Moreno, para el lado de los tomates

«Agarrar para el lado de los tomates»: Esta expresión, de significado descabellado y origen hortícola, se utiliza para señalar que alguien ha comprendido mal, que se ha ido “lejos en sus razonamientos” (Zimmerman, Tres mil historias de frases…).

La medida impulsada por el Secretario de Comercio Interior para prohibir la venta de  tomates en el Mercado Central habla mucho de lo que es el intento, obviamente infructuoso, de manipular la realidad, manipulando las estadísticas, al mejor estilo de la novela 1984 (se que soy insistente con esta analogía, pero cada vez es más clara).

Informaban en lanacion.com:

Fiel a su estilo, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, vuelve a intentar frenar los precios de los alimentos con técnicas poco ortodoxas. Esta vez eligió prohibir la venta de tomates por una semana en el Mercado Central para evitar la especulación que origina la suba estacional del producto.

«El Mercado Central de Buenos Aires suspende por una semana la comercialización de tomates, medida justificada por la suba momentánea en el precio que todos los años se da en estas fechas, debido a la rotación de las zonas de cultivo», dijo el escueto comunicado que salió de una dirección de e-mails denominada Prensa del Mercado Central, que estaría vinculada con la dirección del mercado, que está en manos de hombres fieles a Moreno, como su gerente, Guillermo Cosentino.

Al parecer el objetivo de esta prohibición consistía en evitar que se vendan tomates caros en el Mercado Central, lugar donde el INDEC dice realizar el relevamiento de precios de frutas y verduras, y de esta manera evitar que el aumento por causas estacionales en los tomates repercuta en el Indice de Precios del Consumidor.

El vengador de los tomates en el Mercado Central

Esta medida, que al final del día fue revertida, expresa en muchos aspectos la prepotencia que tiene este gobierno intentando modificar la realidad y las leyes económicas firmando un simple papel (en este caso, ni siquiera eso, pues estas maniobras se realizan extra-oficialmente, como para que no queden rastros).

Veamos las diferentes situaciones.

En primer lugar, al parecer Moreno entiende que el control de precios produce desabastecimiento, al menos ya no se molesta en ejercer eso controles, sino que se saltea a la etapa directamente posterior, la imposibilidad de adquirir el producto.  Ahora no solo no hay tomate en el Mercado Central de manera oficial, si no que aquellos que quieran comprarlo deberán pagar más. En conclusión, en las cifras logrará el efecto deseado, en la realidad lo agravará.

En segundo lugar, es necesario diferenciar un aumento de precios por causas de mercado, que el aumento de precios que se produce como efecto de la inflación. El primero, como es en este caso de los tomates, es un ajuste que se produce en el precio, fruto de una situación climática, donde al haber una menor oferta, y asumiendo que la demanda de tomates se mantiene, se produce un aumento en el precio de mercado. Este aumento permite, que siga habiendo tomates disponibles para que aquellos que valoren la necesidad de un tomate en el presente más que el precio que tienen que desembolsar para obtenerlo, mientras que aquellos que no lo valoran a ese nivel, esperan el momento en el que para ellos el precio de tomate es menor a la utilidad que el consumo del mismo les brinda. Del lado de la oferta este aumento de precio le índica a los los productores bonarenses que llegó su momento de producir, al haber escasez como consecuencias de la falta de tomates provenientes del norte.

Gendarmes: La próxima herramienta con la que Moreno intentará detener los precios

Ahora bien, el tercer punto, y para mi fundamental no perderlo de vista en estos casos, es que mas allá de que por la intervención gubernamental hubiesen quedado truncas operaciones de compra y venta de tomates, lo que, en un nivel de análisis mas profundo, está haciendo el gobierno es interfiriendo en la cooperación social que  permite el mercado.

El mercado carece de personalidad, nadie ni nada lo puede representar, no tiene espíritu alguno, ni hace o deja de hacer cosas, cuando uno habla de mercado no habla de la bolsa de Buenos Aires, los banqueros de Wall Street o de los organismo multilaterales de crédito. El mercado, no es mas ni menos, que los intercambios voluntarios individuales que se dan simultáneamente  en números inconmensurables. Lo que permite que ocurra está cooperación social que se da en cada una de estás transacciones, o en otras palabras, en el mercado, es la existencia de los precios que coordina toda esa información que se encuentra dispersa en cada uno de los individuos y que de cualquier otra manera sería imposible de conocer.

Es por este motivo que los precios, que permiten coordinar todas estás acciones, cuando son intervenidos por el gobierno, mediante el uso de la fuerza (o su amenaza), lo que hacen es distorsionar los fines y medios de cada persona, lo que hacen es colocar barreras en el proceso de cooperación social, que luego generan los descalabros económicos que traen consigo tragedias en el aspecto humano, como son la pobreza, la desnutrición, entre otras.

