Esta botella es mía

Siempre existe una excusa para que los gobiernos puedan violar los derechos de las personas. No importan los derechos individuales, no importan las garantías constitucionales, ni los derechos básicos de los ciudadanos, cuando un gobierno se propone algo cree tener vía libre para hacerlo. El caso de la Provincia de Buenos Aires no es la excepción. La última semana, al gobierno de la provincia más poblada del país se le ocurrió establecer puntos de control policiales donde se verifique el contenido de alcohol en sangre de los que se propongan ingresar a un boliche. En otras palabras:

El gobierno de la provincia de Buenos Aires implementará una prueba piloto de control de alcoholemia en el ingreso a los boliches para que, en caso de salir positivo, se aplique el derecho de admisión y los jóvenes no puedan ingresar a los locales, informó el ministro de Salud, Alejandro Collia.

Daniel Scioli y el afán de manejar la vida de la gente.

Daniel Scioli, gobernador de esa provincia, demostró en reiteradas ocasiones que no tiene ningún problema en aplicar medidas que desconozcan los límites a la acción estatal. Sí ya la legitimidad de las facultades del estado para ejercer el monopolio de la fuerza es dudosa, la idea de que el estado intervenga en conductas que solamente afecten de forma directa al que las realiza debe ser rechazada completamente de plano. Existe una esfera de autonomía individual, que es intocable. La decisión de poder optar por un camino u otro en la vida en búsqueda de la felicidad, o de alguna satisfacción, y asumir las responsabilidades que implica ese camino. No importa si estamos de acuerdo o no con esos caminos, pero mientras no violen derechos de terceros nadie tiene derecho alguno a obligar a torcer ese camino.

Sería naif considerar que esta idea hay sido implementada con el fin de proteger la moralidad, y la salud, de los jóvenes que van a boliches. Muchas veces con  la simple pregunta acerca de quién beneficia  la nueva normativa podemos responder varias preguntas.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que no se trata de una medida estatal independiente. En realidad, estamos ante  un convenio firmado por la subsecretaría de adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronomica y de la industria del turismo. ¿Qué tiene que ver esto? La relación es sencilla. Al prohibir el ingreso de jovenes que ya tomaron alcohol antes de ingresar al boliche, se crea un incentivo a consumir adentro del establecimiento con precios que por lo menos quintuplican el precio que tienen las bebidas afuera del boliche. De esta forma se produce una transferencia forzosa del resto de los sectores donde los jóvenes hubiesen gastado el dinero, o  de sus ahorros, hacia las arcas de los empresarios de la noche que se aprovechan del monopolio estatal para aumentar su recaudación. Por supuesto, el gobierno provincial también tendrá su tajada. Estamos ante un caso típico de las economías corporativistas, esa alianza entre lo estatal y lo privado, donde estos últimos aprovechan el monopolio de la iniciación de la fuerza que tiene el estado para su beneficio personal.

Este proyecto, además, cuenta con el apoyo de diversas instituciones como la Fundación Padres. Tenemos entonces a los padres preocupados por la salud de sus hijos, y a los bolicheros preocupados por aumentar su recaudación. Este tipo de alianzas es conocida como “contrabandistas y bautistas”, en referencia a la alianza circunstancial que se dio entre los predicadores bautistas y los contrabandistas de licor en la era de la prohibición estadounidense. Ambos grupos, aunque con valores contrapuestos, perseguían el mismo objetivo, la prohibición del alcohol. Unos por razones económicas, otros por cuestiones morales. Nadie se hubiese imaginando colaborando buscaban juntos el mismo objetivo.

Volviendo a la provincia de Buenos Aires, otro aspecto fundamental de la iniciativa es entender por qué ésta regulación es innecesaria y contraproducente. Por un lado traslada los conflictos y la violencia desde adentro de los boliches hacia los alrededores. Ahora, en vez de que las peleas se den en ambientes controlados, y vigilados, y donde el que pelea tiene una sanción concreta, los altercados tendrán lugar entre jóvenes que muy borrachos deambulan por las calles al no haber podido ingresar a los boliches. Peor todavía, que aquél que pensaba ingresar al boliche y luego irse con su auto, tenga que ponerse al volante varias horas antes de lo estimado, y con una graduación mucho mayor de alcohol en sangre que la que podían llegar a tener algunas horas más tarde.

Hoy en día, la violencia en boliches tiene una sanción sencilla de comprender y concreta: la expulsión. Por más que uno haya abonado la entrada, a los revoltosos se los suele expulsar por esa noche del boliche. Ésta es una solución justa, se penaliza las conductas violentas, y no el hecho de haber tomado alcohol presumiendo que aquellos que toman van a pelearse. Si bien, debe haber una correlación entre borrachos y peleas, también hay una correlación entre personas que viven en la villa y personas que delinquen y esto no hace justo que las personas que habitan villas deban ser, para prevenir el delito, encarceladas.

No hay que olvidar que no estamos hablando de menores de edad. Un mes después de anunciar con bombos y platillos, y apoyar la ley que habilita a menores de 18 a votar, se aplican estos controles que consiste en tratar como si fuesen niños en un jardín de infantes a personas entre 18 y 25 años, que de alguna forma u otra deberán desarrollar un sentido de responsabilidad.

Las medidas de este tipo siempre involucran injusticias, ya sea por la intromisión del estado en actividades privadas, la transferencia de recursos desde los sectores menos organizados hacia sectores más organizados, como son los dueños de boliches, y el traslado de los costos por actos privados sobre los demás (puntos de asistencia sanitaria a la entrada de los boliches).

Por último, aquellos que ven con buenos ojos esta medida pero que se declaran fieles guardianes de la Constitución Nacional, deberían leerla más atentamente:

Artículo 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.