No hay escape.
Todo dicho. PAGAR ES LA ÚNICA OPCIÓN. No hay juicio justo, no hay presunción de inocencia, no hay objeción de conciencia. Como la mafia, pero por lo menos la mafia quiere que te vaya bien.
«Les vamos a cortar las tarlipes si hablan» – AFIP Dixit
Cuando un ciudadano tiene un problema patrimonial con otro, por ejemplo una deuda o un incumplimiento de contrato, éste debe acudir a la justicia, pasar por un proceso bastante extenso y burocrático, donde el demandado puede defenderse, presentar pruebas, llamar testigos, plantear una estrategia, etc, etc. La situación tiene tres posibles desenlaces:
a) Gana el demandado. No se pudo comprobar que la deuda fuera tal. El demandante paga las costas del juicio.
b) Gana el demandante. La deuda es probaba legítima y el demandado deberá pagarla, así como también las costas. Puede hacerse un plan de pagos o, en caso de negarse, proceder legalmente sobre el remate de bienes actuales o futuros (un porcentaje del salario), hasta que la deuda quede saldada.
c) Se llega a un acuerdo, en el que probablemente el demandado deba desembolsar una suma en uno o varios pagos.
Lo que tienen en común las tres posibilidades, es que en ninguna el demandado es forzado a cesar su actividad económica. A lo sumo pueden congelarse algunos assets económicos, a fin de que el demandado no se insolvente a propósito para no pagar.
¿Cómo es posible que cuando se trata de un problema patrimonial entre un ciudadano y el estado, la situación sea completamente diferente, como podemos ver acá?
1 – No existe instancia judicial. El inspector es Fiscal, Juez, Jurado y Verdugo. No se pueden presentar pruebas ni justificaciones.
2 – La sentencia es inmediata.
3 – Se prohíbe a la parte «demandada» (en realidad, patoteada) seguir ejerciendo su actividad económica.
Esto no pasa solamente en Argentina, es mundial, y creo que necesitamos un psiquiátrico grande como el sistema solar para meternos a todos ahí adentro.
¿Cómo no nos llama la atención este delirio? ¿Cómo podemos considerarnos libres, si una facción, un grupúsculo de personas puede accionar contra nosotros legalmente de una forma que nosotros jamás podremos accionar?
Si somos iguales ante la ley, el estado también es igual. Por lo tanto, debería respetar los procedimientos:
1 – Avisar sobre la situación y sobre la demanda sobre supuesta «evasión» fiscal.
2 – Presentar las pruebas necesarias de que esos supuestos comerciantes estaban pagando menos impuestos que los debidos, desde cuándo y cuál sería el monto exacto. Por ejemplo, pruebas de que hace un mes o hace un año el local tenía el mismo tamaño, cuáles eran los precios, cuáles eran los costos y cuál sería la diferencia que se está «adeudando».
3 – Permitir que el tipo presente sus contra pruebas, testigos, etc. etc.
4 – Evidentemente el tipo no está intentando hacerse insolvente. En caso de que esté en una «categoría equivocada» y que eso se pueda comprobar en el momento, podría simplemente rectificarse el detalle, ponerlo en la categoría correcta, y que siga operando como siempre.
Hoy por hoy se asume que una persona debe pagar impuestos, y que no pagar es ser un pecador. Además, el estado tiene el poder total de cambiar cualquier regulación y dejarte en off-side. Finalmente, el fisco tiene la potestad de actuar de hecho sobre tu patrimonio. Y pueden llegar a dejarte arbitrariamente en la calle. Ya sea porque te tocó o porque dijiste algo que al funcionario de turno no le gustó.
Mientras esa discrecionalidad exista y la facción gobernante pueda dejarte sin techo y sin comida, no puede haber libertad.
Que la Administración Federal de Ingresos Públicos, la agencia recaudadora de impuestos ahora devenida en policía política, no respeta ninguna de las garantías constitucionales, ni los derechos que reconoce la Constitución Nacional, no es ninguna novedad para nadie que sea habitual lector nuestro, sin embargo lo que puede llegar a sorprender es que la propia AFIP en un comunicado oficial reconociera esta actitud que mantiene frente a los límites al poder que le impone la Constitución. Así fue, la AFIP afirmó en un comunicado de prensa blanqueando ante la sociedad que no encuentra limitación alguna en ninguna norma legal, incluida la Constitución Nacional. Al mismo tiempo, reconoció que el único límite que tiene para adentrarse en la vida de la gente es el grado del avance tecnológico de vigiliancia, para mantener bajo su control las actividades de los ciudadanos:
La medida se enmarca dentro de los tres pilares en los que se apoya la nueva estrategia de fiscalización de la AFIP: la utilización al máximo de la tecnología disponible, la explotación centralizada de la información y los controles tanto “ex-ante” como en línea de las operaciones.