«El culto al estado es el culto a la fuerza» Ludwig von Mises

El accionar de los gobiernos, en todos los casos, es sinónimo de fuerza, y detectar el ejercicio de la violencia (legítima para algunos) o la amenaza de ella en todos sus actos, y exponerla, es una manera acertada de demostrar la naturaleza del gobierno, en contraste con el desarrollo voluntario, libre y descentralizado que sería un mercado liberado de intervención gubernamental.

Inseguridad: Hacer algo

Cuando suceden tragedias como la de Candela, una chiquita de 11 años secuestrada y asesinada por motivos que aún se desconocen, la reacción inmediata de los medios y la sociedad en general es «Hay que hacer algo!». La reacción es correcta, ante una situación tan desgraciada la única manera de alterar el estado de cosas es introduciendo un cambio, y un cambio quiere decir llevar adelante una acción que produzca ese cambio.

Una vez determinado que hay que hacer algo existen otras dos preguntas que rara vez se formulan: ¿qué se debe hacer? y ¿quién debe hacerlo? La segunda respuesta está relacionada con la primera, dependiendo quién es el que debe hacerlo se determinará que se hará. La respuesta habitual a la segunda pregunta, al ¿quién?, es «los políticos», y en consecuencia, la respuesta a la primera, el ¿qué?, estará relacionada a alguna de las pantomimas a las que estamos acostumbrados a escuchar, en este caso crear una fuerza similar al FBI:

El secuestro y muerte de Candela Rodríguez generó toda una serie de críticas a los métodos utilizados para llevar a cabo la investigación. Los escasos resultados obtenidos en la pesquisa que demandó cientos de allanamientos y el uso de más de 2000 efectivos policiales bonaerenses provocó que una vieja idea reflotara: crear un cuerpo federal de investigaciones al estilo Federal Bureau of Investigation (FBI).

Los políticos son siempre el punto de referencia para buscar la próxima solución al problema de la inseguridad. Es lógico, ellos asumen el compromiso desde el estado de brindar seguridad, es más, su compromiso es gigante ya que ostentan el monopolio de la violencia, es decir son sólo ellos los que pueden proveer seguridad, y por ende, ofrecer las respuestas que se piden.

Mi propuesta es parar un minuto y reflexionar:  los políticos ya hicieron mucho por nosotros, desde los gobiernos han bloqueado las importación y nos han traído robo de neumáticos, han continuado con la prohibición de drogas que da lugar al surgimiento de mafias donde inocentes terminan pagando la violencia generada por dicha legislación. La misma policía, a la que se le reclama seguridad, está involucrada en  actos delictivos. Hasta desde la cárcel, los convictos, en connivencia con la policía, siguen delinquiendo. La solución no puede estar ahí.

Seguir confiando en los mismos que generan las condiciones para que se lleven adelante estos hechos, y pretender una respuesta diferente, una respuesta acertada, resulta poco verosímil. Evidentemente, ya no es posible confiar en que el estado brinde seguridad, cuando es el primer responsable de la inseguridad, directa o indirectamente.

La inseguridad y la violencia son dos flagelos que afecta a casi todos, los que pueden viajar en helicóptero, o tener custodia personal, no la sufren. Los que son poseedores de los escasisimos permisos de portación de armas, hoy por hoy casí imposibles de obtener sin un contacto en el RENAR, tienen una herramienta que los ayuda a combatirla. El resto estamos desamparados, somos dependientes de un monopolio que se ha comprometido en crear delincuentes, cuando su función es combatirlo. Salir del esquema de financiación de ese monopolio es imposible (¿rebelión fiscal? tal vez),  por suerte algunos pueden pueden salir de ese esquema de indefesión organizando soluciones alternativas, imperfectas, por supuesto, pero que resultan un remedio provisorio al fracaso (otro fracaso más) del estado.

Mientras tanto, el común de la gente son rehenes de los que supuestamente están para cuidarlos y defenderlos.

Revolución en la calle Florida: de visita por la Richmond

Los que escribimos en este espacio nos gusta escribir, a mi por lo menos. Es importante difundir la idea a través de un blog, y es cómodo. Támbien es importante hacerse escuchar. Si no entran, hay que salir. Osar hablar es una actividad que todos deberían emprender, sea en el ámbito que sea.

Esta historia transcurre en la peatonal Florida, el otro día les contaba acerca de la iniciativa de que la confitería Richmond, contra voluntad de su dueño, siga siendo la confitería Richmond.

Hoy decidimos acercarnos con una fellow libertarian a la mencionada confitería. Había una señora juntando firmas, sentada atrás de una mesa, recibiendo a las personas para que dejen su marca en el cuaderno negro.

Me acerqué de manera amable para preguntar de que se trataba el petitorio, era para «salvar a la Richmond» me dijo. ¿De qué? La quieren convertir en una fábrica de zapatillas. ¿Quién? Los dueños. ¿Cómo se atreven?

