Moreno, en defensa de los consumidores

Posted by Al Verdi on 15 junio 2012 in Economía | 7 comments

Se armó un pequeño revuelo el día de ayer con la modificación de una resolución que dispone que el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, tiene derecho a dar de baja a las asociaciones de consumidores del registro, cuya inscripción les otorga ciertas facultades para interponer acciones colectivas en materia de derechos del consumidor, función fundamental de estas asociaciones.

«El napia», defensor de los consumidores

Las Asociaciones de Consumidores, tal como existen hoy inscriptas en un registro y con ciertos privilegios de representación de consumidores, son en realidad, una consecuencia más del pensamiento estatista que perdomina.  Varias veces desde acá hemos protestado acerca de las posturas que han tomado este tipo de asociaciones que en la práctica son manifiestamente anti-consumidores.  Señalabamos a Susana Andrada, de ADECUA,  en contra de los descuentos o en contra de las liquidaciones,  acciones que no se entiende que sean para proteger al consumidor. Otro de los representantes de los consumidores es Héctor Polino, eterno socialista, desde Consumidores Libres se suma a la opinión que los consumidores deben ser «protegidos de las empresas», usando la maquinaria de coerción estatal.

Estas agencias no surgieron ni de forma aislada, ni espontáneamente, el surgimiento de estas asociaciones coincide con el desarrollo del derecho del consumidor en Argentina, una rama del derecho coherente con el desprecio y desconocimiento sobre el funcionamiento de un mercado libre en el que se establecen este tipo de legislaciones.  En definitiva, en vez de ser ONGs que defienden a los consumidores, como se presentan, son en realidad lobbyistas para regular el mercado, eliminar la competencia (en nombre de la «defensa de la competencia») y recaudar con las multas, que sean destinadas a la «educación del consumidor».

Para los distraídos, las disposiciones legales referidas a la defensa del consumidor surgieron en plena década menemista, una  causa más para refutar al débil argumento que el neoconservador Carlos Menem, era un liberal.  La esencia de esta legislación es la desconfianza en los mecanismos que ofrece un mercado libre a la hora de proteger a los consumidores ante abusos de las empresas,  además de la exclusión de los mecanismos ordinarios para acceder a un tribunal. De ahí a que promuevan multas extraordinarias, por más que la misma empresa se ocupaba de resarcir a sus clientes.

¿Y cuáles son esos mecanismos que ofrece el mercado? En primer lugar, presuponemos la existencia de un mercado libre, es decir sin interferencia alguna para poder ingresar a competir (como pueden ser requisitos legales arbitrarios, regulaciones especiales, autorizaciones, fijación de precios, requisitos de nacionalidad de los accionistas, etc.), en ausencia de un mercado libre, los consumidores quedan expuestos a los arreglos entre empresas y el estado, para beneficio de ambos dejando verdaderamente desprotegido a los consumidores al estar frente a empresas que no tienen la necesidad de competir. Este último supuesto, el corporativismo, es el sistema que rige en Argentina desde hace mucho tiempo.Solamente en un mercado libre los consumidores se encuentran protegidos, especialmente por la existencia de la competencia sin restriccones.

Una vez bajo un mercado liberado, las empresas deberán competir sin trabas por obtener la excelencia en el servicio, satisfaciendo a su demanda. Aquellas que no lo hagan, no respeten los contratos, o que ofrezcan mercadería en mal estado, terminarán quebrando por no respetar al consumidor. No estamos diciendo nada nuevo, el consumidor con sus decisiones decide todos los días premiar y castigar a las empresas de acuerdo a lo que ofrecen y a sus conductas, en sus elecciones diarias, tal como señaló Ludwig von Mises:

La economía de mercado no saboteada por los arbitrismos de gobernantes y políticos es incompatible con la existencia de señores feudales y poderosos caballeros que mantenían sometido al pueblo mediante tributos y gabelas y celebraban alegres banquetes mientras los campesinos habían de conformarse con las migajas. La economía basada en el lucro hace prosperar a quienes supieron satisfacer las necesidades de las personas de manera mejor y más baratas. Sólo c0mplaciendo a los consumidores es posible enriquecerse. Los empresarios pierden su dinero en cuanto dejan de invertirlo en aquellas empresas que mejor atienden la demanda del público. En un plebiscito donde cada centavo confiere derecho a votar, los consumidores a diario deciden quiénes deben poseer y dirigir las fábricas y los comercios. El control de los factores de producción constituye una función social sujeta a confirmación o revocación por los consumidores soberanos.

Las asociaciones no se limitan a no tener ningún sentido, por el contrario, con las regulaciones y campañas que impulsan, como la fijación de precios, «acuerdo de precios», boicots, etc.,  su impacto en las regulaciones y leyes de la materia en cuestión termina por generar pérdidas en el comercio para intentar cumplir estás nuevas formas de dirigir al mercado.

Dicho esto, la conclusión  es que esta nueva acción del gobierno lo único que hace es ir contra organismos que surgen a raíz de la posibilidad de lucrar con legislación referida a «derechos del consumidor», funcionarios y defensores del consumidor son especímenes de una misma categoría, los rent-seekers. La particularidad de este caso es que al Secretario de Comercio no le gustaba que las ONGs de consumidores difundieran la cifra real de la inflación, es decir esta reforma no fue motivada por si las asociaciones cumlpen o no su finalidad, si no por una cuestión política totalmente ajena a sus funciones.

Por último, no creo que haya que enojarse por la situación de esas asociaciones, ya que desde el primer momento fueron concebidas como excusa para regular, regular y regular. Andrada, Polino y el resto de los «defensores del consumidor» son cómplices y la consecuencia del modelo estatista, incluso de la inflación por la que ahora son castigados de difundirla. Si en este caso la amenaza de Moreno se hace efectiva y les hace perder la personería jurídica , solo estarían recibiendo lo que durante toda su vida pidieron: más estado.