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InfiniGate
Sospechado de haber utilizado recursos y agencias del estado para investigar opositores y encubrir dichas investigaciones, ante la posibilidad de una condena, Richard Nixon se vió obligado a abandonar su mandato presidencial. Varios de sus funcionarios de alta jerarquía fueron declarados culpables y sirvieron tiempo en prisión.
En 1992, Collor de Mello, presidente de Brasil, renunció a su cargo, luego de que el congreso iniciara un juicio penal en su contra, con acusaciones de corrupción, sobornos y tráfico de influencias.
Andrew Breitbart publicó en 2009 una serie de videos donde Hannah Giles y James O’Keefe se hacían pasar por una prostituta y un proxeneta, buscando asesoramiento en varias oficinas de ACORN para abrir un supuesto burdel con menores de edad. Aunque las pruebas eran circunstanciales, una investigación fue abierta sobre esta asociación que asesora sobre impuestos, salud y registro de votantes. Al mismo tiempo, la mismísima administración Obama decidió cortar inmediatamente todo financiamiento a esa entidad, por más que en su momento había recibido gran apoyo de la misma.
Recientemente, y muy en sintonía con el Watergate nixoniano, el IRS (agencia de recaudación de Estados Unidos) fue descabezado, luego de haber sido acusado de manipular sus investigaciones hacia personas y organizaciones vinculadas al Partido Republicano y el Tea Party. Obama y su administración están, sin embargo, en la cuerda floja y bajo amenaza de un posible juicio político, por esto y por utilizar la Patriot Act para perseguir a periodistas de Associated Press.
En todos estos casos (y en muchos más de las democracias republicanas modernas), ante la posibilidad de un escándalo con el uso de los fondos públicos, tanto los opositores como los partidarios eligieron soltarle la mano o retirarle el cuerpo a aquellos sobre los que caían las acusaciones, intentando preservar las instituciones y la legitimidad del estado y del gobierno.
Una república e, incluso, una democracia, parten del supuesto de que existen ciertas instituciones, que son de todos, que cumplen ciertas funciones ante las que todos somos iguales, y para las que los administradores son votados cada cierto tiempo por la ciudadanía. Se presupone, asimismo, de una cierta transparencia en el manejo de los fondos, dado que son extraídos por la fuerza.
El voto y la elección de los candidatos únicamente, no es la república. No es la democracia. Votar y elegir administradores es una parte, incluso secundaria de las mismas. No existe ninguna justificación para utilizar al estado para el afano, el robo y el enriquecimiento personal. Cuando tenemos indicios y pruebas (aunque sean circunstanciales) de que se utiliza al estado para afanar ¿importa realmente elegir quién va a estar al frente del afano? ¿Importa acaso que aquel que fue elegido en cierto momento termine el mandato? ¿O importa más preservar la legitimidad de esas instituciones?
Si, como se han llenado la boca hasta el hartazgo, la democracia es algo tan bueno y tan sagrado, no debería permitirse bajo ningún concepto que Pablo Escobar y su pandilla llegaran a ejercer el poder, y lo hicieran a su total antojo. Si la democracia es algo tan bueno y tan sagrado, hay que hacer uso constante de mecanismos que permitan preservarla impoluta y diferenciarla de los que temporalmente fueron elegidos para administrar la cosa pública y abusaron de sus facultades.
No podemos hablar de democracia cuando, luego de una investigación periodística donde hay fuertes indicios de que altos funcionarios (incluyendo dos presidentes) han perpetrado, junto con sus íntimos amigos y conocidísimos socios el más grande defalco que se haya conocido en el continente, no hay ningún juez actuando de oficio para allanar todos los domicilios de los implicados.
No existe ningún tipo de democracia cuando una simple consulta de las declaraciones juradas de los funcionarios de la actual administración y sus conocidos, revelan inexplicables y millonarios patrimonios.
¿Es democracia que todos los medios que reciben “pauta oficial” se dediquen a tratar de defender a la actual administración y a hacer operaciones de prensa sobre las investigaciones y los investigadores? ¿Incluso cuando gran parte del defalco se realizó aparentemente a través de la mismísima “pauta oficial”?
Se cuestiona a los comunicadores de las investigaciones y la credibilidad de los mismos, y si están peleados o no con la administración actual. Pero las pruebas y los indicios ya estaban todos ahí. No fue Lanata el primero en hablar de las bóvedas y el robo con la obra pública. Todos los que leíamos un poquito lo sabíamos. Lo había dicho el Turco Asís en 2005. Y sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y allegados, la información revelada sale toda de declaraciones juradas y del Boletín Oficial. No se está discutiendo un supuesto patrimonio (que seguramente exista), sino que se está discutiendo sobre si lo que tienen declarado es posible o no. Toda gente que trabajó siempre en la administración pública o que empezó en la administración pública hasta que, inexplicablemente, se hicieron grandes empresarios con un capital inicial imposible. Tampoco se está discutiendo si tal persona maneja dineros del narcotráfico ni de actividades ilícitas: se tiene la absoluta certeza de que a licitaciones por obra pública se presentaban tres empresas del mismo dueño, que era amigo íntimo del presidente de turno (declarado por él mismo). Eso es un clarísimo tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
Si tenían bóvedas con efectivo o si manejaban el cash en bolsos y aviones, si se compraban casas y autos de lujo, o si hacían fiestas descoque, son meros detalles. Solamente por lo que ya está en los papeles habrían caído las administraciones de Nixon, De Mello u Obama.
Cualquiera que afirme que es todo una opereta de Magnetto, o que los que miran a Lanata están llenos de odio, o que no importa por “los logros del Modelo”, es alguien que no entiende la democracia, o no le interesa en lo más mínimo.
La única actitud moralmente correcta ante indicios como los presentados (testimonios, fotos, papeles, declaraciones juradas) es pedir que se aclare el asunto.
Los medios todos, deberían investigar el asunto para llegar a la verdad.
Los jueces y fiscales deberían estar peleándose por ver quién se queda con un caso tan importante en sus manos, y solicitar allanamientos de más o menos medio país, si tenemos en cuenta la cantidad de propiedades que compraron.
Los diputados de todos los colores políticos, dado que son los representantes de la gente de cada provincia, deberían estar exigiendo a gritos el Juicio Político de la señora presidente Cristina Fernández, así como de todos los funcionarios sospechados, dadas las irregularidades de sus declaraciones juradas como su cercanía a la pasada administración y a los otros implicados. Si de preservar la democracia se trata, las instituciones deben prevalecer antes que las personas y los mandatos. Bajo ningún concepto puede continuar una administración con tremendas sospechas, que en anteriores oportunidades se cargó a su propio Procurador Nacional para poder encubrir al vicepresidente.
Y bueno, las personas de a pié, más allá de que les guste Clarín o no, duden. Pero duden de todo, especialmente de aquellos que manejan fondos públicos. No se puede ser como Aldo Rico y pensar que “La duda es una jactancia de los intelectuales”. Les pueden haber metido el perro mientras se afanaban miles de millones de Euros. Qué le vamos a hacer.
Democracia y República requieren pactos de paz, honestidad y transparencia en el manejo de la cosa pública. Sin esas tres cosas, estamos ante un régimen pre-constitucional, donde el que tiene el poder hace lo que se le canta, sin consecuencias. Para eso, sinceramente prefiero una monarquía. Por lo menos ahí se podía hacer una revuelta contra la opresión alegando tiranía, y nadie te iba a discutir si había buenas propuestas o no.
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