Le expliqué mi posición, en otras palabras les dije que en mi nombre no hagan una ley que le imponga por la fuerza al dueño a conservar algo que no quiere. En mi nombre no desvíen un recurso del uso más valorado que decidió el mercado, es decir todos, el pueblo, o como quieran llamarlo. En mi nombre no usen la fuerza del aparato estatal para imponer su propia voluntad.

Hubo los que me entendieron, y aún así comulgaban con el uso de la fuerza  para que la Richmond siga siendo la Richmond. Fue algo shockeante, no que estén de acuerdo con el uso de la fuerza, si no el hecho de estar en vivo y en directo discutiendo con ellos. No eran comentarios de un blog, un grupo de Facebook o un foro de esos que ya quedan pocos. No. Era en la vida real, y esas personas  expresaban su conformidad para expropiarse a sí mismas (porque si como dice el Talmud, «salva a un hombre y salvaras a la humanidad», yo digo «si destruyes el concepto de propiedad en un caso, los destruirás para todos»). Era la vida real, y me sorprendió (aunque no debería haberme sorprendido) que la misma violencia que promovían con su firma la expresaban en sus palabras: «¡Sos un ignorante que no entiende nada!» «Vos no sabes la historia de esta confitería porque sos chico», «Ustedes no existen, ni me interesa leer en nombre de quién venís», «¡a vos te mandaron!», y así todos.

Hubo otro grupo de gente, que escuchaba, preguntaba, no estaba de acuerdo o si, pero discutía civilizadamente, escuchaba la otra campana, y quién sabe tal vez muchos de ellos se fueron con la idea rondando en la cabeza. Con eso me basta.

Del otro grupo, los más, tuve que escuchar cosas verdaderamente preocupantes, un señor que parecía instruido, de aproximadamente 60 años, me decía  frente mi defensa de la propiedad: «Esto no es propiedad privada, yo entraba acá, me pedía un café, jugaba al billar, pagaba y me iba. Era un centro cultural, no era propiedad privada.» Ante su insistencia no tuve más remedio que abandonar la infructuosa lucha contra los molinos de viento.

Son molinos de viento porque perdieron la costumbre de reflexionar y usar el pensamiento crítico, no pido que estén de acuerdo conmigo, pero que me digan porque no lo están.

Otra situación que ilustra esto: «¿Vos querés que cierren el Tortoni también?», me preguntaron. Le dije que no, que la gente «votaba» con el bolsillo todos los días para que el Tortoni siguiese abierto, lo votaban porque satisfacía sus necesidades. Su respuesta fue: «Sólo esta abierto por que van los turistas». No se dio cuenta, pero me estaba dando la razón.

Más allá de estas situaciones, los argumentos que se esgrimían para defender la Richmond eran parte de  un festival de clichés: «La confitería es del pueblo, ¡el pueblo la quiere!» Esa era su fantasía, la mascara  para su capricho.

Creo que pocos pudieron entender que mi problema no era con la confitería, con el Tortoni, con los edificios antiguos o con los billares. Mi problema era que para defender todo eso pretendan que el gobierno use la fuerza contra aquellos que no la iniciaron, es simple, pero no sencillo de aprender en el mundo que hoy vivimos.

Al final la señora que recopilaba la firmas me lo reconoció, era autoritaria «en algún lado había que poner un punto».

Unos comentarios finales:

En primer lugar, la culpa no fue toda de ellos, tengo mil puntos para mejorar en la habilidad para comunicarme y transmitir la idea, sin embargo, la única manera de poder dar a conocer que la libertad es una alternativa es hablando, es llevando la alternativa a donde hoy no existe. El mejor entrenamiento para mejorar las habilidades comunicacionales.

En segundo lugar, no quiero menospreciar el activismo online, un retweet, un «me gusta» en Facebook, es útil, no requiere de ningún esfuerzo. La posibilidad de conectarse cara a cara con el interlocutor cambia las cosas, por eso siempre que uno tenga la chance, sea en el ámbito que sea, académico, entre amigos, familia, trabajo, etc. debería poner a disposición de la gente una noción tan antigua como revolucionaria que es la libertad, es el primer paso para vivir en una sociedad libre.

Basta de (prohibir) Demoler

Una vez más las agrupaciones Basta de Demoler y 54Bares Notables pudieron salirse con la suya en su campaña eterna contra la propiedad privada.

Me refiero al caso de la emblemática confitería Richmond, ubicada en la calle Florida, que  esta(ba?) próximo a  cerrar sus puertas:

Sin embargo, la Richmond está a punto de pasar a ser sólo un recuerdo para sus habitués y una fuente menos de trabajo para el personal que aún presta servicios (hay mozos que trabajan allí desde hace más de 40 años). La confitería tiene previsto cerrar en septiembre y a partir de noviembre su decorado inglés dará paso al estilo Nike.

