Para vos Socialismo solidario, para mí Liberalismo bien salvaje.

Ayer  un amigo me pasó un link a un artículo que habla de una nueva ley promovida por editores de revistas “independientes” que como la mayoría de nosotros en el país, están en la lucha por la supervivencia.

Esta asociación tiene varios integrantes conocidos y de peso (por lo menos en el área del AMBA) como Revista Barcelona, THC, El Amante, MU o La Garganta Poderosa. El argumento que los lleva a redactar este proyecto de ley es que bajo los esquemas actuales de comercialización y sus condiciones, las distribuidoras de kioskos y revistas hacen más negocio cobrándoles multas porque sus revistas no se venden, que distribuyéndolas para promover su venta. Dicen que las empresas distribuyen mal “a propósito” para que no se vendan y así poder cobrarles multas que hacen a la rentabilidad del contrato.

Está claro que si me preguntan a mí, yo desregularía todo lo que tiene que ver con medios y canales de distribución, sacarle el monopolio de la venta a los canillitas y muchos otros grandes etcéteras que si los comienzo a nombrar los voy a cansar porque ya todos están acostumbrados a leer acá sobre propuestas liberales.

Quién diría que sacaríamos una imagen del portal infonews jajajaja.

Lo que me llamó la atención, es que si bien muchas de estas revistas gastan hectolitros de tinta para criticar, denostar e inventar todas las barbaridades posibles sobre el liberalismo, el proyecto de ley, básicamente, pide que para ellos se aplique el más “salvaje” de los liberalismos, pero que los demás seamos sumamente solidarios y capitalistas en los aportes de capital. Eso me hace reflexionar, que si bien esta gente se queja contínuamente de todo lo que ellos creen que es el liberalismo, cuando finalmente tienen que redactar un proyecto para su sector se vuelcan y ven como muy beneficioso que se le aplique a su actividad la libertad en su máxima expresión. Al parecer, en una parte muy interna y escondida de todos, nos damos cuenta que si nos dieran libertad, vamos a estar mejor. Pero muchas veces, de la boca (o de los dedos) para afuera, terminamos diciendo otra cosa y muy contradictoria.

Socialismo solidario para vos

ARTICULO 4° — Creación y objeto. Créase el Fondo Nacional de Desarrollo para la Producción Independiente y Autogestiva de Comunicación Cultural Independiente con el objeto de realizar aportes de capital y brindar subsidios a mediano y largo plazo para inversiones productivas a las empresas sociales y formas asociativas comprendidas en el artículo 1° de la presente ley, bajo las modalidades que establezca la reglamentación.

ARTICULO 5° — Fideicomiso. A los efectos del artículo anterior, se constituirá un fideicomiso financiero en los términos de la ley 24.441, por el cual, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, como fiduciante,  encomendará al Banco de la Nación Argentina, que actuará como fiduciario, la emisión de certificados de participación en el dominio fiduciario del Fondo Nacional de Desarrollo para la Producción Independiente y Autogestiva de Comunicación Cultural Independente, dominio que estará constituido por las acciones y títulos representativos de las inversiones que realice. Dicho Fideicomiso no podrá ser inferior al 20 por ciento del presupuesto de la publicidad oficial destinado a pautar en medios televisivos, radiales y gráficos.

En los artículos 4to y 5to de la Ley, lo que se pide básicamente es que te cobren impuestos a vos para que se hagan aportes de capital y subsidios a las revistas independientes, que de tener éxito, no te girarán un centavo en concepto de dividendos. Por otro lado, se hacen llamar “independientes” y encomiendan al poder ejecutivo la administración de los fondos que deberían recibir, convirtiéndolos de “independientes” en dependientes del gobierno de turno. Pasan a convertirse de periodistas en empleados públicos que escriben. Me gustaría saber con qué van a salir el día que desde el gobierno les empiecen a bajar línea editorial a cambio de los fondos. Aunque hoy por hoy, para ser sincero, sacando a El Amante del grupo, el resto parece estar reclamando “lo que le deben ” en concepto de subsidios por años de publicar notas filo-oficialistas.

Básicamente, todos tenemos que ser financistas solidarios de estas publicaciones, sin recibir, no sólo ganancia alguna, sino que ni siquiera accederíamos en forma gratuita al material producido, porque igual nos cobrarían las revistas en el kiosko de diarios y revistas.

