Cafés oficiales, cultura oficial

Posted by Al Verdi on 23 mayo 2013 in Política | 0 comments

Una de las grandes noticias de la semana en el barrio de Pompeya fue la declaración de un bar de esa zona en la categoría de «Bar Notable de la Ciudad de Buenos Aires.»

La categoría de Bar Notable, según dice la Ley 35 de la Ciudad, se obtiene cuando la CPPCBBCNCBA (Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos Aires) considere a un «bar, billar ó confitería relacionado con hechos ó actividades culturales de significación; aquel cuya antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia local le otorguen un valor propio.»

Que un bar, billar o confitería sea nombrada como notable tiene efectos positivos sobre ella. Se convierte en un punto de atracción turística, se lo señaliza para destacarlo, con equipamiento urbano específico, se lo incluye en los listados y mapas de bares notables, que locales y turistas buscan visitar. En definitiva, gracias a su inclusión en la lista de bares notables una confitería aumentaría su promoción, y con ella las ventas.

 

Sin embargo, la declaracion de Bar Notable no es solo una declaración, sino que le permite al Estado, a través de la  CPPCBBCNCBA, comenzar a inmiscuirse en la forma de administrar del bar, otorgándole a dicha comisión

Ante la declaración de Bar Notable, el artículo 6 de la ley le otorga a la CPPCBBCNCBA ciertas facultades:

Artículo 6º.- Serán objetivos permanentes de la Comisión:
La elaboración y actualización de un catálogo de cafés, bares, billares y Confiterías notables en el ámbito de la ciudad y su difusión en los centros de actividad turística.

Consensuar y proponer para los bienes que se incorporen a dicho catálogo proyectos de conservación, rehabilitación o cuando correspondan restauración edilicia y mobiliaria con asesoramiento técnico especializado del G.C.B.A u otra institución.

Promover la participación de los locales catalogados en la actividad cultural y turística de la ciudad, impulsando en estos actividades artísticas acorde a sus características.

Es decir, una vez que un bar es declarado notable la CPPCBBCNCBA pasa a tener injerencia en las decisiones empresariales de los dueños de aquellos bares, y pierden el derecho a decidir, cerrar o incluso demoler el bar, si consideran que los consumidores no desean que haya más un bar allí. Este fue el caso de la confitería Richmond.

En el caso de la Richmond, al ser considerada una confitería notable, y cuya estructura, por decisión del CPPCBBCNCBA, no podía ser demolida,  ahora se encuentra en un estado de abandono, en el cuál no funciona más la confitería, y los dueños tampoco pueden llevar adelante sus planes. La situación no puede ser peor.

Los planes del gobierno para interferir o planificar en determinado sentido la vida cultural de las personas, o incluso para preservar ciertos criterios estéticos afines a quienes hoy gobiernan, representan intromisiones del estado que distorsionan la vida cultural de un toda una ciudad.

La actividad del gobierno porteño en materia de cultura ha sido muy activa. Ha estado involucrado en varios de los multitudinarios shows «gratuitos» en la Av. 9 de Julio, o en diversos parques de la ciudad. Además, se promueven concursos de bandas musicales, y la gama de eventos que auspicia tanto el gobierno local, como el nacional, es amplisima. Todo esto a costa de los pagadores de impuestos, quiénes sostienen a aquellos que fueron bendecidos por el Ministerio de Cultura. Mientras tanto, ese dinero que podría ser destinado por las personas hacia aquellas expresiones culturales con las que el Estado no comulga, son dirigdas no a los que el público elige, sino a los que tienen mejores contactos políticos.

La legislación para promover a la cultura en determinado sentido, realzando la importancia de determinados establecimientos gastronómicos, o seleccionando auspiciar ciertos eventos culturales, genera una distorsión de la escena cultural. Las cultura pasa a ser solamente la expresión de la mayoría. O mejor dicho, es elegido lo que una minoría elegida por la mayoría cree ser la expresión de la mayoría. La cultura oficial se asocia a mejores contactos políticos, y no a una mayor convocatoria o un mayor prestigio.

Al contrario de lo que debería suceder en un ámbito de libertad cultural, el Gobierno de la Ciudad, y también el el gobierno de Cristina Fernández, pretenden seleccionar expresiones culturales arbitrariamente,  forzando a los contribuyentes a financiar esos eventos.

Los defensores de las políticas culturales esgrimen dos argumentos. Por un lado, la necesidad de la protección y preservación de ciertos espacios culturales «deseables». Por otro lado, con mayor sensibilidad social, argumentan que si el Estado no subsidia y promueve actividades culturales, éstas serían menos accesibles al público en especial, en los sectores de menos recursos.

Al igual que las promesas que nunca se cumplen sobre estos planes gubernamentales, los pronósticos sobre la separación del Estado y la cultura están igual de equivocados. En primer lugar, la cultura volvería a su habitat natural, que no es aquél financiado por el estado, sino el que emerge desde lo más under, hasta que se consolida en lugares privilegiados, y se termina por popularizar.

