Inseguridad: Hacer algo

Cuando suceden tragedias como la de Candela, una chiquita de 11 años secuestrada y asesinada por motivos que aún se desconocen, la reacción inmediata de los medios y la sociedad en general es «Hay que hacer algo!». La reacción es correcta, ante una situación tan desgraciada la única manera de alterar el estado de cosas es introduciendo un cambio, y un cambio quiere decir llevar adelante una acción que produzca ese cambio.

Una vez determinado que hay que hacer algo existen otras dos preguntas que rara vez se formulan: ¿qué se debe hacer? y ¿quién debe hacerlo? La segunda respuesta está relacionada con la primera, dependiendo quién es el que debe hacerlo se determinará que se hará. La respuesta habitual a la segunda pregunta, al ¿quién?, es «los políticos», y en consecuencia, la respuesta a la primera, el ¿qué?, estará relacionada a alguna de las pantomimas a las que estamos acostumbrados a escuchar, en este caso crear una fuerza similar al FBI:

El secuestro y muerte de Candela Rodríguez generó toda una serie de críticas a los métodos utilizados para llevar a cabo la investigación. Los escasos resultados obtenidos en la pesquisa que demandó cientos de allanamientos y el uso de más de 2000 efectivos policiales bonaerenses provocó que una vieja idea reflotara: crear un cuerpo federal de investigaciones al estilo Federal Bureau of Investigation (FBI).

Los políticos son siempre el punto de referencia para buscar la próxima solución al problema de la inseguridad. Es lógico, ellos asumen el compromiso desde el estado de brindar seguridad, es más, su compromiso es gigante ya que ostentan el monopolio de la violencia, es decir son sólo ellos los que pueden proveer seguridad, y por ende, ofrecer las respuestas que se piden.

Mi propuesta es parar un minuto y reflexionar:  los políticos ya hicieron mucho por nosotros, desde los gobiernos han bloqueado las importación y nos han traído robo de neumáticos, han continuado con la prohibición de drogas que da lugar al surgimiento de mafias donde inocentes terminan pagando la violencia generada por dicha legislación. La misma policía, a la que se le reclama seguridad, está involucrada en  actos delictivos. Hasta desde la cárcel, los convictos, en connivencia con la policía, siguen delinquiendo. La solución no puede estar ahí.

Seguir confiando en los mismos que generan las condiciones para que se lleven adelante estos hechos, y pretender una respuesta diferente, una respuesta acertada, resulta poco verosímil. Evidentemente, ya no es posible confiar en que el estado brinde seguridad, cuando es el primer responsable de la inseguridad, directa o indirectamente.

La inseguridad y la violencia son dos flagelos que afecta a casi todos, los que pueden viajar en helicóptero, o tener custodia personal, no la sufren. Los que son poseedores de los escasisimos permisos de portación de armas, hoy por hoy casí imposibles de obtener sin un contacto en el RENAR, tienen una herramienta que los ayuda a combatirla. El resto estamos desamparados, somos dependientes de un monopolio que se ha comprometido en crear delincuentes, cuando su función es combatirlo. Salir del esquema de financiación de ese monopolio es imposible (¿rebelión fiscal? tal vez),  por suerte algunos pueden pueden salir de ese esquema de indefesión organizando soluciones alternativas, imperfectas, por supuesto, pero que resultan un remedio provisorio al fracaso (otro fracaso más) del estado.

Mientras tanto, el común de la gente son rehenes de los que supuestamente están para cuidarlos y defenderlos.

Creando Monopolios

El Estado dice haberle sacado a Fibertel la posibilidad de vender Internet, alegando una cláusula de una reglamentación por la que una empresa de cable no puede vender telecomunicaciones. En este caso es a causa de la pelea Oficialismo – Clarín, pero bien podría ser por cualquier otra causa que se le antoje al burócrata de turno.

Cuando el Estado tiene el poder para reglamentar y tomar decisiones arbitrarias y caprichosas, genera consecuencias en las que ningún burócrata se detuvo a pensar (El famoso “Lo que no se ve” de Bastiat).

Analicemos algunas, suponiendo que los anuncios fueran aplicables y no vayan a pasar años en las cortes:

  • Los consumidores irán compulsivamente hacia el resto de las empresas en un tiempo muy corto, sobrecargando la infraestructura que tienen, dejando a muchos abonados sin servicio o proveyendo un peor servicio a todos.
  • Creación de monopolios. En las zonas donde solo prestan servicios Fibertel y otra empresa (Speedy o Arnet), se dejará a los usuarios a merced de un solo proveedor, con las consecuencias que esto conlleva: aumeto de precios y baja de la calidad del servicio. Curiosamente el gobierno se manifiesta en contra de monopolios, pero los crea.
  • Genera Inseguridad Jurídica para todo tipo de negocios. Una reglamentación arbitraria y de aplicación en tan corto tiempo, sienta precedentes y desalienta las inversiones, incluso de pequeños y medianos negocios.
  • Da pie para que se inicien demandas de los consumidores a Fibertel y de Cablevisión al Estado, que tardarán años en las cortes y las cuales muy probablemente el Estado pierda. ¿A que no adivinan quién pagará las costas de esos juicios inganables?
  • Muchas familias obligadas a cambiar y a abandonar un servicio que están pagando voluntariamente, ya que lo consideran mejor que el resto de los proveedores (o, a lo sumo, menos peor).
  • Encarecimiento del servicio de Internet. A menor cantidad de oferta y la misma demanda, es natural que suba el precio.

Una vez más puede verse como el Estado regulando al libre intercambio de bienes y servicios solo consigue que el burócrata de turno tome decisiones que, al final del día, solo afectan a los consumidores.

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