Caso Fibertel: O como llevar la discusión a cualquier lado
Tomémonos un momento para repasar los argumentos que esgrime el gobierno para caducar la licencia de Fibertel para operar:
«Ha caducado una licencia que Cablevisión estaba ejerciendo ilegalmente siendo que Fibertel se disolvió en enero de 2009. Hicimos todos los análisis y siempre llegábamos al mismo punto: el proceso de concentración era fabuloso y lo único que hacía era favorecer al monopolio del Grupo Clarín en el manejo de las comunicaciones.» [Julio De Vido]
«El monopolio perjudica al cliente porque lo tiene de rehén. La distorsión es tan grande, que parece que sin el monopolio no hay vida posible», [Gabriel Mariotto]
«Se afirma que técnicamente es imposible la migración. Esto es falso porque los cuellos de botella no son técnicos sino que en la mayoría de los casos son de carácter comercial.» [Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)]
Ahora, imaginariamente, voy a hacer algo inédito: Darle la razón al gobierno en todos los puntos. Total, no tiene que ver con lo que intento señalar aquí.
Hagamos el ejercicio de abstraernos por un momento de la guerra mediática a favor o en contra con respecto al tema. Y reduzcamos el análisis a la existencia o no de violencia, y de quien proviene:
¿Fibertel me puede obligar a contratar su servicio? No
¿Puedo dar de baja el servicio Fibertel? Si.
Existen otras alternativas a las cuales puedo migrar? Si.
¿Se puede ignorar la baja de la licencia? No.
¿Se puede operar libremente como operador? No.
¿Se puede tramitar la reglamentacion que me solicitan sin dar de baja el servicio? Tampoco.
Cito a la Constitución Nacional:
Art. 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita […]
Ya se lo que dirán los adoradores del estado: Que «conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio» habilita al gobierno a revocar un permiso. ¡MEEEK! FALSO. Una reglamentación no puede limitar un derecho. En derecho constitucional, la jerarquía normativa supone la existencia de normas de distinto rango, de manera que aquella que esté en un peldaño superior de la escala, destruye a la norma inferior. En este caso, el derecho de ejercer industria lícita es la norma superior, y su reglamentación es la norma inferior; la cual claramente no puede contradecir a la anterior. Y mucho menos cuando el prestador de servicio esta esperando a que le digan cuales son los trámites pendientes para ponerlos en orden a la brevedad posible.
La ÚNICA violencia (el uso o la amenaza con la fuerza física) que existe en todo este circo, la pone el gobierno impidiendo la libertad de empresa y las libres decisiones de los individuos sobre lo que quieran consumir o no.
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