Comando General de la AFIP
La impunidad que existe entre los funcionarios del gobierno actual es de tal magnitud que no dudan en reconocer que no hay limites. Esta no es la primera vez que sucede, en su momento el predecesor de Axel Kiciloff y actual diputado de la nación, Roberto Feletti, sostuvo que «ganada la batalla cultural contra los medios, y con un posible triunfo electoral en ciernes, no tenés límites», otro más que no tenía vergüenza en admitir su desprecio por la Constitución.
Esto no es una novedad, la sola idea de que exista un «proyecto nacional y popular» en contraposición al nombre que suelen recibir las presidencias, que es el de «Administración», deja establecido que se apartan sin problemas del proyecto constitucional, para adoptar uno propio que no comprende de límites. El triunfo de las facciones, diría James Madison. Al mismo tiempo hay que hacer una aclaración, esto no es exclusividad de este gobierno, más bien es una patología crónica de cada uno de lo gobiernos que hubo en el país, desde tiempos inmemoriales.
Como hasta los que ostentan el poder lo admiten, la Constitución Nacional es letra muerta. Peor aún, los jueces encargados de testear la constitucionalidad de las leyes, en la mayoría de los casos, abandonaron ese objetivo en un contexto donde una decisión contraria a la voluntad del poder ejecutivo puede repercutir en su carrera judicial. La cantidad de denuncias acumuladas para ser resueltas en el Consejo de la Magistratura ponen a los jueces al vilo de la destitución, así perdiendo cualquier tipo de independencia cuando tienen que entender en las causas que les importan a sus verdugos. Además de estos mecanismos, el gobierno ha reforzado su dominio sobre el Poder Judicial, a través de determinados jueces adictos. El primer ejemplo de esto es el juez federal Norberto Oyarbide, en cuyo juzgado recaen, como si fuese automático, todas las causas sensibles al gobierno nacional.
La manera en la que se ha promovido la negación de los límites que impone la Constitución nos lleva a pensar si realmente vale la pena darle relevancia a la Constitución vigente, y gastar valiosos recursos en este asunto.
Para algunos estas conductas pueden ser indicios de que con una Constitución que avale claramente sus acciones, se radicalizaría el estado policial y planificador de la economía, y acciones hoy inconstitucionales podrían ser legitimadas por una modificación del texto. Otra lectura de la misma situación puede llevarnos a la conclusión que la importancia del contenido de una Constitución es menor del que se cree, ya que en la práctica en ningún período de la historia la Constitución funcionó como limitación a los poderes del estado, y desde cada gobierno se instrumentaron diversas maniobras para sobrepasar los frenos y contrapesos. Darle un supuesto carácter de «temporal» al impuesto al cheque, o el impuesto a las ganancias, la delegación de poderes y las leyes de emergencia económica, son algunos de los ejemplos de los recovecos legales que encontraron para violar la Constitución. Ni hablar de las otras medidas que alevosamente, y bajo ningún disfraz, ignoran el coto al poder que supone la ley suprema.
Mientras en la AFIP sueñan con utilizar el poder máximo que les permita rastrear e investigar a cada ciudadano como si fuesen los directores de The Truman Show, los políticos oficialistas buscan allanarle el camino a la nueva policía política disfrazada de agencia recaudadora de impuestos, para que sin freno alguno, puedan decir claramente, y avalados por la ley, «vamos por todo».
El dilema está planteado, la inevitabilidad del crecimiento del estado parece un hecho, y la futilidad de las constituciones parece otra realidad. Solo resta por decidir, si conviene luchar para defender un librito que ha sido ignorado durante 159 años, o si es preferible exponer las conductas inmorales del estado y esperar a que la gente se canse de ser parte del rebaño, y no solo diga basta, sino que haga algo para detenerlos.
Mañana Martes 7 de Agosto a las 13.00, el Partido Liberal Libertario va a clausurar la AFIP una vez más para festejar que se terminaron de pagar los impuestos al estado. Invitan a todo el mundo a participar de esta sana actividad, donde habrá fajas de clausura para todos y micrófono abierto para decirle a los chorros lo que tengas ganas.
