídica conocida como real malicia, que encuentra su origen en una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, el caso ” New York Times Co. v. Sullivan“. Esta innovación en los criterios para restringir la libertad de expresión no trajo un cambio en la forma de ver la difamación, todavía se presume que lo declarado o impreso es la verdad y está en manos del perjudicado demostrar que se lo ha difamado. Mientras tanto la gente sigue confiando en que la injuria no es un libelo, si no la realidad. Por último, la reforma continúa permitiendo al “damnificado” por la difamación iniciar una acción judicial por daños y perjuicios , por lo tanto deja  lugar para más injusticias.

Eliminando las leyes que prohíben las  calumnias e injurias y dejando de obligar al afectado a demostrar que se trataba de una difamación, se podría derribar la presunción de verdad que tienen hoy declaraciones injuriantes, y báiscamente cualquier hecho que sea comunicado.  En este aspecto los defensores del régimen kirchnerista se verían beneficiados ya que no tendrían que destinar (nuestros) recursos para salir a decir que “Clarín Miente” , ni Zulma Lobato gastaría dinero enviando “cartas documentos”, la gente comenzará a presumir la falsedad de las declaraciones, salvo que se ofrezcan las evidencias suficientes para obtener credibilidad.

Más allá de todo esto, el motivo principal por el que se debe proteger la libertad de expresión de los difamadores, es que asi, al mismo tiempo, estamos protegiendo la nuestra. Concluye Walter Block:

Probablemente no haya más repugnante y cruel que la difamación. Entonces, debemos  poner especial cuidado en defender la libre expresión de los difamadores, ya que si ellos pueden ser protegidos, los derechos de los demás — que no suelen ser tan ofensivos — estarán más seguros. Pero si la libertad de expresión de los difamadores no es protegida, los derechos de los demás estarán menos seguros.

Moreno, en defensa de los consumidores

Se armó un pequeño revuelo el día de ayer con la modificación de una resolución que dispone que el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, tiene derecho a dar de baja a las asociaciones de consumidores del registro, cuya inscripción les otorga ciertas facultades para interponer acciones colectivas en materia de derechos del consumidor, función fundamental de estas asociaciones.

“El napia”, defensor de los consumidores

Las Asociaciones de Consumidores, tal como existen hoy inscriptas en un registro y con ciertos privilegios de representación de consumidores, son en realidad, una consecuencia más del pensamiento estatista que perdomina.  Varias veces desde acá hemos protestado acerca de las posturas que han tomado este tipo de asociaciones que en la práctica son manifiestamente anti-consumidores.  Señalabamos a Susana Andrada, de ADECUA,  en contra de los descuentos o en contra de las liquidaciones,  acciones que no se entiende que sean para proteger al consumidor. Otro de los representantes de los consumidores es Héctor Polino, eterno socialista, desde Consumidores Libres se suma a la opinión que los consumidores deben ser “protegidos de las empresas”, usando la maquinaria de coerción estatal.

Estas agencias no surgieron ni de forma aislada, ni espontáneamente, el surgimiento de estas asociaciones coincide con el desarrollo del derecho del consumidor en Argentina, una rama del derecho coherente con el desprecio y desconocimiento sobre el funcionamiento de un mercado libre en el que se establecen este tipo de legislaciones.  En definitiva, en vez de ser ONGs que defienden a los consumidores, como se presentan, son en realidad lobbyistas para regular el mercado, eliminar la competencia (en nombre de la “defensa de la competencia”) y recaudar con las multas, que sean destinadas a la “educación del consumidor”.

Para los distraídos, las disposiciones legales referidas a la defensa del consumidor surgieron en plena década menemista, una  causa más para refutar al débil argumento que el neoconservador Carlos Menem, era un liberal.  La esencia de esta legislación es la desconfianza en los mecanismos que ofrece un mercado libre a la hora de proteger a los consumidores ante abusos de las empresas,  además de la exclusión de los mecanismos ordinarios para acceder a un tribunal. De ahí a que promuevan multas extraordinarias, por más que la misma empresa se ocupaba de resarcir a sus clientes.

¿Y cuáles son esos mecanismos que ofrece el mercado? En primer lugar, presuponemos la existencia de un mercado libre, es decir sin interferencia alguna para poder ingresar a competir (como pueden ser requisitos legales arbitrarios, regulaciones especiales, autorizaciones, fijación de precios, requisitos de nacionalidad de los accionistas, etc.), en ausencia de un mercado libre, los consumidores quedan expuestos a los arreglos entre empresas y el estado, para beneficio de ambos dejando verdaderamente desprotegido a los consumidores al estar frente a empresas que no tienen la necesidad de competir. Este último supuesto, el corporativismo, es el sistema que rige en Argentina desde hace mucho tiempo.Solamente en un mercado libre los consumidores se encuentran protegidos, especialmente por la existencia de la competencia sin restriccones.

Una vez bajo un mercado liberado, las empresas deberán competir sin trabas por obtener la excelencia en el servicio, satisfaciendo a su demanda. Aquellas que no lo hagan, no respeten los contratos, o que ofrezcan mercadería en mal estado, terminarán quebrando por no respetar al consumidor. No estamos diciendo nada nuevo, el consumidor con sus decisiones decide todos los días premiar y castigar a las empresas de acuerdo a lo que ofrecen y a sus conductas, en sus elecciones diarias, tal como señaló Ludwig von Mises:

La economía de mercado no saboteada por los arbitrismos de gobernantes y políticos es incompatible con la existencia de señores feudales y poderosos caballeros que mantenían sometido al pueblo mediante tributos y gabelas y celebraban alegres banquetes mientras los campesinos habían de conformarse con las migajas. La economía basada en el lucro hace prosperar a quienes supieron satisfacer las necesidades de las personas de manera mejor y más baratas. Sólo c0mplaciendo a los consumidores es posible enriquecerse. Los empresarios pierden su dinero en cuanto dejan de invertirlo en aquellas empresas que mejor atienden la demanda del público. En un plebiscito donde cada centavo confiere derecho a votar, los consumidores a diario deciden quiénes deben poseer y dirigir las fábricas y los comercios. El control de los factores de producción constituye una función social sujeta a confirmación o revocación por los consumidores soberanos.

Las asociaciones no se limitan a no tener ningún sentido, por el contrario, con las regulaciones y campañas que impulsan, como la fijación de precios, “acuerdo de precios”, boicots, etc.,  su impacto en las regulaciones y leyes de la materia en cuestión termina por generar pérdidas en el comercio para intentar cumplir estás nuevas formas de dirigir al mercado.

Dicho esto, la conclusión  es que esta nueva acción del gobierno lo único que hace es ir contra organismos que surgen a raíz de la posibilidad de lucrar con legislación referida a “derechos del consumidor”, funcionarios y defensores del consumidor son especímenes de una misma categoría, los rent-seekers. La particularidad de este caso es que al Secretario de Comercio no le gustaba que las ONGs de consumidores difundieran la cifra real de la inflación, es decir esta reforma no fue motivada por si las asociaciones cumlpen o no su finalidad, si no por una cuestión política totalmente ajena a sus funciones.

Por último, no creo que haya que enojarse por la situación de esas asociaciones, ya que desde el primer momento fueron concebidas como excusa para regular, regular y regular. Andrada, Polino y el resto de los “defensores del consumidor” son cómplices y la consecuencia del modelo estatista, incluso de la inflación por la que ahora son castigados de difundirla. Si en este caso la amenaza de Moreno se hace efectiva y les hace perder la personería jurídica , solo estarían recibiendo lo que durante toda su vida pidieron: más estado.

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