Cómo el liberalismo puede ayudar a los pobres

El siguiente es un artículo escrito por Matt Zwollinski, profesor de filosofía de la Universidad de San Diego,  en el cual desde un punto de vista libertario aborda el tema de la pobreza, el artículo fue publicado originalmente en el site del Partido Liberal Libertario:

Todo el mundo sabe que los liberales libertarios son codiciosos capitalistas que están a favor de maximizar las ganancias por sobre todas las cosas. “El impuestos es un robo” se  quejan ellos, pero la explotación a las clases trabajadores no les genera un escándalo moral similar. Los libertarios, todo el mundo sabe, sólo se preocupan por los ricos en detrimento absoluto de los pobres y vulnerables.

Pero todo el mundo está equivocado.

La razón de esta idea, falsa, por supuesto, surge de la oposición de los liberales a las políticas de gobierno que comúnmente se piensa que benefician a los pobres y a las clases más bajas. Los liberales libertarios se oponen a los impuestos redistributivos, se oponen al salario mínimo, se oponen a las regulaciones de seguridad laboral, a las leyes antimonopolio, y muchas otras restricciones sobre las empresas. Pero nada de esto significa que los liberales sean indiferentes a la situación de los pobres. Después de todo, cuando te preocupa algo no quiere decir que querés que el gobierno se haga cargo de eso.

La gente comete tres errores importantes a la hora de pensar en el liberalismo y los pobres.

El primer error es creerle al gobierno cuando afirma que sus políticas están destinadas a ayudar a los pobres. Casi nunca lo están. La mayor parte de las medidas redistributivas y subsidios benefician a los grupos de interés que tienen poder político, no a los económicamente vulnerables. La mayoría de las regulaciones al mercado son, paradójicamente, para el beneficio de las propias empresas. Regular eleva el costo de hacer negocios, y de esa manera establece barreras de entrada que benefician a las grandes empresas existentes a expensas de sus competidores de menor tamaño. Las licencias, por ejemplo, ya sean para médicos, abogados o taxistas, nunca son forzadas contra una industria que rechaza su implementación por parte de los reguladores. Más bien, son activamente buscadas por los miembros ya establecidos de la profesión, ansiosos de aislarse de potenciales competidores. Y los políticos están siempre dispuestos a atender esos intereses de los económicamente poderosos. Los liberales, en contraste, creen en los mercados libres, y los mercados verdaderamente libres son los enemigos de las grandes empresas.

El segundo error es confundir intenciones con resultados. Incluso si las políticas gubernamentales estuviesen destinadas a beneficiar a los pobres, tendríamos buenas razones para predecir que fracasarán. Las buenas intenciones suelen producir consecuencias indeseadas. El aumento de las normas de seguridad en los aeropuertos puede llevar a más familias a viajar por un método mucho más peligroso, como es conducir, y así dar lugar a un mayor número de muertes. Las leyes que limitan los aumentos de precios en artículos de primera necesidad luego de algún desastre natural llevan a que menos de esos productos se ofrezcan en el mercado y la gente tenga que sufrir aún más sin ellos. Los rescates y créditos del gobierno a empresas ineficientes alientan a que más empresas sean ineficientes. Consecuencias perversas de este tipo nos sorprenden, pero no deberían. La sociedad es un sistema dinámico y complejo. Los políticos carecen tanto de los conocimientos como de incentivos para hacerle frente a los problemas que surgen en ella de manera eficaz. Los liberales proponen tratar con esos problemas descentralizando la toma de decisiones a los individuos, que son libres de tomar decisiones basadas en sus conocimientos, y sus circunstancias particulares. Los individuos y las empresas deben aprovechar los beneficios de las buenas decisiones, y pagar los costos de sus propias decisiones, cuando éstas no son buenas.