ARTÍCULO 12.- Los Ministerios de Cultura y Educación, destinarán partidas para la adquisición de lotes substanciales de cada publicación producida bajo el presente régimen de promoción. Queda expresamente vedada la evaluación  de la publicación por motivos políticos, religiosos, morales, o de cualquier género discriminatorio. Las publicaciones así adquiridas se destinarán exclusivamente a las bibliotecas escolares y públicas.

ARTÍCULO 13.- Las empresas estatales de radio, prensa, televisión y las demás que como medio de comunicación se creen, facilitarán tiempo y espacio preferenciales con objeto de promover y divulgar las publicaciones producidas bajo el presente régimen de promoción.

ARTÍCULO 14.- El Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas otorgará tarifas postales preferenciales a las empresas sociales de este sector.

No contentos con recibir fondos frescos, contantes y sonantes de parte de nuestros bolsillos, piden que los establecimientos educativos tengan que consumir en forma obligada lo que ellos producen, sea del interés o no de los padres, alumnos o de la comunidad educativa. O sea, no solo tenemos que ser solidarios con dinero en efectivo y créditos preferenciales, sino que además debemos ser solidarios consumiendo sus publicaciones aun cuando nadie quiera hacerlo y sin importar la preferencia de los ciudadanos y los consumidores. En este sentido, la ley destila un fascismo y dirigismo muy peligroso, ya que en ningún lado establecen los criterios con los que debe hacerse la distribución de la producción editorial final. Si bien yo creo que la ley no debería existir, dejar las puertas abiertas a la manipulación es lo peor que se puede hacer, más conociendo a quienes suelen manejar los gobiernos.

Para mí, Liberalismo bien, pero bien salvaje

Y llegamos así a la parte más interesante de la ley, y que en realidad es el principio pero por motivos literarios (?) dejo para el final.

ARTICULO 3o — Las empresas sociales instituidas bajo este régimen gozarán del siguiente tratamiento impositivo:
a) Exención en el impuesto a las ganancias, Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado 1997) y sus modificaciones, por las utilidades que generen;

b) Exención en el impuesto al valor agregado, Ley de Impuesto al Valor Agregado (texto ordenado 1997) y sus modificaciones, de toda la operatoria que se desarrolle con motivo de los mismos.

c) Importación de maquinaria, equipo y piezas necesarias, destinados a la producción;

d) Importación de insumos;

e) Exportación de las publicaciones elaboradas, incluyendo el impuesto
al Valor Agregado.

Acá llegamos al “sueño del pibe”. Básicamente están pidiendo que no se les cobre ningún impuesto, y tener la libertad de exportar e importar sin ninguna clase de límite lo que necesiten para su actividad comercial. 

Y les juro. Les recontra juro, que los entiendo. Por qué pagar una notebook de porquería con tecnología que atrasa por lo menos 2 años por una notebook “producida” en Tierra del Fuego al precio por el que afuera te venden la última MacBook Pro. Por qué pagar impuestos si al fin y al cabo estoy trabajando y todo lo que produzco lo hago gracias a mi ingenio y mi capacidad. Por qué favorecer a un industrial nacional si en realidad lo que yo necesito es comprar insumos más baratos para poder ofrecer un mejor producto a un mejor precio, para cuidar así el bolsillo de mis clientes proveyéndoles la máxima calidad que creo deben recibir. Por qué tengo que usar tintas de mala calidad y caras si puedo aprovechar de la tecnología de punta a nivel mundial que va a favorecer la calidad de mi producto al mejor precio. Por qué cobrarme retenciones cuando exporto si estoy beneficiando a todos girando divisas al país que muy probablemente vuelva a invertir acá si las condiciones son favorables.

 Parece que cuando nos preguntan sobre qué querríamos para nosotros y nuestra actividad, a todos nos sale de adentro el liberalismo más salvaje. Pero cuando nos preguntan sobre los demás, queremos tenerlos a raya, con la correa bien ajustada, no vaya a ser que los demás tengan la misma libertad que quiero para mí mismo.

