El estado de la basura

Posted by Walter EnBloque on 19 julio 2012 in General, Política | 7 comments

Publicada originalmente por Juan Manuel Drangosch en la web del Partido Liberal Libertario

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La discusión respecto de la basura ha sido sobre si la maneja el Estado nacional o el Gobierno de la Ciudad. ¿Y sí no la maneja el Estado?

Uno de los temas candentes en la agenda del gobierno porteño es el problema de la basura. Históricamente ha sido el Estado el encargado de la recolección de residuos en las grandes ciudades, con lo cual nos pondremos a pensar un poco por fuera de la caja estatista, para encontrar soluciones de mercado a este problema.

Primero examinemos cómo funciona el sistema actual: el municipio hace una licitación, en donde una empresa (o varias, si dividimos la ciudad por zonas) es elegida y se hace cargo de la concesión del servicio. El dinero para pagarle a la empresa proviene del impuesto ABL, que está relacionado con el valor de la propiedad y no con la cantidad de basura producida por el inquilino.

 

• Problema número 1: si existiese un ciudadano que no produce un sólo gramo de basura, también está pagando por el servicio.
• Problema número 2: no hay un incentivo económico para generar menos desechos. El ciudadano que recicla, reutiliza o es más ecológico a la hora de elegir el packaging de los productos que consume, paga el mismo importe que el que produce basura indiscriminadamente.

Prosigamos. La basura acumulada por la empresa se dirige a una planta de procesamiento, donde es comprimida para ocupar menos espacio. A continuación se la envía a un basurero o relleno sanitario. Este terreno es propiedad del Estado, y su ubicación fue asignada arbitrariamente por los funcionarios de turno. El subsuelo bajo ese basurero también es de propiedad pública.

• Problema número 3: los asentamientos cercanos a los basurales sufren las externalidades negativas[1] de los sectores de la sociedad que produjeron la basura.
• Problema número 4: los ríos subterráneos o napas freáticas arrastran la contaminación, afectando el agua de los pozos cercanos e incluso los mares y ríos a mayores distancias.

Ahora analicemos cómo podría lidiar una sociedad libre con estas mismas situaciones. Para ello es necesario definir los derechos y responsabilidades de los ciudadanos. Por suerte esto es muy sencillo: alcanza con reconocer que somos dueños de nosotros mismos, del fruto de nuestro trabajo, y de los bienes y propiedades adquiridos con éste.

Uno puede comprar y acumular cosas que entren en su propiedad. Nadie le impide juntar basura en el patio (aunque ¿quién querría vivir así?). Sin embargo, el límite también lo pone el mismo derecho: no puedo tirar basura en el patio del vecino, porque eso sería una invasión a su propiedad, y por lo tanto una violación a sus derechos individuales.

Entonces, ¿qué hacemos con la basura? Por un lado, mucha gente quiere reciclar, y casi la totalidad de la población es consciente de que a mediano y largo plazo es el único camino posible, pero no empieza a hacerlo porque faltan incentivos y no están dadas las condiciones para que sea algo sencillo. Por el otro, existe una demanda de desechos recuperables (se manifiesta en la existencia del “oficio” de los cartoneros). La pregunta que hay que hacerse es: ¿qué pasaría si no fuese el Estado el que se hace cargo de la basura, y tuviesemos que pagar el costo real de disponer de nuestros residuos?

Una empresa privada con el mismo funcionamiento que el sistema estatal sería imposible, porque:

• a – el precio sería mucho más elevado que el actual, ya que el terreno utilizado para verter los residuos perdería su valor económico en un tiempo muy corto, y sería mucho más rentable destinarlo a otras actividades.
• b – la cantidad de juicios por contaminación/invasión de las propiedades aledañas haría quebrar a las empresas (recordemos que también el subsuelo y el agua que corre por debajo serían privados. Si el basural quema la basura en lugar de enterrarla, la invasión sería aérea y enfrenta los mismos problemas).

Por lo tanto, las empresas de recolección que surjan estarían obligadas, por el marco jurídico, a darle otro destino a los residuos. Podría haber empresas que:

• a – cobren el precio real de disponer la basura mezclada, y cobren un precio con descuento si desde la casa o el consorcio se entrega la basura separada (supongamos en papel/cartón, vidrio, plástico, metal, residuos orgánicos, basura electrónica).
• b – se lleven la basura gratis en caso de estar separada, porque el negocio lo harían vendiéndole esos residuos a las plantas de reutilización.
• c – le compren la basura separada a los clientes, para reciclarla ellos mismos.

Estas son sólo algunas de las soluciones que podría dar el mercado. Las posibilidades son infinitas. El método de prueba y error es el que nos dirá qué sistema es el mejor, y la Ley de oferta y demanda es la que va a decir qué tan rentable es la basura, y si preferimos perder 10 minutos diarios en separarla o gastar una fortuna al mes para que otro se haga cargo. Y la sociedad misma, conociendo estos costos, sería la que premie y castigue a las empresas que tomen las decisiones correctas a nivel packaging y distribución.

