Basta de (prohibir) Demoler
Una vez más las agrupaciones Basta de Demoler y 54Bares Notables pudieron salirse con la suya en su campaña eterna contra la propiedad privada.
Me refiero al caso de la emblemática confitería Richmond, ubicada en la calle Florida, que esta(ba?) próximo a cerrar sus puertas:
Sin embargo, la Richmond está a punto de pasar a ser sólo un recuerdo para sus habitués y una fuente menos de trabajo para el personal que aún presta servicios (hay mozos que trabajan allí desde hace más de 40 años). La confitería tiene previsto cerrar en septiembre y a partir de noviembre su decorado inglés dará paso al estilo Nike.
Como suele suceder en estos casos, agrupaciones que tienen como objetivo preservar edificios y otros lugares históricos elevaron su voz contra la posibilidad de que la tradicional confitería porteña desaparezca de la otrora peatonal mas paqueta de la ciudad. Sin embargo, como también es habitual, estas agrupaciones apelaron a los legisladores de la ciudad para que declaren sitio histórico la confitería y, de esta manera, evitar que pueda modificarse el rubro original de la misma, la gastronomía.
De hecho, ayer por la tarde, la legislatura aprobó declararla sitio histórico, cediendo una vez más antes los reclamos del lobby preservacionista. El diputado Di Stéfano argumentó lo siguiente:
«Aun persiste la visión que interpreta que los edificios históricos son viejos y sin ningún valor cultural. Es necesario avanzar en las leyes que protejan de manera definitiva los tesoros patrimoniales y así preservar un recurso no renovable que forma parte de la memoria urbanística de la Ciudad», consideró el diputado Patricio Di Stéfano, titular de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico de la Legislatura.
Por supuesto que los fines de las organizaciones que intentan preservar bares y edificios históricos son, en algunos casos loables. Algunas de esas construcciones son un plus a la hora de elegir a la ciudad como destino turístico, el problema radica en los medios que utilizan para alcanzar sus fines.
Estas agrupaciones apelan al proceso político para violar el derecho de propiedad de los dueños de los inmuebles que quieren proteger. Esto no sólo crea el riesgo de que luego los legisladores violen la propiedad de privada de otros a pedido de organizaciones que tenga diferentes motivos para hacerlo, sino que además no permite que le sistema de precios guíe el destino de los recursos a los fines más valorados. ¿O acaso Di Stéfano esta mejor capacitado para definir cual es el uso mas valioso de un recurso determinado y quien tiene que soportar los costos?
El problema es sin dudas los medios. Existen diferentes alternativas a las que pueden apelar este tipo de agrupaciones para preservar el patrimonio urbano que tanto valoran, soluciones que no implica apelar a la violencia de la política como por ejemplo organizar la compra colectiva del bien en cuestión, negociar con sus dueños de que manera pueden colaborar para «salvar» la confitería o el edificio que se trate.
Otra cuestión aparte es la postura preservacionista extrema de estos sectores, que ya no constituye una apreciación del valor arquitectónico de algún edificio, si no la reacción automática a oponerse a cualquier cambio introducido en el paisaje urbano. Una postura que sale a la luz con recorrer apenas unos minutos el sitio web de la agrupación Basta de Demoler.
En primer lugar, si el estado hubiese comenzado a proteger todos estos sitios históricos 100 años atras, casi ninguno de los sitios que hoy protege y propone proteger hubiese existido.
Imaginemos a los preservacionistas protegiendo edificios que impidan la construcción del Kavanagh, la alteración de la fisionomía de Puerto Madero, la construcción del Coliseo en R0ma, o el partenón en Atenas que hubiese destruido la belleza natural del acrópolis.
Mediante una alternativa que excluya a la política como solución, estas agrupaciones tendrán que focalizarse en los edificios que realmente valoran, y no en absolutamente todos, ya que poseerán recursos más limitados para llevar a cabo su tarea, dejando lugar al progreso.
Por último pero no menos importante, hay que mencionar el efecto negativo que tienen estas agrupaciones en relación a otra problemática de la ciudad, la llamada «emergencia habitacional», estas campañas para detener las construcciones de edificios terminan por el valor de los alquileres (y el de venta) de los departamentos, al reducir o mantener estable la oferta de unidades de vivienda, en beneficio de mantener construcciones que estéticamente pueden ser admirable, pero que no responden a la demanda de la sociedad en ese momento.
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