AFIP sin límites

Posted by Al Verdi on 20 agosto 2012 in Política | 0 comments

Que la Administración Federal de Ingresos Públicos, la agencia recaudadora de impuestos ahora devenida en policía política,  no respeta ninguna de las garantías constitucionales, ni los derechos que reconoce la Constitución Nacional, no es ninguna novedad para nadie que sea habitual lector nuestro, sin embargo lo que puede llegar a sorprender es que la propia AFIP en un comunicado oficial reconociera esta actitud que mantiene frente a los límites al poder que le impone la Constitución. Así fue, la AFIP afirmó en un comunicado de prensa blanqueando ante la sociedad que no encuentra limitación alguna en ninguna norma legal, incluida la Constitución Nacional. Al mismo tiempo, reconoció que el único límite que tiene para adentrarse en la vida de la gente es el grado del avance tecnológico  de vigiliancia, para mantener bajo su control las actividades de los ciudadanos:

La medida se enmarca dentro de los tres pilares en los que se apoya la nueva estrategia de fiscalización de la AFIP: la utilización al máximo de la tecnología disponible, la explotación centralizada de la información y los controles tanto “ex-ante” como en línea de las operaciones.

La impunidad que existe entre los funcionarios del gobierno actual es de tal magnitud que no dudan en reconocer que no hay limites. Esta no es la primera vez que sucede, en su momento el predecesor de Axel Kiciloff y actual diputado de la nación, Roberto Feletti, sostuvo que «ganada la batalla cultural contra los medios, y con un posible triunfo electoral en ciernes, no tenés límites», otro más que no tenía vergüenza en admitir su desprecio por la Constitución.

Esto no es una novedad, la sola idea de que exista un «proyecto nacional y popular» en contraposición al nombre que suelen recibir las presidencias, que es el de «Administración», deja establecido que se apartan sin problemas del proyecto constitucional, para adoptar uno propio que no comprende de límites. El triunfo de las facciones, diría James Madison. Al mismo tiempo hay que hacer una aclaración, esto no es exclusividad de este gobierno, más bien es una patología crónica de cada uno de lo gobiernos que hubo en el país, desde tiempos inmemoriales.

Como hasta los que ostentan el poder lo admiten, la Constitución Nacional es letra muerta. Peor aún, los jueces encargados de testear la constitucionalidad de las leyes, en la mayoría de los casos, abandonaron ese objetivo en un contexto donde una decisión contraria a la voluntad del poder ejecutivo puede repercutir en su carrera judicial. La cantidad de denuncias acumuladas para ser resueltas en el Consejo de la Magistratura ponen a los jueces al vilo de la destitución, así perdiendo cualquier tipo de independencia cuando tienen que entender en las causas que les importan a sus verdugos. Además de estos mecanismos, el gobierno ha reforzado su dominio sobre el Poder Judicial, a través de determinados jueces adictos. El primer ejemplo de esto es el juez federal Norberto Oyarbide, en cuyo juzgado recaen, como si fuese automático, todas las causas sensibles al gobierno nacional.

La manera en la que se ha promovido la negación de los límites que impone la Constitución nos lleva a pensar si realmente vale la pena darle relevancia a la Constitución vigente, y gastar valiosos recursos en este asunto.

Para algunos estas conductas pueden ser indicios de que con una Constitución que avale claramente sus acciones, se radicalizaría el estado policial y planificador de la economía,  y acciones hoy inconstitucionales podrían ser legitimadas por una modificación del texto. Otra lectura de la misma situación puede llevarnos a la conclusión que la importancia del contenido de una Constitución es menor del que se cree, ya que en la práctica en ningún período de la historia la Constitución funcionó como limitación a los poderes del estado, y desde cada gobierno se instrumentaron diversas  maniobras para sobrepasar los frenos y contrapesos. Darle un supuesto carácter de «temporal» al impuesto al cheque, o el impuesto a las ganancias, la delegación de poderes y las leyes de emergencia económica, son algunos de los ejemplos de los recovecos legales que encontraron para violar la Constitución. Ni hablar de las otras medidas que alevosamente, y bajo ningún disfraz, ignoran el coto al poder que supone la ley suprema.