En segundo lugar, la oferta cultural del mercado nos acerca a todos la posibilidad de escoger libremente, qué tipo de cultura queremos consumir, que  porcentaje de nuestros ingresos queremos asignarle a esos consumos, y dónde queremos hacerlo. Es decir, el mercado, a diferencia de la cultura oficial, ofrece actividades culturales de la más amplia diversidad, y para todo tipo de bolsillo.

Otro argumento contra la eliminación de cualquier tipo de régimen de promoción de actividades culturales es la idea de que sin estos subsidios, auspicios, o contrataciones por parte del gobierno, resultaría en una menor inversión cultural. La realidad es que, en el contexto que han generado el resto de las políticas del gobierno nacional, en ningún sector es atractiva la inversión, por lo cual efectivamente resultaría en menos inversión. Pero, no hay que olvidar que gran parte de la «inversión» es en realidad la financiación forzosa de todos los contribuyentes a determinados espectáculos. De está manera el gobierno decide  cuál es la mejor forma de gastar el dinero de los demás.

Como solución alternativa, de transición entre  la situación actual y una separación total de la cultura y el estado, se ha propuesto un voucher cultural. Emulando la idea de los vouchers educativos, el voucher cultural consiste en que cada argentino reciba un cheque que represente una cantidad de dinero disponible para gastar en actividades culturales.   A pesar de que pueda parecer un primer paso equilibrado, esta propuesta tiene varios problemas, el remedio termina siendo peor que la enfermedad.

La propuesta de vouchers en educación es un proceso para comenzar a descentralizar la educación, hoy totalmente centralizada desde el Ministerio de Educación, en lo relacionado a los contenidos, metodologías, precios y demás factores. A diferencia de la educación, la tendencia a la centralización de la cultura por parte del estado no ha llegado a los niveles en lo que está centralizada hoy la educación en Argentina, y en el mundo.

Aún existe una oferta cultural vibrante en la Ciudad de Buenos Aires, y la posibilidad de encontrar alternativas variadas subsiste. Implementar el sistema de vouchers implicaría una centralización de la cultura, y habilitaría al  gobierno a determinar de un modo arbitrario la designación de los espectáculos o eventos en los que podría usarse ese cheque. Y por último, sí el sistema de vouchers le asigna un presupuesto cultural a cada ciudadano, ¿por qué no dejar de cobrarle impuestos para financiar actividades culturales y dejar el dinero en manos de sus dueños legítimos?

La influencia de la política en la cultura estará siempre, la política y el estado, son parte de la realidad y esto implica que tendrán alguna influencia en la vida cultural de la ciudad, ya sea motivando o desalentando el surgimiento de expresiones culturales del momento. Pero, una cultura alrededor de puntos de partida, y de llegada, definidos por los gobiernos, deja de ser cultura y se convierte simplemente en propaganda, camuflada en algo que a lo que llamamos «cultura».

Club Social y Deportivo

Posted by Freed Man on 31 enero 2012 in Artículos, artículos anteriores, General | 11 comments

Sábado a la tarde voy a comer a un Burger King con un amigo que, al retirar el pedido, me hace el siguiente comentario: «Pedile sal y eso, porque salió la legislación esa que no le pueden poner más sal al morfi». Las papas ya venían con sal, así que no fue necesario pedir nada. Pero el solo hecho de que se nos cruce ese pensamiento es altamente perturbador.

¿Cuándo perdimos el camino? ¿Cómo dejamos que algo así pase?

El señor Salvia es dueño de un precioso local a la calle, el cual tiene disponible para concretar el sueño de su vida. Fue un laburante desde los 16 años, juntó peso sobre peso, generó diversos emprendimientos con los cuales proveyó a la sociedad con valiosos bienes y servicios (y los consecuentes e importantes «puestos de trabajo», siempre importantes en el discurso de los políticos). Ahora quiere simplemente tener un pequeño bar donde compartir dos de sus placeres más grandes: fumar y comer comidas con alto contenido de sal (unas buenas Costillitas a la Riojana, por ejemplo, con papas fritas, huevo frito y todo lo que se te ocurra).

Es así como, con dos amigos que lo acompañan en sus gustos, decide fundar el Club Social y Deportivo Amantes del Pucho y la Hipertensión. Así como hay círculos de lectura y clubes de ajedrez o fútbol, este espacio será para ofrecer, intercambiar, probar y disfrutar cigarrillos y tabacos de todo el mundo, al mismo tiempo que se sirven platos extremadamente salados.

Se corre la voz en todo el ambiente. Revistas especializadas, tiendas, foros, todos están expectantes a la inauguración de ese lugar en el cual un grupo de personas podrá compartir su pasión, conocer nuevos amigos e intercambiar interesantes anécdotas.