Como suele suceder en estos casos, agrupaciones que  tienen como objetivo preservar edificios y otros lugares históricos elevaron su voz contra la posibilidad de que la tradicional confitería porteña desaparezca de la otrora peatonal mas paqueta de la ciudad.  Sin embargo, como también es habitual, estas agrupaciones apelaron a los legisladores de la ciudad para que declaren sitio histórico la confitería y, de esta manera, evitar que pueda modificarse el rubro original de la misma, la gastronomía.

De hecho, ayer por la tarde, la legislatura aprobó declararla sitio histórico, cediendo una vez más antes los reclamos del lobby preservacionista. El diputado Di Stéfano argumentó lo siguiente:

«Aun persiste la visión que interpreta que los edificios históricos son viejos y sin ningún valor cultural. Es necesario avanzar en las leyes que protejan de manera definitiva los tesoros patrimoniales y así preservar un recurso no renovable que forma parte de la memoria urbanística de la Ciudad», consideró el diputado Patricio Di Stéfano, titular de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico de la Legislatura.

Por supuesto que los fines de las organizaciones que intentan preservar bares y edificios históricos son, en algunos casos loables. Algunas de esas construcciones son un plus a la hora de elegir a la ciudad como destino turístico, el problema radica en los medios que utilizan para alcanzar sus fines.

Estas agrupaciones apelan al proceso político para violar el derecho de propiedad de los dueños de los inmuebles que quieren proteger.  Esto no sólo crea el riesgo de que luego los legisladores violen la propiedad de privada de otros a pedido de organizaciones que tenga diferentes motivos para hacerlo, sino que además no permite que le sistema de precios guíe el destino de los recursos a los fines más valorados. ¿O acaso Di Stéfano esta mejor capacitado para definir cual es el uso mas valioso de un recurso determinado y quien tiene que soportar los costos?

El problema es sin dudas los medios. Existen diferentes alternativas a las que pueden apelar este tipo de agrupaciones para preservar el patrimonio urbano que tanto valoran, soluciones que no implica apelar a la violencia de la política como por ejemplo organizar la compra colectiva del bien en cuestión, negociar con sus dueños de que manera pueden colaborar para «salvar» la confitería o el edificio que se trate.

Otra cuestión aparte es la postura preservacionista extrema de estos sectores, que ya no constituye una apreciación del valor arquitectónico de algún edificio, si no la reacción automática a oponerse a cualquier cambio introducido en el paisaje urbano. Una postura que sale a la luz con recorrer apenas unos minutos el sitio web de la agrupación Basta de Demoler.

En primer lugar, si el estado hubiese comenzado a proteger todos estos sitios históricos 100 años atras, casi ninguno de los sitios que hoy protege y propone proteger hubiese existido.

Imaginemos a los preservacionistas protegiendo edificios que impidan la construcción del Kavanagh, la alteración de la fisionomía de Puerto Madero, la construcción del Coliseo en R0ma, o el partenón en Atenas que hubiese destruido la belleza natural del acrópolis.

Mediante una alternativa que excluya a la política como solución, estas agrupaciones tendrán que focalizarse en los edificios que realmente valoran, y no en absolutamente todos, ya que poseerán recursos más limitados para llevar a cabo su tarea, dejando lugar al progreso.

Por último pero no menos importante, hay que mencionar el efecto negativo que tienen estas agrupaciones en relación a otra problemática de la ciudad, la llamada «emergencia habitacional», estas campañas para detener las construcciones de edificios terminan por el valor de los alquileres (y el de venta) de los departamentos, al reducir o mantener estable la oferta de unidades de vivienda, en beneficio de mantener construcciones que estéticamente pueden ser admirable, pero que no responden a la demanda de la sociedad en ese momento.

Agüero 1919 – Graffiti contra las demoliciones sobre dos edificios viejos.

¿De quién es la luna?

Según se sabe, esta mudable vida
Puede, entre tantas cosas, ser muy bella
Y hubo así alguna tarde en que con ella
Te miramos, oh luna compartida.

– J.L Borges – La Luna

Leyendo el otro día el diario La Nación me entero que hay un señor que está vendiendo parcelas en la luna:

Así, Dennis Hope en 1980 registró a su nombre el satélite y todos los planetas del sistema solar, basado en un vacío legal del Tratado de Espacio Exterior, que estableció Naciones Unidas. Una vez registrado a su nombre, Hope dividió la Luna e inició su venta mediante la Embajada Lunar. Actualmente, comercializa 1.500 terrenos diarios de media hectárea en la Luna, Mercurio, Marte y Venus.

Probablemente, un liberal que no haya estudiado la cuestión de la propiedad de la luna a fondo, favorezca la asignación de derechos de propiedad lunares. Los liberales hacemos énfasis  en la llamada «Tragedia de los Comunes«, una teoría formulada por Garret Hardin que sostiene que cuando la propiedad es común los recursos naturales se tienden a sobre-explotar abusando de ellos y destruyéndolos y por ese motivo la asignación de derechos de propiedad bien definidos promueven la preservación de dicho recurso. A partir de esta teoría, un liberal apresurado podría ver con buenos ojos esta asignación de derechos de propiedad sobre la luna, sin embargo este es uno de los casos donde se puede demostrar que los liberales no defendemos cualquier tipo de propiedad por un mero capricho, si no solamente aquellos derechos de propiedad que son legítimos, es decir que se ajusten a una teoría de la propiedad.

