AFIP sin límites

Posted by Al Verdi on 20 agosto 2012 in Política | 0 comments

Que la Administración Federal de Ingresos Públicos, la agencia recaudadora de impuestos ahora devenida en policía política,  no respeta ninguna de las garantías constitucionales, ni los derechos que reconoce la Constitución Nacional, no es ninguna novedad para nadie que sea habitual lector nuestro, sin embargo lo que puede llegar a sorprender es que la propia AFIP en un comunicado oficial reconociera esta actitud que mantiene frente a los límites al poder que le impone la Constitución. Así fue, la AFIP afirmó en un comunicado de prensa blanqueando ante la sociedad que no encuentra limitación alguna en ninguna norma legal, incluida la Constitución Nacional. Al mismo tiempo, reconoció que el único límite que tiene para adentrarse en la vida de la gente es el grado del avance tecnológico  de vigiliancia, para mantener bajo su control las actividades de los ciudadanos:

La medida se enmarca dentro de los tres pilares en los que se apoya la nueva estrategia de fiscalización de la AFIP: la utilización al máximo de la tecnología disponible, la explotación centralizada de la información y los controles tanto “ex-ante” como en línea de las operaciones.

La impunidad que existe entre los funcionarios del gobierno actual es de tal magnitud que no dudan en reconocer que no hay limites. Esta no es la primera vez que sucede, en su momento el predecesor de Axel Kiciloff y actual diputado de la nación, Roberto Feletti, sostuvo que «ganada la batalla cultural contra los medios, y con un posible triunfo electoral en ciernes, no tenés límites», otro más que no tenía vergüenza en admitir su desprecio por la Constitución.

Esto no es una novedad, la sola idea de que exista un «proyecto nacional y popular» en contraposición al nombre que suelen recibir las presidencias, que es el de «Administración», deja establecido que se apartan sin problemas del proyecto constitucional, para adoptar uno propio que no comprende de límites. El triunfo de las facciones, diría James Madison. Al mismo tiempo hay que hacer una aclaración, esto no es exclusividad de este gobierno, más bien es una patología crónica de cada uno de lo gobiernos que hubo en el país, desde tiempos inmemoriales.

Como hasta los que ostentan el poder lo admiten, la Constitución Nacional es letra muerta. Peor aún, los jueces encargados de testear la constitucionalidad de las leyes, en la mayoría de los casos, abandonaron ese objetivo en un contexto donde una decisión contraria a la voluntad del poder ejecutivo puede repercutir en su carrera judicial. La cantidad de denuncias acumuladas para ser resueltas en el Consejo de la Magistratura ponen a los jueces al vilo de la destitución, así perdiendo cualquier tipo de independencia cuando tienen que entender en las causas que les importan a sus verdugos. Además de estos mecanismos, el gobierno ha reforzado su dominio sobre el Poder Judicial, a través de determinados jueces adictos. El primer ejemplo de esto es el juez federal Norberto Oyarbide, en cuyo juzgado recaen, como si fuese automático, todas las causas sensibles al gobierno nacional.

La manera en la que se ha promovido la negación de los límites que impone la Constitución nos lleva a pensar si realmente vale la pena darle relevancia a la Constitución vigente, y gastar valiosos recursos en este asunto.

Para algunos estas conductas pueden ser indicios de que con una Constitución que avale claramente sus acciones, se radicalizaría el estado policial y planificador de la economía,  y acciones hoy inconstitucionales podrían ser legitimadas por una modificación del texto. Otra lectura de la misma situación puede llevarnos a la conclusión que la importancia del contenido de una Constitución es menor del que se cree, ya que en la práctica en ningún período de la historia la Constitución funcionó como limitación a los poderes del estado, y desde cada gobierno se instrumentaron diversas  maniobras para sobrepasar los frenos y contrapesos. Darle un supuesto carácter de «temporal» al impuesto al cheque, o el impuesto a las ganancias, la delegación de poderes y las leyes de emergencia económica, son algunos de los ejemplos de los recovecos legales que encontraron para violar la Constitución. Ni hablar de las otras medidas que alevosamente, y bajo ningún disfraz, ignoran el coto al poder que supone la ley suprema.