Mientras en la AFIP sueñan con utilizar el poder máximo que les permita rastrear e investigar a cada ciudadano como si fuesen los directores de The Truman Show, los políticos oficialistas buscan allanarle el camino a la nueva policía política disfrazada de agencia recaudadora de impuestos, para que sin freno alguno, puedan decir claramente, y avalados por la ley, «vamos por todo».

El dilema está planteado, la inevitabilidad del crecimiento del estado parece un hecho, y la futilidad de las constituciones parece otra realidad. Solo resta por decidir, si conviene luchar para defender un librito que ha sido ignorado durante 159 años, o si es preferible exponer las conductas inmorales del estado y esperar a que la gente se canse de ser parte del rebaño, y no solo diga basta, sino que haga algo para detenerlos.

El fracaso de la Constitución

Posted by Al Verdi on 18 julio 2012 in Política | 18 comments

«Cualquier hombre comete errores, pero solo los idiotas persisten».  Este sabio consejo de Cicerón debería ser una advertencia para aquellos liberales que adhieren a la religión llamada «Constitucionalismo», está religión tiene como idea principal que las constituciones son fundamentales para proteger la libertad de las personas y acotar el poder indiscriminado que tienen los gobiernos.  Yo también confiaba en que una Constitución y un poder judicial independiente eran suficientes para garantizar la paz y la libertad de la sociedad, sin embargo insistir en esa premisa es la negación de la realidad.

No es de perdedor admitir que estábamos equivocados y que debemos buscar una solución superadora que restringa realmente el poder de acción de los gobiernos.

La historia de las constituciones se remonta al S. XII. El primer documento que representó un freno al poder de la realeza fue la Carta Magna de 1215, desde ese momento y hasta la actualidad han surgido centenas de documentos que tenían como objetivo lo mismo, garantizar que el poder político sea utilizado en defensa de los derechos individuales, y que no se preste a abusos. Tal vez el experimento constitucional más exitoso fue la Constitución de Estados Unidos, receptando toda la influencia de los contractualistas liberales (a través de los famosos Federalist Papers) , y de Montesquieu para diseñar su forma de gobierno. Incluso ellos no están exentos del fracaso constitucional.

En Argentina, a la hora de redactar la  Constitución, se tomó la sabia decisión de escuchar al liberal Juan Bautista Alberdi y adoptar, aunque con algunas modificaciones claves, su proyecto de Constitución esbozado en su famoso trabajo Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina , que a su vez estaba inspirado en la Constitución de California, cuyo contenido era similar a la Constitución de Estados Unidos.

Hoy, a 159 años de la sanción de la Constitución argentina, y 223 años de la entrada en vigencia de la Constitución americana, podemos afirmar que el proyecto constitucional de ambos países ha fracasado.  No creo que sea necesario ahondar en el asunto, La Nación y el New York Times ofrecen evidencia abrumadora que sostienen la afirmación. Ni hablar de las modificaciones que sufrió la Constitución nacional posteriormente.

Por más que exista cierto romanticismo por parte de algunos liberales para con la Constitución de 1853, es hora de afrontar la realidad y aceptar que desde su modificación en el año 1888, la Constitución argentina dejó de ser una causa liberal. Más aún, defender la Constitución tal como está redactada hoy es promover intervención del estado en cada uno de los aspectos de la vida de la gente. Claros ejemplos podemos encontrar en la  incorporación del art. 14 bis, de la reforma de 1957, y la modificación de1994, a partir de la cual se incluyen en nuestra Constitución algunos tratados internacionales, el Pacto de Derechos Economicos, Sociales y Culturales tal vez el mejor ejemplo, que agregan al texto constitucional toda una generación de derechos que solamente hablan de una mayor intervención del estado.

Es verdad que frente a constituciones modernas como la de la Ciudad de Buenos Aires, la Constitución nacional sigue siendo una joyita, y que  una reforma llevada adelante por el gobierno actual, sólo puede significar empeorar la situación actual. Pero más allá del contexto en el que estamos, los liberales debemos reconocer que un proyecto guiado por la Constitución ha fracasado.