Ejemplos exitosos de negocios de este tipo hay muchos. Uno de ellos es el caso de TerraCycle, donde el joven empresario Tom Szaky se hizo millonario fabricando un fertilizante 100% ecológico, hecho mediante lombrices que se alimentan de restos de comida (en un principio provenientes de las cafeterías y restaurantes cercanos a la Universidad de Princeton, ahora a nivel global).

Como liberales libertarios creemos que el rol del Estado es abrir el juego a la creatividad y la capacidad emprendedora de los ciudadanos. Un plan de acción que podría tomarse es:

Suspensión del funcionamiento de los basureros en un plazo de, por ejemplo, 5 años.
Exención impositiva total a las pequeñas, medianas y grandes empresas del rubro recolección/procesamiento de residuos.
No podremos saber el resultado, pero tendremos la certeza de que no vamos, como ahora, a estar obligados al fracaso.

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[1]     Las externalidades son efectos indirectos de las actividades de consumo o producción, es decir, los efectos sobre agentes otros que el originador de tal actividad, y que no funcionan a través del sistema de precios.

Que el último apague la luz

Posted by Al Verdi on 2 junio 2011 in Artículos, artículos anteriores | 4 comments

Ayer, al igual que en España hace poco, el Congreso sancionó una ley nacional anti-tabaco y anti-propiedad privada. Esta ley ya la analizamos cuando fue aprobada por el Senado, el año pasado, y además nos ocupamos de la normativa que había a nivel Ciudad de Buenos Aires.

Pero no sólo esta ley fue sancionada hoy, si no que también esta semana comenzó a regir una ley que fue aprobada en el 2009 y prohíbe la venta de lamparas incandescentes.

El desprecio del gobierno por el invento de Edison no se limita sólo al nuestro, muchos otros gobiernos se han sumado a esta ola intervencionista en materia de la lamparitas.

Podría ponerme a enumerar las grandes desventajas que tienen las nuevas lamparas impuestas por el estado, algunas

de ellas son su precio (las de bajo consumo cuestan hasta un 1500% mas que las actuales), la baja durabilidad si son encendidas y apagadas muchas veces (como en el baño, por ejemplo), los gases venenosos que contienen y que en caso de romperse puede causar trastornos en la salud de bebés (mercurio), la contaminación que generan (deben tener un tratamiento especial al tirarlas), emiten ondas que generan interferencias, entre otros factores que las tornas polémicas.

Sobre el punto que quisiera hacer hincapié en este caso es uno mucho mas simple, y alejado de cuestiones técnicas (Wikipedia en  inglés, con su página de discusión y las fuentes son un buen lugar para comenzar a indagar sobre cuestiones mas del tipo técnico), se trata sobre la manera en que estas lamparas ingresan al mercado.

Las bondades que nos cuenta la clase política, y los ecologistas, sobre las lamparas fluorescentes compactas (CFL por sus siglas en inglés) son asombrosas. Parece que es una de las innovaciones mas importantes y que las CFLs llegaron para quedarse, y mejorar nuestra calidad de vida, sin embargo, hay algo que no termina de cerrar. La historia de este tipo de lamparas se remonta al siglo XIX, cunado fueron inventadas por un ingeniero americano,  y se consolidaron, desde un punto de vista técnico, casi 100 años mas tarde a mediados de la década de los 80s con las mejoras introducidas por Phillips y Osram a las mismas, es decir estas lamparitas están entre nosotros desde hace mas de 25 años y sólo con una ley van a poder masificarlas. ¿Qué implica todo esto?

Esto quiere decir que los políticos, ley mediante, están imponiendo un producto, que los consumidores a la hora de comprar lamparas eléctricas lo rechazaron. Una vez más la élite de la clase política cree estar capacitada para decidir por vos, considera que si uno no optó por comprar las nuevas CFL es porque no desprecia el medioambiente y es malo, y no por la infinidad de razones que pueden llevar a una persona a tal conclusión. Las lamparas son malas, alumbran poco, tardan en encenderse, tienen una forma poco elegante, y además son contaminantes y caras, el tan mentado ahorro que promocionan solo lo van a ver los políticos, y especialmente, este gobierno, que con tarifas de energía congeladas convirtieron este insumo en un bien mucho mas escaso de lo que es.

Si verdaderamente se quiere ahorrar energía, que la gente le de un uso mas responsable a la electricidad, y no haya faltantes debería terminarse con el socialismo energético, que por el momento los sufren las industrias que tienen que someterse a un régimen de racionalización de energía tal cual sucede y sucedía en las economías socialistas.

Una vez más los políticos se toman el trabajo de decidir que es lo mejor para vos, ¿acaso los votaste para eso?