Vení, bailá!
El lugar: La sede de la AFIP en Hipólito Yrigoyen, a pasitos de Plaza de Mayo. Donde esté el quilombo, mandate!
El otro día mientras descansaba en casa, me llama mi hermana por teléfono avisándome que en TN estaban cubriendo la protesta realizada por el Partido Liberal Libertario, en la cual vendieron dólares en la calle Florida. Más allá de la nota en sí, luego se pusieron a leer un folleto entregado en la calle, en el cual hicieron un Nolan Chart para saber la filiación política de la gente.
Recorté partecita del video sacado de la misma página de TN:
Palabras Más Palabras Menos, sos un tarado
Cuando se ponen a leer el Nolan Chart, empiezan a reírse al decir que es muy bizarro el folleto. Por ejemplo, al hablar de la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad, o que los ciudadanos deben poder gestionar su propia jubilación. Lo que Zlotowiazda y Tenembaum están diciendo entre líneas, es básicamente que sos un idiota. Es decir, para ellos, la obligatoriedad del cinturón de seguridad o el casco no haría falta, porque ellos son más inteligentes que el resto y les resulta obvio que se deben usar. Pero como todos los demás son unos incapacitados para razonar, es importante que se imponga una norma como esta. Además malinterpretan el mensaje pensando que en el PL están en contra del uso del cinturón de seguridad o del casco. Pero esto no es así, hay muchas alternativas a una ley impuesta desde el congreso, como puede ser que te lo exija tu compañía de seguro so pena de no indemnizarte en caso de accidente.
Con el tema de la jubilación pasa algo parecido. Casi seguro, y más sabiendo que se la pasan haciendo análisis político-económicos Zloto y Tenembaum deben tener el camino a su retiro más o menos encaminado. O sea, la jubilación estatal bien gracias; me juego la computadora en la que estoy escribiendo que no es la única fuente de ingresos que tendrán, y que de hecho ahora están formando una cartera de inversiones de diferente tipo con la cual podran vivir en serio en su vejez y no depender de las migajas que te tire el estado futuro. Pero de nuevo, los demás son imbéciles e idiotas, y como no les da la cabeza como a ellos para pensar en su futuro, les mienten diciendo que no se van a tener que preocupar, para después agarrarse la cabeza cuando llegue la hora de la verdad. Te dan un paracaídas que no abre, y te tiran del avión. Podrían educar un poco, dar opciones de jubilaciones, asesorar en inversiones a largo plazo, pero no, eso es para ellos, los inteligentes. Para la gente de a pie, a mendigar al gobierno de turno. Deberían advertirle a los conductores del programa que tener un salvavidas de plomo pensando que funciona es peor que no tener nada. El primer caso te hace confiar y olvidarte del tema. Con la segunda opción, vas a tener que usar parte de tu tiempo para prever un accidente y cómo salvarte o sufrir los menores daños posibles.
Por otro lado no veo por qué están en contra por ejemplo del postulado que pide que no se regulen los contenidos de radio y televisión. Me imagino que ellos ya estarán pensando cómo acomodarse con el AFSCA el día que TN no les de más espacio o que la señal tenga que ser liquidada por la ley de medios. Lo mismo pasa con las empresas y los subsidios. Pensé que gente de pensamiento tan sensible con la pobreza no estaría de acuerdo con subsidiar empresas con dinero de impuestos que paga la gente que apenas tiene para comer.
Si bien caen en los lugares comunes en los que cae comunmente el progresismo local, el mensaje subyacente es siempre el mismo. Lo que Hayek denominaba la Fatal Arrogancia. Ellos saben mejor que nadie lo que es bueno para ellos y para el resto, pero los demás son incapaces. Los demás se tienen que conformar con el plan B que ellos pensaron. No te tienen que dar la opción de tener tu propio plan, no, eso es para ellos y una elite elegida.
Por supuesto que esto nunca te lo van a decir. ¿Cuánto puede durar hablando una persona cuyo discurso es tal que considera a los demás como inferiores que deben obedecer y dejarse llevar por una elite? Esta arrogancia la tienen también los legisladores que prohíben la sal, el alcohol, que ponen horarios de salidas, etc. Pero de nuevo, ¿cuánto durarían sus carreras políticas si dijeran abiertamente en las campañas que te van a tratar de imbécil?
Por mi parte no tengo más que palabras de felicitación y aliento para la gente del PL, que se animó a salir a la calle a enfrentar a la policía y a los inspectores de AFIP para defender los valores de la Constitución de 1853.