En la tradición Locke-Rothbard, Fernando Chiocca explica brevemente  una de las teorías de propiedad predominantes entre liberales y libertarios:

Abordemos ahora el tercer punto: ¿Cómo llegamos a ser los dueños de algo? Hay tres maneras de adquirir la propiedad sobre una cosa: (1) comprarla, (2) recibirla como un regalo o (3) apropiarse de un recurso previamente sin dueño (apropiación original). Para que uno se apropie de algo sin dueño, es necesario establecer un vínculo objetivo con el recurso en cuestión, o, en palabras de John Locke:

Cada uno de los hombres es propietario de su propia persona. Nadie sino él tiene derecho sobre ella. Podemos decir que el trabajo de su cuerpo y las obras de sus manos son estrictamente suyos. Cuando aparta una cosa del estado que la naturaleza le ha proporcionado y depositado en ella y mezclado con ella su trabajo, le añade algo que es suyo, convirtiéndola así en su propiedad. Ahora existe a su lado, separada del estado común de la naturaleza puesta en ella, con su trabajo le ha añadido algo que la excluye del derecho común de las demás personas: Dado que este trabajo es propiedad indiscutible del trabajador, nadie puede tener derecho sobre aquello que ha añadido.

No hace falta aclarar mucho, Dennis Hope, por más que haya registrado la luna a su nombre y se haya puesto a venderla, carece de derecho alguno sobre la misma. Encontrar un vacío legal no es suficiente para poder afirmar que el Sr. Hope tiene un derecho de propiedad legítimo sobre la luna, en consecuencia todos los contratos que haya celebrado transfiriendo la propiedad son nulos.

La luna, un lugar de oportunidades infinitas.

Este ejemplo de la luna exhibe de manera clara un principio que muchas veces no termina de ser comprendido tanto por aquellos críticos de la ética de la libertad como por algunos liberales que están confundidos acerca de la defensa de los derechos de propiedad. Los únicos derechos de propiedad que deben defenderse son los que se han adquirido de acuerdo a lo esbozado anteriormente.

La luna es un territorio sin dueño, y esto es un gran incentivo para que los individuos emprendan la tarea de colonizar la luna. Aquellos que mezclen su trabajo con el territorio lunar podrán llamarse a sí mismos  los legítimos propietarios de ese sector de la luna, convirtiendo de está manera un territorio desértico  en un campo fértil para el desarrollo de la civilización.

Para los interesados en estos temas, el prominente economista y teórico libertario Dr. Walter Block estará brindando una conferencia en Buenos Aires el próximo 9 de agosto a las 19 horas, titulada «Reparations, once again», donde ofrecerá su visión sobre los reclamos de indígenas y descendientes de esclavos sobre la restitución de sus propiedades (detalles aquí).

Prohibiendo, otra vez

Hace algunos meses, unas legisladoras porteñas se propusieron prohibir la publicación de avisos con ofertas de servicios sexuales y similares en los medos.  Analizamos el tema en su momento y concluíamos lo siguiente:

Combatir la trata de personas es un objetivo válido, pero, en el proceso se debe cuidar no violar ningún derecho en la persecución de ese  objetivo. Por ejemplo, la inseguridad tiene una solución simple, electrificar las zonas de donde provienen la mayoría de los delincuentes, la única razón por la que no se hace es que muchas de esas personas son inocentes, no se les puede privar de la libertad solo por un delito potencial. Lo mismo con este tema. Hombres y mujeres tienen derecho sobre su cuerpo a disponer de él en relaciones consensuales, si es moral o no ejercer la prostitución, no es un tema relevante porque la ley no esta para imponer la moral.

¿Cómo solucionar la trata de personas? No lo se. Pero estoy seguro, que esa solución no puede violar los derechos de terceros, y mucho menos se va a poder solucionar algo empujándolo, todavía más, hacia la clandestinidad.

Esta medida que es un hecho, y no un mero proyecto como lo escrito hace algunos meses, tiene varios problemas adicionales.

Whiskería Porteña

En primer lugar, las cuestiones formales. Esta nueva norma es un decreto presidencial, y su objeto es limitar la libertad de expresión, prohibiendo ciertos discursos comerciales, en este caso las ofertas sexuales. Reconocer que mediante  un decreto se pueda hacer eso es peligroso para el derecho a expresarse libremente, Gustavo Arballo en su blog explica esta posición:

En una serie de tweets @ramiroau dice que el decreto es inconstitucional. Es posible que muchos otros, que vean con simpatía una ley de prohibición, tengan el mismo reparo legal en cuanto a la vía «decreto» (forma, no fondo). La razón: la publicidad está inserta en la libertad de expresión, que según la Convención Americana sólo puede restringirse por ley (y yendo más finito, según la OC6 de la CorteIDH esa debe ser una «ley del poder legislativo» -ley en sentido formal- no cualquier «norma general» -ley en sentido material-).