Mientras en la AFIP sueñan con utilizar el poder máximo que les permita rastrear e investigar a cada ciudadano como si fuesen los directores de The Truman Show, los políticos oficialistas buscan allanarle el camino a la nueva policía política disfrazada de agencia recaudadora de impuestos, para que sin freno alguno, puedan decir claramente, y avalados por la ley, «vamos por todo».

El dilema está planteado, la inevitabilidad del crecimiento del estado parece un hecho, y la futilidad de las constituciones parece otra realidad. Solo resta por decidir, si conviene luchar para defender un librito que ha sido ignorado durante 159 años, o si es preferible exponer las conductas inmorales del estado y esperar a que la gente se canse de ser parte del rebaño, y no solo diga basta, sino que haga algo para detenerlos.

Siervos del Estado

Posted by Al Verdi on 1 diciembre 2011 in Artículos, artículos anteriores | 18 comments

Las situaciones en las que nos sentimos viviendo en libertad son cada vez menos, cada nueva ley, cada nuevo decreto, cada nueva regulación, disminuyen un poco más nuestra autonomía, la capacidad de decidir cada uno su propio curso de vida, y quedamos a merced de las imposiciones del estado.

Claro que, con el transcurso del tiempo, tendemos a naturalizar esa falta de libertad para poder seguir viviendo nuestras vidas del modo más normal posible. Al fin y al cabo uno no puede dedicarle 24 horas a la revolución libertaria. Además del interés  que podamos tener en vivir en una sociedad libre, y de haber adoptado el avance de las ideas de la libertad como una parte importante de nuestras vidas, es necesario buscarse un sustento, y lo más importante distenderse cada tanto de todos los males que emanan del estado. 

Por todo esto muchas veces tendemos a olvidarnos como el estado se inmiscuye en los pequeños hechos de todos los días, y comenzamos a considerar normal aquello que si es analizado en forma aislada y detenidamente es una aberración, es la perversión de una sociedad que se maneja de forma voluntaria, en una que sólo entiende de imposiciones. Es la invisibilización del estado.

A Leonela Zambito no le pasa lo mismo. Por omisión más que por acción, ella, nota todos los días el poder que ostenta el estado, y como no somos individuos libres sino más bien vivimos bajo la condición de siervos de los gobernantes.  La Nación nos cuenta su historia:

Leonela Zambito tiene 21 años, pero no existe. al menos para el Estado. Por un error en la impresión de su DNI, esta joven rosarina está imposibilitada para votar, hacer trámites o salir del país.

Su partida de nacimiento termina en 732, pero por un error su documento termina en 733. Esto quiere decir que el titular de su documento es otra persona, mientras que el suyo carece de validez para realizar cualquier tipo de trámite oficial.

«Yo estoy impedida de votar, no puedo sacar el permiso de conducir, ni casarme ni sacar un crédito, porque no existo», explicó Leonela a TN.

«Ella no puede sacar un pasaporte ni salir a países limítrofes. Yo hice bien las cosas y ahora me encuentro con que mi hija es una NN», añadió la madre.

Leonela es una muerta civil. No puede ejercer sus derechos más básicos, como la libre circulación, por el hecho de no poseer una libreta que consigna sus datos, por no pertenecer a esa gran base de datos, injustificable en una sociedad libre. Ni hablar de transmitir derechos de propiedad, asociarse libremente, y más.

Todos los días pequeños actos están contaminados por el estado. Comprar un cigarrillo suelto está prohibido, mucho menos que en un kiosco te den fuego, para pagar con tarjeta de crédito hay que presentar ese librito (o tarjeta) mágico que parece que es la puerta de acceso a nuestros derechos,  caminamos por las calles mientras nos observa el ojo del gobierno, sabemos que tenemos que comprar alcohol hasta determinada hora, y al final del día, cuando llegamos cansados y queremos tomar una aspirina u otra para aliviar ese dolor de cabeza constante que genera él estado, en el mejor de los casos tenemos que caminar hasta la farmacia más cercana (y no al kiosco de la esquina) y en el peor de los casos pedirle un papel a una persona que nos diga que podemos consumir o dejar de consumir.

Con el caso de Leonela queda en evidencia como vivimos de prestado en nuestra propia casa, como es el estado el que en última instancia tiene el poder absoluto en todos los aspectos de nuestra vida, y los argentinos, que en general son bastante sumisos ante las constantes usurpaciones de poder.