No culpo a los administradores de estas publicaciones por querer el liberalismo más salvaje de todos para su propio trabajo. Pero no seamos hipócritas, eso es lo que todos queremos. Queremos trabajar en paz, poder gozar tranquilos de los frutos de nuestro trabajo y ofrecer el mejor producto al mejor precio, beneficiándonos a nosotros y cuidando el bolsillo de nuestros clientes. Claro que para eso hay que conseguir el favor del consumidor. Y he ahí lo que pretenden con la ley. Doblegar el gusto del consumidor, para que tengan ellos tengan trabajo. El trabajo que ellos quieren, con las condiciones que ellos quieren. Pero no se dan cuenta que no hay nada más democrático que un consumidor eligiendo. Y por eso la parte fascista de la ley, para doblegar la voluntad de un ciudadano por la voluntad de un gobernante. Y eso es sumamente peligroso. Ya lo estamos viviendo.

Lo único que espero es que un día dejen la hipocresía de lado y se den cuenta que si les preguntaran, ellos quieren el mismo liberalismo por el que luego gastan cientos de miles de renglones en criticar, desprestigiar, condenar  e incluso tergiversar.

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Des igualdad de géneros

Vomita en un comunicado la Legislatura Porteña lo siguiente, respecto a una caricatura de Cristina Fernández realizada por Hermenegildo Sabat:

“Esta imagen fuertemente sexista y misógina, constituye un acto de violencia simbólica contra la mujer prohibido por la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales”

“La violencia contra las mujeres se exterioriza de diversas formas, unas veces de forma física y directa, y otras de forma simbólica e indirecta. La caricatura de la Presidenta constituye un acto de violencia simbólica que, a través de patrones estereotipados y de signos, transmite y reproduce  la dominación naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Por tanto, no solo afecta a la Presidente sino a todas las mujeres”.

En un mismo acto ataca al borde de la censura la libertad de expresión (y de prensa),  al tiempo que insulta una vez más a la inteligencia de sus representados, que somos quienes les pagamos el sueldo. (Ni hablar del tremendo insulto que es para las personas que sí padecen violencia física.)

La caricatura de Sabat condenada por la Legislatura Porteña. (Me perdonarán el obsceno tamaño de la imagen que realicé para este post, pero es que quería dejarles bien claro a estas lacras a sueldo que no van a lograr censurarnos.)

Al parecer seguimos con la incongruencia de pretender defender los derechos de la mujer a costa de la igualdad ante la ley; lo que sea que eso signifique. A diferencia de defender los derechos del hombre, o sencillamente derechos individuales. Pero ni como liberal,  ni como mujer, ni como ser humano racional puedo entender que continuemos con esta ilegalidad de darle más derechos a las mujeres en nombre de defender una igualdad de género, que de movida están aceptando que no existe puesto que todas sus leyes y dichos parten de la premisa de que la mujer ES débil y debe tener protecciones extra por ese hecho.

La igualdad de género, es tan posible como la igualdad de condiciones. Es decir, no existe. No es posible. Somos anatómica, genética,  y emocionalmente diferentes. Hasta hay algunos que argumentarán  psíquica o psicológicamente diferentes. Pero la realidad es que la única igualdad que importa es la igualdad ante la ley. Esa que nos niegan constantemente otorgándonos derechos “extra” sólo por haber nacido del género femenino.

No, gracias. Paso.

Dicho esto, vamos al hecho puntual. ¿Una caricatura metafórica constituye violencia simbólica hacia las mujeres? ¿Esta gente no se detiene nunca a pensar? Si se hubiese realizado la misma caricatura pero sobre Sabatella, o Moreno, o cualquier otro integrante del tan “nefasto” género masculino, ¿que dirían entonces? O mejor aún, si la caricatura hubiese sido realizada por una mujer, ¿sería entonces violencia de género o misoginia?

Como siempre, estas pseudo leyes que pretenden defender y proteger a la mujer, terminan con interrogantes ridículos e imposibles de descifrar.

Dejen de legislar desigualdades, si tanto les preocupa la causa de la violencia doméstica, ocupen el dinero en ayudar a las mujeres y hombres que realmente lo sufren a diario.

Otra caricatura de Cristina Fernández realizada por Sabat.

Post-7D

Pasó el 7D, y no pasó nada. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos deparará el futuro? El 7 de diciembre era una fecha clave para el gobierno nacional, era el día en que vencía una medida cautelar a favor del Grupo Clarín que suspendía los artículos relativos a la regulación antimonopólica que contiene la ley de medios. Sin embargo, la Cámara Civil y Comercial Federal extendió el plazo de vencimiento de la cautelar hasta el dictado de una sentencia definitiva y con ello mantuvo la suspensión de los artículos 161 y 45. Estos dos artículos son los que forman la llamada “clausula de desinversión”, son los que obligan al Grupo Clarín, y al resto de los multimedios que se exceden en el límite de licencias estipulados por la ley,  a presentar un “plan de adecuación”, es decir deshacerse de licencias y empresas para cumplir con las restricciones que impone la norma. Mientras la medida cautelar se mantenga vigente, el gobierno nacional, y la autoridad de aplicación de la ley de medios, la AFSCA, no podrán intimar al Grupo Clarín para que se deshaga de las licencias que violan la le ni desguazarlo de oficio, el objetivo último del gobierno.