Nosotros no estamos de acuerdo con la forma, ni con el fondo. En el caso de Arballo, argumenta que la prohibición tiene origen legal en el art. 6 inc. f de la ley 26.485 que dice:

f) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

No quiero entrar en un tema estrictamente legal, pero no veo que de la ley surja dicha prohibición. Así y todo, las expresiones denigratorias hacia las mujeres pueden ser ofensivas, nos pueden parecer repugnantes, y nos podemos oponer con todas las letras, sin embargo deberían estar amparadas bajo el derecho a la libertad de expresión, que justamente está pensada para proteger los discursos que nos molestan.

En definitiva, la forma es peligrosa porque sienta un precedente que a partir de  un texto vago de una ley se puedan decretar, desde el poder ejecutivo, restricciones a la libertad de expresión.

En segundo lugar, esta medida, presuntamente anti-trata de personas, tendrá consecuencias que se podrían enmarcar dentro de la Ley de Consecuencias Indeseadas.

Veamos, en los avisos del Rubro59 podemos encontrar dos tipos de avisos, aunque no podamos diferenciarlos. Por un

Rubro59 en Clarín.

lado, las mujeres que ofrecen sus servicios sexuales de manera voluntaria y utilizan el diario para publicitarse. Por el otro, ofertas de servicios sexuales, pero cuyas mujeres que lo brindan en realidad son víctimas de la trata de personas, es decir, mujeres obligadas a prostituirse por redes mafiosas. De la segunda categoría no podemos más que repudiar su existencia, que sin embargo no va a desaparecer con la prohibición de los avisos. En cambio, aquellas trabajadoras sexuales enmarcadas en la primer categoría se verán obligadas a dejar de trabajar de forma privada e independiente (o en asociación con compañeras) y tendrán que trasladarse a cabarets o whiskerias siendo mas proclives a estar en un ambiente laboral con condiciones más precarias y hasta convertirse en víctimas de tratantes de personas.

En este mismo sentido se pronunción la asociación que nuclea a las prostitutas, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), que en un comunicado expusieron lo siguiente:

El prohibir la publicación de anuncios es una medida que solo criminaliza nuestra actividad y que motivará a aquellas compañeras más débiles, o que cuenten con menores recursos, a acudir a las grandes redes de proxenetas y tratantes, que en complicidad con las fuerzas de seguridad y amparados en el ocultamiento y la marginalidad de su actividad, tendrán vía libre para ofrecer su «amparo», haciéndoseles así mas sencillo el seguir creciendo y fortaleciéndose, a costa de la explotación y esclavitud de las trabajadores sexuales.

La antiutopía va tomando forma, ya no sólo tenemos una Secretaría de Comercio que se ocupa de obstruirlo, ahora podemos ostentar de tener una Oficina de Monitoreo de Avisos de Oferta de Comercio Sexual.

En definitiva, no es la primera vez, ni será la última en la que un gobierno promueve una medida que traerá resultados contraproducentes, tampoco será la primera ni la última vez que un gobierno intente imponer una moral mediante la ley, mientras tanto, lo lamentable es que los perjudicados (las perjudicadas, en este caso) son siempre a aquellos grupos que se intenta ayudar.

Los llamados «liberales» porteños

Las cosas suelen tener en general su envase y su sustancia. La Coca Cola viene en una botella de 600 cm3, el Blackberry viene en una carcasa negra, y medio destruida si tomamos como standard el mio, con 7 puntitos plateados formando el logo de la empresa, el desodorante viene en un tubo con colores,  y los Halls en un papel negro que prometen la máxima frescura. Gracias a los envases podemos conocer acerca de su interior, es la primera impresión que nos vamos a llevar de algo y por eso siempre recomiendan tener un buen packaging para los productos e ir bien vestido a las reuniones laborales.

Las ideas de Bastiat, Adam Smith, Constant y Alberdi, sin dudas que son las ideas que formaron una base de liberales que comenzaron con esos autores, y luego fueron ampliando sus conocimientos hacia Friedman, Hayek, Mises, Nozick, Rothbard y/o Rand.