El último error es pensar que la preocupación por las regulaciones y los impuestos son el único rasgo que define al liberalismo. Al liberalismo le importa la libertad individual, y mientras que la libertad económica es una parte de ella, no lo es todo. Es cierto que los liberales creen que una mayor libertad económica beneficiaría a los pobres, pero muchas de sus reformas no económicas tendrían un impacto aún mayor. Poner fin a la guerra contra las drogas, por ejemplo, beneficiaría de forma desproporcionada a las familias pobres que viven en barrios destruidos por la violencia de las bandas creadas por la criminalización de las drogas, o a aquellos que carecen de recursos financieros y sociales para mantener a sus hijos fuera de la prisión por delitos cómo la tenencia simple.

Finalmente, los libertarios son prácticamente únicos en el espectro político por su coherencia a la hora de defender la libre circulación de bienes, pero también de personas, la inmigración. La preocupación por los pobres no debe detenerse en las fronteras de una nación, una de las maneras menos onerosas (y más efectivas) que podemos hacer para ayudarlos es aceptarlos cuando buscan un mejor trabajo, y calidad de vida, en nuestro país.

Los debates acerca de las políticas y la pobreza muchas veces recaen en discusiones entre los que favorecen la responsabilidad personal por un lado, y aquellos que favorecen el asistencialismo estatal para los más necesitados en el otro. Pero si la ayuda estatal efectiva es una quimera, entonces esta opción es falsa. En efecto, si el poder del Estado se utiliza casi siempre para servir a los poderosos a expensas del los pobres, entonces nuestra verdadera elección es clara. La manera más efectiva que podemos ayudar a los más vulnerables es dejar de hacerles daño. Podríamos deberle más, pero lo primero y más importante que le debemos a los pobres es la libertad.

Matt Zwolinski es profesor asociado de filosofía en la Universidad de San Diego. Esta nota fue publicada originalmente en The Daily Caller (http://www.dailycaller.com) y es republicada con autorización.

¿Y que pasa con los pobres?

Me pasa seguido que muchas personas están de acuerdo con que nadie tiene derecho a iniciar la fuerza contra otra persona y su propiedad, o en palabras mas sencillas a vivir en una sociedad pacifica donde las interacciones sean voluntarias y no mediante violencia. También reconocen la superioridad de un mercado libre para la provisión de los bienes y servicios demandados, asignando de esa manera los recursos a donde son mas demandados y por último entienden que el respeto por los derechos de propiedad, una moneda estable y un contexto donde la iniciativa individual no este desincentivada son fundamentales para la generación de riqueza, la única receta para disminuir la pobreza.

Luego de haber acordado sobre esos puntos y procesado las consecuencias que implican aceptar los postulados mencionados anteriormente se dan cuenta que una de las funciones que el gobierno dejaría de cumplir es robarle a Pablo parte de lo que gana en su trabajo para darle a Pedro (el resultado de ese robo luego es presentado como Asignación Universal, Planes Solidarios y demás)

Una vez llegado a este punto viene un pregunta que se repite en casi todos los casos: “¿Y que va a pasar con los pobres? Si el estado no se ocupa, ¿quién se va a ocupar?

Sin dudas es una pregunta de fuerte contenido emocional, y una inquietud válida entre aquellos que no pueden concebir como sería una sociedad con una participación reducida (o nula) del Estado.  Sin embargo, el estado no siempre estuvo presente (o intentó brindar soluciones) en este área. Muchos ignoran cómo antes de que el Estado comenzara el proceso de capturar actividades que antes estaban en manos de la población civil, y de esta manera expandir su ámbito de acción, la beneficencia o caridad se proveía de manera casi o totalmente privada, lo que significaba una concepción completamente diferente de ella y consistía en un verdadero alivio de la situación de los mas necesitados y no en la creación de pobres funcionales al poder por ser dependientes de los favores políticos. En el libro “En Defensa de los Mas Necesitados” que lo pueden bajar acá hay una variada cantidad de ejemplos de la caridad en manos de la sociedad civil.

El flagelo de la pobreza sólo se resuelve con generación de riqueza… ¿y mientras tanto?