A pesar de haber sido uno de los temas más comentados de los últimos meses, el 7D se había convertido más en una fecha simbólica en la cual se pretendía inaugurar una nueva etapa del gobierno de Cristina Fernández que en el simple día de la aplicación de una clausula antimonopólica. El vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, ex-interventor del COMFER, y uno de los promotores más enfáticos de la Ley de Medios decía que “el 7D es un día bisagra porque todo el texto de la ley aprobada por nuestro Congreso tiene que cumplirse. Y esto tiene una potencialidad muy grande. Por primera vez, vamos a vivir con plena libertad de expresión y con plena pluralidad de voces”. Cristina Fernández planteó la ley de medios como una batalla épica, parafraseando a Saddam Hussein, la calificó como “la madre de todas las batallas”. Sin saberlo, todo esto se terminó convirtiendo  en un gran paso en falso dado por el gobierno gracias a la decisión de extender el plazo de la  medida cautelar y con esto anular el 7D.

Viendo la importancia mayúscula que significó y significa la aplicación de la ley de medios para el kirchnerismo, los antiK también adoptaron sus propias posturas. El movimiento antiK también convirtió al 7D en una fecha clave. Ellos, sumándose al juego planteado por el gobierno, le dieron su propia impronta épica a esta fecha. En este sentido, las páginas antiK que más convocatoria generan en Facebook, y algunos lideres de opinión de los diarios más leídos del país, consideraban que lo que sucediese el 7D era definitorio para los rumbos de la República. La independencia judicial, el Estado de Derecho, y la vigencia de la Constitución entre otros asuntos que eran planteados como de vida o muerte para el país se ponían en juego ese día. En otras palabras, el destino de las instituciones del país dependía de la extensión de una medida cautelar, ni siquiera de la sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.

Más bajo no se puede caer.

Considerando la peligrosa retórica oficial, y la vacía respuesta antiK, me propongo extirpar de pasiones de este asunto y analizar, de a uno, las cuestiones más relevantes involucradas en el pre-7D y post-7D.

Legislación antimonopólica. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, número 26.522, también conocida como la ley de medios, se trata de una norma compuesta por 166 artículos que tienen como objetivo regular varios aspectos relativos a la comunicación audiovisual. Además de fijar los objetivos que deben tener los titulares de licencias  (art. 3), regula  también  los contenidos que deben transmitir las señales de televisión y las radios (art. 65 en adelante), contempla la posibilidad de imponer a los titulares de licencias la transmisión de un mensaje determinado (art. 75 y 76), alcanza a la publicidad (art. 81 en adelante), impone controles semestrales por parte del AFSCA (autoridad de aplicación) sobre  “adecuaciones tecnológicas” (art. 47), y por supuesto la clausula antimonopólica que obliga a los medios en infracción a desprenderse las licencias que violan la normativa en el plazo de un año  (art. 45 y 161) .

Es preocupante la indiferencia mostrada ante  los distintos aspectos que quiere regular la ley. Si bien, por motivos que veremos más adelante, la clausula antimonopólica es clave, el resto de los artículos plantean disposiciones que chocan de lleno y de forma directa contra un derecho fundamental como la libertad de expresión, y frente a esto se han escuchado pocas voces. No sorprende que el Grupo Clarín haya desafiado la constitucionalidad del resto de los artículos, la impugnación de dos artículos de la ley representa más bien una excepción de un Grupo que ha apoyado cada uno de los avances del estado sobre los derechos individuales, y promueve una activa intervención estatal en la economía