Salvia invierte un importante dinero en las instalaciones del local, decoración, publicidad en gráfica, contrata un cocinero y dos mozos, paga derechos de importación para ciertos tabacos específicos que vienen de fuera del país (y las consecuentes coimas a causa de las «licencias no automáticas»). Todo está listo para el puntapié inicial.

En el día de la inauguración, el local está abarrotado de gente. Vinieron todos, de Capital, de Provincia, algunos viajaron muchos kilómetros desde ciudades del interior. Pero muy pronto, un éxito absoluto se convierte en pesadilla.

Primero llega la Brigada de Control de Cuanta Gente Entra En TU Boliche. A pesar de ser un local muy espacioso, la municipalidad le dió una habilitación «Tipo C», donde pueden entrar un máximo de 300 personas. 200 personas se quedan afuera, a pesar de que tranquilamente podrían entrar y sobraría espacio. Pero al intendente qué le importa.

A continuación llegan los Inspectores por una Ciudad y un Mundo Libres de Humo. Tienen que clausurar el local por violar la ley por la cual no se puede fumar en ningún tipo de «espacio público» (notemos que este espacio es, en realidad, privado, pero con acceso libre y voluntario de personas). Salvia le explica a los inspectores la naturaleza del emprendimiento. Pero no hay caso. «La ley es la ley» y los inspectores proceden a la clausura del lugar.

Finalmente, y para cerrar la noche, cae el legislador Cabandié con una ONG (que recibe subsidios públicos), para realizar una segunda clausura, debido a la venta de comidas con alto contenido de sodio, alto contenido de grasa, por tener el salero en la mesa, por no ofrecer un menú para niños y por no tener una variante «light» en el menú. El intento de Salvia por explicarle a este muchacho las razones de eso son, nuevamente, futiles.

Al día siguiente le llegan unos representantes del Gremio de Gastronómicos, junto con los abogados y un juez, para decirle que se inicia contra él un juicio por parte del cocinero y los mozos, debido a haber sido sometidos a «condiciones de trabajo insalubres» por haber estado en un ambiente con mucho humo.

Con mucha tristeza, Salvia echa a los mozos y al cocinero y cierra el local. Pero, arma una suerte de club privado en el cual él mismo sirve de anfitrión, mozo y cocinero para algunos participantes selectos (via invitación) que colaboran con el emprendimiento donando «a voluntad» para solventar los gastos.

Unos días después, le llega una solicitud de invitación a este club firmada por el legislador Cabandié. Salvia, ya montado en cólera, le niega la invitación y la entrada. Cabandié presenta una denuncia en el INADI, y Salvia termina juzgado culpable de discriminación y una sentencia de dos años de probation y trabajos comunitarios.

Esta historia es, obviamente, ficticia, pero todos conocemos casos de personas a los que les pasó algo de lo que acá se comenta. El estado interviniendo en las relaciones voluntarias de las personas, nunca puede tener un resultado positivo para ninguna de las partes, solo para sí mismo y para los megalómanos que se adueñaron de él.

Yo nunca fumé. Aborrezco el olor y el humo del cigarrillo. Casi no uso sal. Como sano y soy fanático de estar saludable y en estado físico.

Pero tenemos que entender que no podemos imponerles a los demás nuestro criterio y nuestra forma de vivir. No podemos regular las actividades de las personas de acuerdo a lo que es «políticamente correcto» en un momento determinado.

¿Qué pasa si el día de mañana el fútbol pasa a ser «políticamente incorrecto»? ¿Qué pasa si un legislador pone un proyecto para sacar todas las canchitas de los gimnasios y clubes porque considera que las lesiones son malas para la salud de las personas? ¿Qué pasa si lo «políticamente incorrecto» son las camisas blancas o teñirse el pelo o la homosexualidad? ¿Realmente quieren que el estado y los megalómanos que lo manejan tengan poder sobre eso?

Todos quieren prohibir lo que a ellos no les gusta: un vegetariano quiere prohibir la ingesta de carnes, un «pacifista» quiere prohibir la portación de armas y la práctica de artes marciales, la familia de un hipertenso quire prohibir que esté el salero en la mesa de los restaurantes y un político quiere prohibir aquella cosa que le dará más votos en la próxima elección.

Una sociedad abierta y libre, solo puede funcionar por incentivos. ¿Cuáles son los incentivos para tener un local «libre de humo»? ¿Existe realmente una conciencia en las personas? ¿O el mismo que «está de acuerdo» con la ley que prohíbe fumar en el bar de Salvia después va a lo de un amigo fumador y se come el humo sin chistar? ¿Sabían que el Congreso y la UBA son dos de los lugares en los que el humo del cigarrillo está presente constantemente? ¿Cuánta sal le ponen los legisladores a la comida en su casa? ¿Y en el restaurant de la legislatura está la sal en la mesa o no?

Como dice mi mejor amigo «Cuando la gente entienda las implicancias de que el estado tenga la capacidad de decidir que no puede estar la sal en la mesa de un restaurant, va a aterrorizarse realmente».