Ahora bien, ¿cómo nos enteramos que dicen estos autores? La respuesta la dí mas arriba, a través de su envase. y el envase del liberalismo ha sido históricamente rebelarse, en mayor o menor medida, contra el status quo, denunciar las injusticias del orden de cosas de ese momento y exigir un verdadero cambio social. Adam Smith se dedicó a estudiar la economía y aportar conceptos revolucionarios en cuanto a la libertad económica y el interés propio, Benjamin Constant, defensor de la libertad,  fue un revolucionario en el campo de las ideas pero también en la práctica, oponiéndose a la monarquía francesa. Juan Bautista Alberdi, un luchador contra el status quo primero se opuso al dominio español de lo que iba a ser Argentina, y luego asumiendo su papel de liberal denunció al gobierno nacional por haber simplemente reemplazado a la Corona española pero manteniendo la opresión que la caracterizaba. Ni hablar de Mises y su trabajo tanto en Austria como Estados Unidos, Hayek y su denuncia en Camino de Servidumbre, y el discurso cuasi-revolucionario de Murray Rothbard.

Lamentablemente muchos de los que se auto-denominan liberales, incluso los que conocen hasta en que párrafo Mises menciona los trabajos de Herbert Quain, no son verdaderos liberales, y por verdaderos liberales quiero decir que su contenido [intelectual] podrá ser considerado liberal, pero su envase, y por ende su exposición al exterior es netamente conservadora. Un liberal es anti-sistema, se opone al orden de cosas establecido, e intenta a través de la difusión de ideas y de la acción generar un cambio, un cambio de abajo hacia arriba, con las individuos presionando contra aquellos que digitan las políticas de todos los días. O por lo menos esa es mi visión de lo que significa ser liberal.

La prédica de exigir, demandar y transmitir inquietudes es harta conocida, y siempre viene acompañada de la inacción, de la expectativa por consecuencias en la ausencia de un efecto anterior que las provoque. El liberal argentino es un experto en quejarse, y en demandar, pero no en armar estructuras para-estatales que demuestren la superioridad de la iniciativa privada y voluntaria, no en atacar las injusticias que surgen de un sistema corporativista donde los gobiernos se convierten en benefactores de empresas y hombres que dicen ser empresarios mantienen secuestrado a todo un país.

Los liberales han sido meros observadores ante tamañas injusticias, muchas veces temerosos de enarbolar causas que suelen denominarse «de izquierda» (recordemos que Bastiat y Constant estaban sentados a la izquierda en la Asamblea Nacional), hasta han perdido el nombre de liberales, o neoliberales, ante colectivistas adeptos a doctrinas socialistas, y esto no es mérito de los opositores al liberalismo, sino de la pasividad de los mismos liberales, o de la actividad de ellos para liderar la traición a las ideas que decían defender.

Si el liberalismo local es culpable de algo es de no haber sido liberal, de no haber manifestado de manera clara e inequívoca su objetivo, de permanecer pasivo ante los ataques de propios y extraños, de convertir una causa que ha tenido fuerte apoyo de la sociedad en otros momentos por sus promesas de reforma social en una causa elitista, egoísta e interesada.

Mientras esto siga así los liberales seguirán siendo acusados de conservadores y asociados a los proyectos mas anti-liberales que tuvo el país, por suerte algo está cambiando.

Alimentando las fauces del estado regulador

El lunes leía una nota de color acerca de una bebida extraña que toma uno de los delirantes señores que parece que tienen la solución para nuestros problemas, Pino Solanas. El liquido verde que injiere parece ser un energizante o algo similar. Así lo describía La Nación:

¿Clorofila, kiwi, kriptonita? Las dudas se multiplican entre quienes alguna vez presenciaron el ritual con el que comienza sus mañanas el diputado y candidato a jefe de gobierno porteño Fernando «Pino» Solanas. En el centro de las intrigas está el pote de líquido verdoso que el cineasta bebe religiosamente y que pocos se atreven a cuestionar. Pero los jóvenes que rodean a «Pino» no dudan de las propiedades energizantes del batido. «Es peor en campaña. Al final del día estamos reventados y él sigue, como si nada», comentaba, resignado, un colaborador casi medio siglo más joven que el líder de Proyecto Sur.

Sí los funcionarios del gobierno leyeran La Nación y fuesen eficientes en su trabajo, Solanas hubiese recibido una intimación o pedido de informe acerca de la bebida que estaba tomando, que al parecer se encontraba por fuera del alcance del estado.

El párrafo anterior se me ocurrió como disparador para abordar un tema donde el estado, cómo si fuese el Gran Hermano, lo regula absolutamente todo en materia de alimentos y bebidas.

El art. 1123 prohíbe la venta de absinthe o ajenjo.

No sólo se limita a controlar y garantizar la calidad y sanidad de los comestibles si no que además, limitando cualquier tipo de innovación al respecto, se arroga la facultad de estipular los ingredientes, composición, requisitos de etiqueta, formas de presentación, etc. de las diferentes bebidas y alimentos.

Toda esta información llegó a mi conocimiento cuando hace un par de fines de semanas en una red social subí una foto de la botella  de absinthe (también conocida como ajenjo) que estábamos tomando con algunos amigos, donde me llamaron la atención  que esa bebida se encuentra prohibida por el Código Alimentario Argentino, la ley que se ocupa de regular sobre todos los aspectos relativos a asuntos culinarios.