Los artículos 45 y 161 son los más relevantes porque incorporan clausulas antimonopólicas ausentes en la vieja de ley de la dictadura (la regulación de los medios de comunicación es una característica típica de los regímenes autoritarios), e introducen nuevas condiciones de participación. Esta regulación antimonopólica no es distinta a ninguna otra de las leyes que se promueven en nombre “defensa de la competencia“, que en verdad se trata de verdaderas restricciones y limites a la competencia. Antes que nada, deberíamos recordar deque se trata un monopolio. Francis Wayland define al monopolio como “un derecho exclusivo otorgado a un hombre o a un monopolio de hombres, para que utilicen su trabajo o capital de alguna manera especial”, Arthur Latham Perry dice acerca de los monopolios “como lo implica el origen de la palabra, es una restricción impuesta por el gobierno sobre la venta de ciertos servicios”, para finalizar Spencer Heath propone que “el monopolio existe cuando el gobierno, mediante su poder coercitivo, limita a una persona u organización particular, o a una combinación de ambas, el derecho de vender ciertos y determinados bienes o servicios. Se trata de una violación del derecho de ganarse la vida”. [1]

Considerando estas definiciones podríamos concluir que la ley 26.522 lo que contiene son clausulas monopólicas, que se proponen limitar el campo de acción de un grupo de medios a un determinado número de licencias, o un porcentaje (35 en este caso) sobre la participación en el mercado de oferta de servicios audiovisuales. Las justificaciones a esta limitación las analizamos en los siguientes puntos.

La idea de licenciar las señales audiovisuales, por tratarse de la utilización de un recurso escaso es insostenible. ¿Acaso hay algún recurso que no sea escaso? La idea de un numero fijo de canales por los cuales transmitir bloquea cualquier intento de innovación al respecto, al no poder aprovechar nuevas tecnologías ni desarrollarlas para hacer un uso más eficiente de las vías de transmisión. Todos los recursos son escasos, y así como el gobierno no impone cuotas en la utilización de cuero para la fabricación de camperas y zapatos, no hay motivo aparente para que haga lo mismo con el espectro radioeléctrico.

Por último, relativo a este tema, no hay que olvidar que antes de la promulgación de la ley de medios no existía un mercado libre. El poder de Clarín no deriva en su mayor parte de transacciones voluntarias sino de la utilización del poder político en su favor, a través de regulaciones, disposiciones especiales, y otros arreglos con la casta política que les garantizó llegar a la posición en que hoy se encuentran. Desde la eliminación de competidores, hasta la sanción de leyes para evitar la quiebra del Grupo, Clarín fue beneficiado a lo largo de su historia por una serie privilegios estatales que lo puso  en el lugar en el que está hoy. Lo mismo, pero en un escalón por debajo, podría decirse de muchos de los otros grupos multimedios que hay actualmente en el país.

Antimonopolio y libertad de expresión. ¿Si la legislación antimonopólica no es una novedad, por qué tanto alboroto alrededor de la ley de medios? La respuesta es sencilla. La legislación antimonopólica afecta los derechos de propiedad de las empresas reguladas, y esto no es un asunto menor. En el caso del sector de medios de comunicación está situación adquiere una mayor gravedad, el debilitamiento y la precariedad sobre la que funcionarían a partir de ahora los servicios de comunicación audiovisuales eliminaría cualquier resquicio de independencia que podía quedar con la vieja ley. La vaguedad del lenguaje utilizado en la norma facilita la posibilidad de revocar licencias de forma arbitraria. En efecto, no existe el derecho de propiedad en este ámbito, ya que como se puede ver a lo largo de toda la ley se tratan de meras concesiones para transmitir contenidos que se adapten a lo establecido por la ley.

El monopolio del gigante. El gobierno ha promovido la actual ley teniendo en la mira, principalmente, el tamaño del Grupo Clarín. El grupo es una de las empresas más grandes de la Argentina, y ha desarrollado una red de radios, canales de televisión, prestadores de televisión por cable, que generaría envidia en cualquiera que tiene ambiciones de manipular a las masas. Aunque vale hacer una aclaración, este “poder manipulador de masas”  es más que nada una construcción que hace el propio gobierno, y no tiene mucho que ver con la realidad y el rol de los medios en la sociedad.

El principal problema que plantea el tamaño de Clarín, es que el  gobierno dejó de ser el único gigante. En todo caso, si admitimos la difícil idea de que Clarín sea un monopolio, estaríamos ante la confrontación de aquellos que poseen el monopolio del uso legítimo de la fuerza y el monopolio de la información. ¿Cuál suena más peligroso? Cristina Fernández ha demostrado con creces que no se trata de una cuestión referida a los monopolios, pues ella es devota de monopolizar las transmisiones televisivas y radiales a través de la nefasta “Cadena Nacional”.