Como dijo alguna vez Mohandas Ghandi:
«Primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, entonces ganas.»
El Partido Liberal Libertario parodió la publicidad de la AFIP donde los impuestos, pese a su naturaleza coercitiva, son simpáticamente mostrados como virtuosos y necesarios para nuestro desarrollo. Aquí la nueva versión, algo más realista con los privilegios de la clase política a la que en su mayoría sustentan:
En momentos que se crítica a la juventud que no trabaja, donde se crítica la falta de la cultura del trabajo la AFIP, para satisfacer su voracidad insaciable, desalentará la contratación de menores de 18 para trabajar:
Más controles de edad. La AFIP ampliará sus controles y verificará la edad de los empleados dependientes que según sus empleadores son menores de 18 años, eludiendo con ello cumplir con la determinación e ingreso de los aportes y contribuciones a la seguridad social, de acuerdo con las previsiones de la Ley N° 24241. Se trata de controles a empleadores que no informaron la mayoría de edad de sus empleados. Los desvíos detectados recibirán tratamiento de evasión y generarán fiscalizaciones a los contribuyentes involucrados. El objetivo es proteger el empleo y la evasión de los aportes con destino a los distintos subsistemas de la seguridad social, informaron desde la Administración.
¿El objetivo es proteger el empleo? Extraña manera de hacerlo: obstaculizándolo.
[FUENTE]
Como venimos diciendo desde este espacio, la mayoría de las veces los impuestos, que muchos suponen el arma justiciera de la redistribución de la riqueza, terminan perjudicando a los sectores que menos recursos tienen para afrontarlos. De movida, el impuesto al valor agregado con el que están gravados los productos hace que las personas de escasos recursos, cada vez que adquieren algo deban pagar una suma que bien podrían utilizar para comprar otros bienes o para tener un mínimo ahorro para los días siguientes, dado que nada les sobra.
Ahora no basta con eso, sino que con el pretexto de «ingresar en la formalidad» ciertos negocios marginales surgidos de la pobreza y la increíble transferencia forzada de riquezas que fue la crisis de 2001, comenzarán a cobrar impuestos a la cadena de trabajo de la que forman parte los cartoneros.
De acuerdo a datos preliminares, actualmente la AFIP estima que hay unos 300 acopiadores (empresas que compran material a reciclar) y unos 15.000 recolectores (cartoneros) estimando unos 5.000 cartoneros que trabajan en el ámbito de la Capital Federal.
Los acopiadores cuando reciban la mercadería de los cartoneros o recoletores deberán registrar en ese formulario de venta los datos personales, DNI y domicilio. Además, deberán ser personas mayores de 18 años como una manera de evitar el trabajo infantil. Con la intención de evitar «trampas» el recolector no puede ser empleado registrado de la empresa que compra los materiales.
En el caso de que el acopiador no esté inscripto el comprador deberá retenerle el 21% de IVA y el 20% de Ganancias. Estos montos disminuyen notablemente cuando la actividad está formalizada a 10,5% de IVA y un 4% de Ganancias.
Recién a partir del 1 de octubre los acopiadores deberán registrar las ventas y a partir del 26 de noviembre estarán obligados a remitir, una vez por mes, los comprobantes de ventas a la AFIP. Echegaray reconoció que seguramente al principio necesitarán de la asistencia de un contador para cumplimentar el envio de la información.
Los acopiadores, que por lo que indica el artículo y el propio Echegaray no son grandes empresarios (de hecho ahora ni siquiera cuentan con contadores) entrarán en el laberinto burocrático e impositivo que sin lugar a dudas producirá multas a más de uno cuando no puedan cumplir con la normativa o con los datos que le sean solicitados. Esta medida dificulta claramente el trabajo a los acopiadores, lo que repercutirá sin lugar a dudas en el trabajo de los cartoneros, que lo que necesitan es que su trabajo sea ágil y que puedan cobrar fácilmente sin que les retengan nada por su trabajo (que ya suficientes dificultades presenta como para que le sigan imponiendo trabas).
