AFIP sin límites

Que la Administración Federal de Ingresos Públicos, la agencia recaudadora de impuestos ahora devenida en policía política,  no respeta ninguna de las garantías constitucionales, ni los derechos que reconoce la Constitución Nacional, no es ninguna novedad para nadie que sea habitual lector nuestro, sin embargo lo que puede llegar a sorprender es que la propia AFIP en un comunicado oficial reconociera esta actitud que mantiene frente a los límites al poder que le impone la Constitución. Así fue, la AFIP afirmó en un comunicado de prensa blanqueando ante la sociedad que no encuentra limitación alguna en ninguna norma legal, incluida la Constitución Nacional. Al mismo tiempo, reconoció que el único límite que tiene para adentrarse en la vida de la gente es el grado del avance tecnológico  de vigiliancia, para mantener bajo su control las actividades de los ciudadanos:

La medida se enmarca dentro de los tres pilares en los que se apoya la nueva estrategia de fiscalización de la AFIP: la utilización al máximo de la tecnología disponible, la explotación centralizada de la información y los controles tanto “ex-ante” como en línea de las operaciones.

Comando General de la AFIP

La impunidad que existe entre los funcionarios del gobierno actual es de tal magnitud que no dudan en reconocer que no hay limites. Esta no es la primera vez que sucede, en su momento el predecesor de Axel Kiciloff y actual diputado de la nación, Roberto Feletti, sostuvo que “ganada la batalla cultural contra los medios, y con un posible triunfo electoral en ciernes, no tenés límites”, otro más que no tenía vergüenza en admitir su desprecio por la Constitución.

Esto no es una novedad, la sola idea de que exista un “proyecto nacional y popular” en contraposición al nombre que suelen recibir las presidencias, que es el de “Administración”, deja establecido que se apartan sin problemas del proyecto constitucional, para adoptar uno propio que no comprende de límites. El triunfo de las facciones, diría James Madison. Al mismo tiempo hay que hacer una aclaración, esto no es exclusividad de este gobierno, más bien es una patología crónica de cada uno de lo gobiernos que hubo en el país, desde tiempos inmemoriales.

Como hasta los que ostentan el poder lo admiten, la Constitución Nacional es letra muerta. Peor aún, los jueces encargados de testear la constitucionalidad de las leyes, en la mayoría de los casos, abandonaron ese objetivo en un contexto donde una decisión contraria a la voluntad del poder ejecutivo puede repercutir en su carrera judicial. La cantidad de denuncias acumuladas para ser resueltas en el Consejo de la Magistratura ponen a los jueces al vilo de la destitución, así perdiendo cualquier tipo de independencia cuando tienen que entender en las causas que les importan a sus verdugos. Además de estos mecanismos, el gobierno ha reforzado su dominio sobre el Poder Judicial, a través de determinados jueces adictos. El primer ejemplo de esto es el juez federal Norberto Oyarbide, en cuyo juzgado recaen, como si fuese automático, todas las causas sensibles al gobierno nacional.

La manera en la que se ha promovido la negación de los límites que impone la Constitución nos lleva a pensar si realmente vale la pena darle relevancia a la Constitución vigente, y gastar valiosos recursos en este asunto.

Para algunos estas conductas pueden ser indicios de que con una Constitución que avale claramente sus acciones, se radicalizaría el estado policial y planificador de la economía,  y acciones hoy inconstitucionales podrían ser legitimadas por una modificación del texto. Otra lectura de la misma situación puede llevarnos a la conclusión que la importancia del contenido de una Constitución es menor del que se cree, ya que en la práctica en ningún período de la historia la Constitución funcionó como limitación a los poderes del estado, y desde cada gobierno se instrumentaron diversas  maniobras para sobrepasar los frenos y contrapesos. Darle un supuesto carácter de “temporal” al impuesto al cheque, o el impuesto a las ganancias, la delegación de poderes y las leyes de emergencia económica, son algunos de los ejemplos de los recovecos legales que encontraron para violar la Constitución. Ni hablar de las otras medidas que alevosamente, y bajo ningún disfraz, ignoran el coto al poder que supone la ley suprema.

Mientras en la AFIP sueñan con utilizar el poder máximo que les permita rastrear e investigar a cada ciudadano como si fuesen los directores de The Truman Show, los políticos oficialistas buscan allanarle el camino a la nueva policía política disfrazada de agencia recaudadora de impuestos, para que sin freno alguno, puedan decir claramente, y avalados por la ley, “vamos por todo”.

El dilema está planteado, la inevitabilidad del crecimiento del estado parece un hecho, y la futilidad de las constituciones parece otra realidad. Solo resta por decidir, si conviene luchar para defender un librito que ha sido ignorado durante 159 años, o si es preferible exponer las conductas inmorales del estado y esperar a que la gente se canse de ser parte del rebaño, y no solo diga basta, sino que haga algo para detenerlos.