Volviendo al tema, la pregunta sobre qué va a suceder con los más pobres, asume que en la actualidad el asistencialismo estatal es efectivo y no deja que los pobres pasen hambre (no sólo es falso, sino que genera grandes distorsiones en diferentes sectores de la economía que terminan perjudicando más que ayudando a los pobres) y que en caso de que la caridad este en manos de la sociedad civil, ésta dejaría que los más necesitados mueran de hambre. En otras palabras se parte de la premisa de que “si el gobierno no lo hace, no lo va a hacer nadie.” De ser verdad, tendríamos que estar presenciando, familias estatales, iglesias estatales, clubes estatales, etc.

En definitiva, si el 100% de los que son introducidos a las ideas de la libertad están preocupados por el destino de los pobres, en una sociedad donde  el estado no le roba a Pedro para darle a Pablo,  las propuestas voluntarias para aliviar la situación de los más relegados de la sociedad van a emerger [*]. Y de hecho, hoy en dia, ante la ineficiencia del Estado en esa materia, diversas organizaciones asumieron la responsabilidad de ayudar de manera voluntaria. [1], [2], [3] y [4] entre otras.

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[*] aclaro que “donde el estado no le robe a Pedro para darle a Pablo” no es el único requisito necesario para que emergan alternativas de beneficencia privada, sino que también no debe desincentivar la iniciativa individual, u obstruir propuestas voluntarias para paliar la situación de los mas pobres, en otras palabras es necesaria  libertad completa que permita la generación de riqueza y de a su vez de estas iniciativas caritativas.

No fue Duhalde, fue Rousseau

[Publicado Originalmente en La Crisis e Filosófica – 23 de diciembre  de 2010]

Probablemente por el enorme poder que acumuló durante su gobernación en la Provincia de Buenos Aires, cada vez que ocurren hechos como los del sur de la Ciudad, todos nos miramos y pensamos : “Duhalde debe andar detrás de esto”.

Dado que estos reclamos muestran la situación de precariedad y pobreza en que vive gran parte de nuestra población, siempre son funcionales a aquéllos que quieren ver la popularidad del actual gobierno debilitada. Ergo, las pistas llevan hacia pocos lugares.

Sin embargo, viajando por el “Discurso sobre el Origen y los Fundamentos de la Desigualdad entre los Hombres de Jean Jaques Rousseau, al “cabezón” están por dictarle la falta de mérito.

Desde el punto de vista de los ocupantes –tanto del Parque Indoamericano, como del Club Albariño o los otros predios ocupados- las tomas son hechos ilegales pero consecuencia de situaciones injustas que hay que resolver y que representan una falta aún más grave que la toma misma.

Y no fue Duhalde sino Rousseau el que distinguió la desigualdad moral de la desigualdad natural (que es la que hace que vos seas rubia y yo morocho):

“… otra, que puede llamarse desigualdad moral (…) Esta consiste en los diferentes privilegios de que algunos disfrutan en perjuicio de otros, como el ser más ricos, más respetados, más poderosos, y hasta el hacerse obedecer.”

La consecuencia de esta lectura es que vos sos más rico, porque yo soy más pobre. Y si mañana Gonzalo Heredia tiene más seguidores en Twitter que “lacrisisesfilosofica” es probablemente porque se los sacó a este blog.

Entonces, cuando no tener acceso a la vivienda –mientras que otros tienen mansiones– es visto como un robo o una situación de beneficio de unos a costa de otros, el Estado que tiene que dar justicia frena y deja pasar ya que, piensa, tiene que reparar la primer situación “injusta”.

Y así es como caemos en las “políticas de vivienda”, los subsidios, y los planes de todo tipo, tamaño y color, que castigan el esfuerzo de unos en nombre de la necesidad de otros, con el objetivo de lograr la tan deseada “igualdad moral” roussoniana.

Como corolario, los principales sospechosos de coordinar las ocupaciones, como el ex-presidente, Pitu Salvatierra o Regino Acevedo, probablemente serían condenados (en un juicio que jamás existirá) como meros autores materiales.

Sin embargo, de seguirse la investigación, el autor intelectual de esta confusión de principios que termina en “usurpo porque vos me usurpaste antes” sería sin dudas el pensador francés J.J. Rousseau.