La fragmentación de empresas de medios con un cierto alcance nacional persigue objetivos distintos a los que se suelen alegar. No es la “pluralidad de voces” o la “democratización de la palabra”, si no el afán de fraccionar lo que es considerado “el cuarto poder”. Así como sucedió con el poder legislativo, y el judicial (que ahora parece haber abierto por lo menos un ojo), se busca debilitar a la prensa y a los medios como agentes de control de los actos de gobierno.

Es paradójico que desde el monopolio más nocivo que jamas haya existido en la historia de la humanidad, el estado,  se lance una lucha contra los monopolios en nombre de la libertad. Poco creíble.

Igualdad ante la ley. Probablemente el peor argumento entre los que se oponen a la ley de medios es la idea de la “igualdad ante la ley”. Algunos de los que aparecen como opositores a esta ley,  por ejemplo Jorge Lanata, están de acuerdo con los contenidos de la legislación, su problema es que la aplicación es desigual. La falencia de este argumento es que aquellos que lo sostienen no pueden identificar los peligros de la ley de medios, sea aplicable a uno o a todos los titulares de licencias. Es cierto que una aplicación desigual genera desequilibrios, como es el caso de Telefe, o del Grupo PRISA, que están en infracción según la ley, pero el gobierno mira para otro lado. A cambio, reclaman obediencia y control sobre la información. Sin embargo, una aplicación igualitaria de la ley implicaría que todos los medios, ahora fragmentados, y bajo la órbita de control del AFSCA queden a merced de las exigencias estatales para mantener la posibilidad de continuar transmitiendo.

Es decir, este grupo se encuentra a favor de la ley de medios en su totalidad, su única preocupación es que el estado no avance sobre todas los titulares de licencias, y se limite solamente a unos pocos. Esto lo podemos graficar con un ejemplo, supongamos que el mañana se aprueba una nueva ley que todos los ciudadanos sudamericanos, no argentinos, que vivan en el país no pueden residir en el barrio de Palermo, y en los hechos la ley solo se aplica para deportar a los colombianos de ese barrio porteño, estamos ante un caso en el que no hay igualdad ante la ley. La aplicación es selectiva, por más que el texto indique otra cosa. ¿Sería admisible reclamar que en vistas del principio de “igualdad ante la ley” la deportación debe alcanzar a todos los demás? Ese, por supuesto, no es un argumento contra esta disposición imaginaria sino todo lo contrario.

Los otros kirchneristas. Por último, tres días después del famoso 7D los mismos que protestaban contra la ley de medios, y el circo creado alrededor de esa fecha, volvieron a pedir mayor intervención del estado. El argumento es el siguiente “el gobierno ha gastado muchas energías en el 7D, y ha dejado de lado problemas importantes como: el deficit habitacional, problemas de transporte, narcotráfico, inflación, desempleo, inseguridad, etc.” Mauricio Macri fue uno de los exponentes de esta postura:

Según aseguró “al ciudadano no le cambia la vida la ley de medios”, ya que sus reclamos son por seguridad y por inflación, y el gobierno no “ha hecho nada en los últimos años en combatirla”.

Esto no hace más que confirmar que en la “batalla por la ley de medios” no predominó la razón, si no las pasiones. Los que se oponen a la intervención estatal de los medios de comunicación, consideran apropiado que el gobierno intervenga en otras áreas, cuando en realidad, en ambas situaciones, subyacen los mismos principios.Tal vez, cuando se dejen de lado los argumentos emocionales, y se proceda a prestarle más atención a los argumentos racionales, estemos más cerca de rechazar todo tipo de intromisión estatal en los acuerdos voluntarios entre las personas. Mientras tanto, estas son las reglas de juego.

[1] Todos ellos citados por Murray Rothbard en “Monopolio y Competencia” [PDF]. También recomendamos a Dominick Armentano [PDF] y a Thomas Di Lorenzo [PDF] sobre una perspectiva económica sobre el tema.

La absolución de Alcira (El caso de María Ovando)

Supongamos que una mujer chaqueña, Alcira, que vive en un paraje aislado del Chaco, en la Argentina del 2012, con 6 hijos, en un estado de pobreza típico de los que se viven en los asentamientos rurales de esa provincia sufre la muerte de uno de sus hijos. La mujer tiene un trabajo pero no le alcanza para mantener a todos sus hijos. Su hija menor de tres años muere por desnutrición, era alimentada, pero no con la frecuencia adecuada para una chiquita de su edad. Ante esta situación es acusada por abandono de persona y sometida a juicio.