A diferencia de lo que muchos piensan, los impuestos perjudican más a los pequeños emprendedores y asalariados que a las grandes multinacionales y las grandes empresas locales. Estas últimas, tienen la espalda financiera como para tener los impuestos en regla, y poder afrontar los costos laborales en los que incurren al contratar personal calificado, además de contar con un ejército de contadores y abogados que analizan y hacen cumplir las normativas en forma adecuada, teniendo acceso también a todos los mecanismos para descontarse cargas y cuándo no, trasladar los mayores costos a los precios. Los pequeños emprendedores (sea un peluquero, un almacenero, el librero, el kioskero, etc) ven en su camino cantidad de trabas para poder trabajar y para poder dar trabajo, que hace que muchas veces su ímpetu emprendedor termine aplastado por la burocracia, privándose de su proyecto, lo que priva de productos a los consumidores y de nuevos puestos de trabajo (tan necesarios) al mercado laboral.
Como si no fuera suficiente con el impuesto inflacionario, los pobres suman un nuevo impuesto que pagar.
Alguna vez escuché a alguien la frase:
Si un grupo de personas viene a quitarte el fruto de tu trabajo amenazando el uso de la fuerza, por iniciativa propia, llamamos a la situación ROBO. Si un grupo de personas viene a quitarte el fruto de tu trabajo amenazando el uso de la fuerza, invocando al estado, lo llamamos COBRO DE IMPUESTOS.
Para nosotros el algo normal asociar el cobro de impuestos con un acto violento, pero observamos que mucha gente tiene al pago de impuestos tan incorporado y arraigado a su vida cotidiana, que ya no se da cuenta de la violencia ejercida en la situación. El cobro de impuestos es, en su más pura esencia, violento. La gente no estaría dispuesta a entregar el fruto de su trabajo sin ninguna contraprestación a cambio, si no mediaran el uso de la fuerza y la amenaza de pérdida de la libertad. Excluyo de esta situación la provisión de servicios de seguridad, justicia y mínimo gobierno indispensable (por ahora) para la vida moderna en sociedad, donde claramente recibimos una contraprestación.
Si partimos de la base que para el cobro de impuestos, estamos ejerciendo la violencia (movilizamos agencias, policías, quitas unilaterales del patrimonio), es fácil ver entonces cómo cada vez que pedimos incentivos a una actividad, subsidios de tal o cual tipo para cierto sector, fomento de ciertos intereses que vemos con buenos ojos, medios de transporte para una ciudad distante, estamos pidiendo que se ejerza la violencia sobre los 40 y pico millones de habitantes del país, para satisfacer una necesidad o interés propio.
Siempre, repito, siempre, tenemos una alternativa de financiación de nuestros intereses en forma privada y pacífica. Donde los aportes se realizan por genuino interés y a veces, con aportes importantes de empresas que creen que un aporte a una causa «justa» sería visto con buenos ojos por sus consumidores. Claro que para movilizar la causa privada, es necesario organizarse, juntar gente afín (cada vez más fácil gracias a la tecnología), trabajar, y aportar gran parte de nuestro tiempo libre para lograrlo. Todas las causas son «justas» si nos ponemos en los zapatos del interesado, pero así como es justa para esta persona (o grupo de personas) es totalmente injusta con el resto de la población, que se ve violentada para contentar a un pequeño grupo de interesados y cuyos resultados probablemente no lleguemos a ver en vida.
A partir de ahora, cada vez que pidas aumentar o movilizar impuestos, estoy seguro que no te va a costar tanto visualizar la violencia detrás del pedido, y eso te lleve a movilizarte de otra forma. A encontrar maneras nuevas y más creativas. Pero por sobre todas las cosas, pacíficas.
Hace unos días preguntaba dónde vamos a poner el límite. Se ve que en ningún lado.
Mientras los patrimonios de la gente que vive de la política se sigue engrosando a costa del fruto de nuestro trabajo, mientras los empresarios amigos del poder facturan tranquilos al amparo de las protecciones y las exenciones, la AFIP prepara un megaoperativo para amedrentar y saquear a 13200 monotributistas.
Acordate que dentro de estos 13200 monotributistas no hay una horda de delincuentes sanguinarios; pensá que podría ser tu peluquero, el almacenero de la esquina, la librería del barrio, la heladería que te hace el delivery, el pibe que te arregla la computadora o el contador que te asesora de vez en cuando.
Y mientras arruinan la vida y el medio de vida de tanta gente, Aerolíneas Argentinas sigue perdiendo plata, regalan «créditos» para comprar chucherías (autos nuevos, LCD 40»,…) con la plata de gente que muy probablemente nunca pueda adquirirlas, regalan decodificadores de TV digital para ver 4 canales que se terminan vendiendo a 700$ en mercadolibre, la SIDE sigue pinchando teléfonos y usando gastos reservados.
Comentarios recientes