“Discurso sobre el Origen y los Fundamentos de la Desigualdad entre los Hombres”, Jean Jaques Rousseau, Página 22: http://www.policialapaz.com.ar/biblioteca/Juan%20J.%20Rousseau%20-%20Discurso%20sobre%20la%20desigualdad.pdf

Impuesto al pobre

Como venimos diciendo desde este espacio, la mayoría de las veces los impuestos, que muchos suponen el arma justiciera de la redistribución de la riqueza, terminan perjudicando a los sectores que menos recursos tienen para afrontarlos. De movida, el impuesto al valor agregado con el que están gravados los productos hace que las personas de escasos recursos, cada vez que adquieren algo deban pagar una suma que bien podrían utilizar para comprar otros bienes o para tener un mínimo ahorro para los días siguientes, dado que nada les sobra.

Ahora no basta con eso, sino que con el pretexto de “ingresar en la formalidad” ciertos negocios marginales surgidos de la pobreza y la increíble transferencia forzada de riquezas que fue la crisis de 2001, comenzarán a cobrar impuestos a la cadena de trabajo de la que forman parte los cartoneros.

De acuerdo a datos preliminares, actualmente la AFIP estima que hay unos 300 acopiadores (empresas que compran material a reciclar) y unos 15.000 recolectores (cartoneros) estimando unos 5.000 cartoneros que trabajan en el ámbito de la Capital Federal.

Los acopiadores cuando reciban la mercadería de los cartoneros o recoletores deberán registrar en ese formulario de venta los datos personales, DNI y domicilio. Además, deberán ser personas mayores de 18 años como una manera de evitar el trabajo infantil. Con la intención de evitar “trampas” el recolector no puede ser empleado registrado de la empresa que compra los materiales.

En el caso de que el acopiador no esté inscripto el comprador deberá retenerle el 21% de IVA y el 20% de Ganancias. Estos montos disminuyen notablemente cuando la actividad está formalizada a 10,5% de IVA y un 4% de Ganancias.

Recién a partir del 1 de octubre los acopiadores deberán registrar las ventas y a partir del 26 de noviembre estarán obligados a remitir, una vez por mes, los comprobantes de ventas a la AFIP. Echegaray reconoció que seguramente al principio necesitarán de la asistencia de un contador para cumplimentar el envio de la información.

Los acopiadores, que por lo que indica el artículo y el propio Echegaray no son grandes empresarios (de hecho ahora ni siquiera cuentan con contadores) entrarán en el laberinto burocrático e impositivo que sin lugar a dudas producirá multas a más de uno cuando no puedan cumplir con la normativa o con los datos que le sean solicitados. Esta medida dificulta claramente el trabajo a los acopiadores, lo que repercutirá sin lugar a dudas en el trabajo de los cartoneros, que lo que necesitan es que su trabajo sea ágil y que puedan cobrar fácilmente sin que les retengan nada por su trabajo (que ya suficientes dificultades presenta como para que le sigan imponiendo trabas).

A diferencia de lo que muchos piensan, los impuestos perjudican más a los pequeños emprendedores y asalariados que a las grandes multinacionales y las grandes empresas locales. Estas últimas, tienen la espalda financiera como para tener los impuestos en regla, y poder afrontar los costos laborales en los que incurren al contratar personal calificado, además de contar con un ejército de contadores y abogados que analizan y hacen cumplir las normativas en forma adecuada, teniendo acceso también a todos los mecanismos para descontarse cargas y cuándo no, trasladar los mayores costos a los precios. Los pequeños emprendedores (sea un peluquero, un almacenero, el librero, el kioskero, etc) ven en su camino cantidad de trabas para poder trabajar y para poder dar trabajo, que hace que muchas veces su ímpetu emprendedor termine aplastado por la burocracia, privándose de su proyecto, lo que priva de productos a los consumidores y de nuevos puestos de trabajo (tan necesarios) al mercado laboral.

Como si no fuera suficiente con el impuesto inflacionario, los pobres suman un nuevo impuesto que pagar.

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