Pobreza Chaqueña

¿Cuál es la postura liberal frente a esto?

Antes que nada vale hacer una aclaración, por más similitudes que tenga este relato con la historia de María Ovando, no puedo hacer referencia directa a ella. No conozco los hechos específicos, por lo que no me quiero aventurar a opinar sobre algo que no conozco. Nuestra historia hipotética es parecida, pero los hechos son tal cual los describimos en el párrafo anterior y eso es una certeza.

Sin embargo es necesario conocer las posturas ante un caso similar como fue el de Ovando. Antes de ella fuese absuelta, en un caso que tomó relevancia luego de una entrevista de Jorge Lanata a la acusada de abandono de persona, hubo sectores de la opinión pública que se oponían a su encarcelación utilizando el siguiente argumento:

María Ovando, ¿ víctima o victimaria?

Con la detención de María y la decisión de librar de culpa y cargo a Demetrio Ayala, el juez Saldaña dio   por terminada su actuación.  No profundizó sobre las responsabilidades en la muerte de Carolina. No se preguntó sobre la asistencia que debió recibir y que el Estado dice haberle dado “medianamente”. No se preguntó sobre causas, tampoco sobre las acciones que pudo haberle  evitado la muerte.

En el expediente se  menciona el testimonio  del Dr. Julio  Cesar Benítez, hoy director del Hospital de Colonia Delicia, quien visitó en varias oportunidades la casa de María. Benítez declara haber constatado el estado de abandono de los niños, con bajo peso, sucios, con granos, piojos, muchos de ellos indocumentados, por lo que ni siquiera podían acceder a los programas de asistencia estatal.

Las visitas de este profesional se registraron desde el mes de diciembre. La defensa se pregunta si otro tipo de intervención hubiera podido evitar la muerte de Carolina.

Siguiendo esta lógica, y volviendo a nuestro caso hipotético, podemos decir que Alcira merece ser absuelta ya que el abandono de persona fue una consecuencia directa de la negación de la ayuda del estado. En otras palabras, Alcira sería inocente ya que ante la imposibilidad de hacerse cargo de sus hijos, es el estado quien debía hacerlo y la muerte por desnutrición no se debe a que la madre no haya alimentado a su hija, sino por la inactividad del estado frente a este caso.

En mi opinión, según los principios del liberalismo, podemos llegar a la misma conclusión — la absolución — pero con los fundamentos opuestos.

Partimos de una realidad: progresivamente en los últimos 70 años, y más también, se ha adoptado la concepción de que el estado asume  un compromiso de garantizarle “gratuitamente” el bienestar a cada uno de los habitantes. Para alcanzar ese fin, se crea un estado de bienestar que interviene en el funcionamiento de todas la áreas con las que el individuo interactúa a lo largo de su vida. Podemos mencionar, entre otras, la legislación laboral, la legislación impositiva, la legislación que regula servicios públicos, la regulación del sistema de salud, la regulación de sistema educativo, la regulación de las jubilaciones, la intervención en políticas de vivienda, entre muchas otras. Estas regulaciones también varían, van desde la provisión del servicio exclusivamente a cargo del estado, hasta un sistema mixto entre el estado y privados (que, por su propia naturaleza, siempre termina prevaleciendo la voluntad estatal), o un control rígido del  estado sobre la actividad (tal vez el caso de las relaciones laborales es el más representativo de esta última categoría).

Evidentemente la implementación de un estado de bienestar ha fracasado con los objetivos planteados originalmente. Al mismo tiempo, desde un punto de vista liberal se defiende una concepción totalmente opuesta a la predominante. Los liberales consideran que nadie tiene derecho al inicio del uso de la fuerza — que también se puede llamar agresión — contra otras personas o su propiedad. Esto es el llamado principio de no agresión. Todos los ejemplos mencionados en el párrafo anterior representan el  inicio del uso de la fuerza para alcanzar el fin que se propone el estado, y en consecuencia, una violación al principio de no agresión.El teórico político Murray Rothbard explica en su libro El Manifiesto Libertario el fundamento de este principio:

