La prensa «pública», un peligro

Creo que el discurso de Cristina Kirchner terminó hoy de la siguiente manera:

«Como titular del Ejecutivo, quiero dar encause a Papel Prensa despues de 31 años de manejo oscurantista y voy a enviar al otro poder (legislativo), en el cual tenemos minoría en ambas cámaras, un proyecto de ley en el curso de esta semana cuyos ejes serán declarar de interés público la producción de pasta papel celulosa y papel de diario, así como su distribución y comercialización»

Digo creo, porque me quedé dormido mientras me mareaba con tantos nombres, furcios, y delirios, pero ese extracto en algún momento lo dijo.

Tal cual lo comentaba en este post a la libertad de expresión (como a todos los derechos) se la puede atacar de manera directa, por ejemplo, Chávez y la censura a las imagenes violentas, y de manera indirecta en los ataques contra los derechos de propiedad de los medios, o sus insumos, por ejemplo la política de Perón para con los medios.

Cuando Cristina Kirchner afirma que quiere declarar de interés público la producción del papel de diario, esta intentando obtener las herramientas legales para poder darle una apariencia lícita a un control indirecto sobre la prensa.

Lo importante en este caso, es tener bien en claro el significado de que algo se convierta en un servicio público o que sea declarado de interés publico.

Cantuarias Salaverry nos introduce al mundo de lo público:

El peligro de la palabra “público” es bien graficado por la historia de los servicios a los que el Estado le ha impuesto ese apellido, la cual es reseñada por Jorge Lazarte en el libro “Libertad de Empresa y Servicio Público” (UPC, 2005).

Lazarte narra cómo la primera teoría del servicio público es postulada por el socialista utópico León Dugüit, quien define al servicio público como “toda actividad cuyo cumplimiento debe ser regulado, asegurado y fiscalizado por los gobernantes, por ser indispensable a la realización y al desenvolvimiento de la interdependencia social”. Así, con esta gris definición que permitía que el gobernante de turno interviniese en los servicios privados a su antojo, la producción de tabaco o el servicio de aniquilación de una plaga de víboras llegaron a padecer la calificación de servicios públicos.

Posteriormente, los servicios públicos pasaron a ser entendidos como actividades de especial importancia para la población y que debían ser prestadas por el Estado. Así con la calificación de “público” del servicio, se privó al mercado de la posibilidad de brindar numerosos servicios que hasta el momento prestaba sin mayores problemas, abriendo el paso al ineficiente Estado empresario y a la nacionalización de numerosas actividades.

«Exprópiese!»

Más tarde, cuenta Lazarte, se echó mano de conceptos tan arbitrarios como el “interés general”, la “necesidad colectiva”, la “actividad esencial” y la “prestación obligatoria” para logar una definición. Con ello, solamente se logró lanzar a los servicios privados en una caja llena de palabras-comadreja ávidas de desproveerlos de su real sentido.

Cuando suceden cosas como esta, de intentar declarar la industria del papel de diario de interés público, se convierte un asunto privado en un asunto político, y cuando digo político me refiero a que las decisiones dejan de ser basadas en un criterio empresarial (razonable o irrazonable, es indistinto)  y pasen a ser decisiones tomadas por los políticos y  respaldadas por el aparato de violencia estatal. De esta manera, actividades relacionadas con el nuevo interés público pasan a estar bajo la órbita de la política.

Steve Horwitz propone algo similar, por ejemplo, cuando uno convierte la salud en un asunto político/público, los gobiernos parecería que obtienen la potestad para legislar sobre las conductas pocos sanas.

Una persona con buenas intenciones podría definir que algo declarado de interés público lo hace porque es de interés de todos, pero la realidad nos demuestra, que lo hace porque es del interés del gobierno poder regularlo, controlarlo, y al fin y al cabo, terminar secuestran otra función mas que antes se ejercía en el ámbito de la sociedad civil.