Específicamente, mientras que el comportamiento de las plantas y, al menos, el de los animales inferiores está determinado por su naturaleza biológica o quizá por sus “instintos”, la naturaleza humana es tal que cada individuo debe, para poder actuar, hacer una elección de sus fines y utilizar sus propios medios para alcanzarlos. Puesto que carece de instintos automáticos, cada hombre debe  prender acerca de él y del mundo, utilizar su mente para seleccionar valores, aprender sobre causas y efectos, y actuar con todo sentido para mantenerse y prolongar su vida. Los hombres pueden pensar, sentir, evaluar y actuar sólo como individuos, y en consecuencia, resulta vitalmente necesario para la supervivencia y prosperidad de cada uno que sea libre de aprender, elegir, desarrollar sus facultades y actuar según su conocimiento y sus valores. Éste es el camino necesario de la naturaleza humana; interferir o lisiar este proceso usando la violencia va profundamente en contra de lo que es necesario por la naturaleza del hombre para su vida y prosperidad. La interferencia violenta en el aprendizaje y las elecciones de un hombre es, por lo tanto, profundamente “antihumana”; viola la ley natural de las necesidades del hombre.

Considerando esto, podemos concluir fácilmente que no vivimos en un entorno libertario. Nos encontramos de forma constante con obstáculos que no nos permiten desarrollar nuestras vidas en libertad, no podemos optar libremente los medios que deseamos utilizar para alcanzar nuestros fines. Estamos, todo el tiempo, ante la interferencia “antihumana” sobre la que escribe Rothbard, y por eso es absurdo aplicar los principios de justicia según un libertario en un contexto intervencionista.

Alcira no tuvo todas las oportunidades que podría haber llegado a tener en una sociedad libre, ni de sustentarse por sus propios medios, ni de ser ayudada de forma voluntaria. La primera puede ser explicada por la cita de Rothbard. Las oportunidades que podría llegar a tener Alcira se ven distorsionadas por los obstáculos que pone el estado en su constante interferencia con la elección libre de medios y fines. La segunda, la imposibilidad de ser ayudada voluntariamente para superar su situación de necesidad, es consecuencia de la primera. O desde otro punto de vista, se ve distorsionada por el objetivo último del estado de bienestar (que es, recordemos, proveer bienestar). La consecuencia de cuando el estado asume la responsabilidad de garantizar el bienestar de la población, es convertir el poder social en poder político, algo que explicó de forma precisa el autor estadounidense Albert Jay Nock:

Podemos tener una medida aproximada de esta atrofia general por nuestra propia disposición cuando se nos acerca un mendigo. Hace dos años podríamos inclinarnos por darle algo; hoy nos inclinamos por mandarle a la oficina de atención del Estado. El Estado ha dicho a la sociedad: “O no estáis ejerciendo poder suficiente para atender a la emergencia o lo ejercéis en una forma que pienso que es incompetente, así que confiscaré vuestro poder y los ejerceré a mi gusto”. Así que cuando el mendigo nos pide un cuarto, nuestro impulso es decir que el Estado ya nos ha confiscado nuestro cuarto en su beneficio y que debería ir al Estado a por él.

Una vez generada esta dependencia por parte del estado, ¿es justo creer que ella debía asumir responsabilidad por sus hijos cuando durante toda la vida le dijeron que el estado debía hacerlo por ella? ¿Puede el estado alegar el abandono de persona, cuando el mismo estado se había comprometido a asistirla (como se comprometen con todos)?, o en su defecto, ¿se puede concebir algún tipo de responsabilidad de la mujer por la muerte de su hija cuando el estado obstaculiza el desarrollo de la protagonista de nuestra historia hipotética interfiriendo en su libertad?

Este ejercicio de pensamiento nos deja una conclusión clara, y que muchas veces es pasada por alto por todos aquellos que desean avanzar y difundir la idea de una sociedad libre. La aplicación de conceptos liberales o libertarios, en un contexto donde han habido víctimas claras de la intervención estatal debe ser prudente. Es necesario primero identificar si la situación que estamos presenciando es una situación que se podría haber dado en un entorno de libertad, ante un mercado liberado, o si estamos ante una situación que fue generada artificialmente por el estado. Antes de exigir conductas responsables a la gente, es necesario primero eliminar las políticas que incentivan la irresponsabilidad. Nunca una situación injusta puede generar una injusticia adicional, pero tampoco podemos esperar resultados propios de una sociedad libre mientras vivamos bajo la atenta mirada del Leviatán.

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