Leer la minuciosidad sovietica con la que está indicado como debe ser cada preparada cada bebida, o las condiciones que deben cumplir determinados alimentos es sorprendente hasta en la Argentina donde prevalece la idea de que si algo no está regulado no funciona, funciona mal, o es peligroso. Son 1413 tediosos artículos en total, los que les dedicaron nuestros legisladores a la comida, comida con sabor a estatismo.

Los ejemplos son variados, en él podemos encontrar como debe ser producido el  pisco, afortunadamente el Código no menciona de que país se origina para evitar un conflicto diplomático con chilenos y peruanos. Dice:

Art 1114 – (Res. Conj. 86/2208 SPReI y 339/2008 SAGPyA) – Pisco es la bebida con una graduación de 35% a 54% vol. a 20 °C, obtenida a partir de destilados alcohólicos simples de vinos elaborados con uvas debidamente reconocidas y aceptadas por sus aromas y sabores, pudiendo ser destilados en presencia de sus borras.

Esta bebida podrá ser adicionada con azúcares hasta 30 g/l. El coeficiente de congéneres no podrá ser inferior a 250 mg/100 ml de alcohl anhidro.

Más incisivo es el inc. 8, por mencionar otro ejemplo al azar, del art. 1116 que nos dice como tiene que hacerse un Tequila:

8. TEQUILA: Es la bebida con graduación alcohólica de 36% a 54% vol. a 20º C, obtenida de destilado alcohólico simple de Agave o por destilación de mostos fermentados de Agave.

La destilación deberá ser efectuada de forma que el destilado tenga el aroma y el sabor de los elementos naturales volátiles contenidos en el mosto fermentado, derivados del proceso fermentativo o formados durante la destilación.

La bebida podrá ser adicionada de alcohol etílico potable de origen agrícola, siempre que el contenido de destilado alcohólico simple de Agave no sea inferior al 51%, expresado en alcohol anhidro.

El coeficiente de congéneres no podrá ser inferior a 200 mg/100 ml ni superior a 650 mg/100 ml de alcohol anhidro.

La bebida podrá ser adicionada de azúcares hasta 30 g/litro. Cuando la cantidad de azúcar adicionada sea superior a 6 g/litro, la denominación deberá ser seguida del término: «abocada».

La bebida podrá ser añejada, permitiéndose el uso de caramelo para la corrección de color.

Y esto no se limita a las bebida alcohólicas, por ejemplo en el capitulo de  «Alimentos carneos y afines» dice el art. 248:

248 Art – Se considera como Carne fresca, la proveniente del faenamiento de animales y oreada posteriormente, que no ha sufrido ninguna modificación esencial en sus características principales y presenta color, olor y consistencia característicos.

La carne de ganado fresca que se expenda después de 24 horas de haber sido sacrificada la res, debe mantenerse a una temperatura no mayor de 5°C en cámaras frigoríficas.

Las carnes estarán limpias, exentas de piel y vísceras. Selladas por la inspección sanitaria, salvo en animales pequeños o en las especies y casos debidamente autorizados en que esté permitida.

Es obligatorio reservar las partes selladas de las reses que tengan el sello de la inspección sanitaria que certifica su buena aptitud para el consumo, a los efectos de su presentación cada vez que sea requerida por los funcionarios fiscalizadores. La no observancia de esta regla hace que las reses se consideren como de sacrificio clandestino y quien las expenda o exponga se hará pasible de las penalidades correspondientes.

Y así hay cientos de artículos, algunos mas técnicos y otros menos, sin embargo todos regulando hasta el último aspecto de lo que comemos y bebemos.

Los últimos cambios que se  introdujeron en dicho código fue la redefinición de lo que es un y los «parámetros» de la

¿Estado Niñera?

manzanilla.  Ambas modificaciones son del 2011, es decir que  existía un vacío legal sobre ese producto y  no se encontraba regulado (el caso de la manzanilla) o su regulación era insuficiente o estaba mal regulado (el caso del té). Tantos son los aspectos que cubren este código que esta regulación parece ser fundamental para que podamos seguir con vida sin morir envenenados por injerir algún alimento que se aparte de las ordenes de los que saben como deben ser las cosas. Si esto último fuese cierto ¿cómo puede ser que no  se hayan producido miles de muertes entre los consumidores del té, mal regulado, y la manzanilla, no regulada?

Este código es un ejemplo del enjambre regulatorio que tienen que atravesar todos los días en todos los sectores aquellas personas que pretenden ofrecerle al público un producto o un servicio para facilitarles la consecución de sus fines.

Por supuesto muchos de nuestros habituales lectores que encuadran el rol del gobierno dentro de la  defensa de la vida, libertad y propiedad, o sea el liberalismo clásico, aceptan que el gobierno establezca algunas normas mínimas de higiene y calidad en protección del consumidor, una manera de protegernos ante abusos o negligencias de los productores de alimentos, pero a ellos les pregunto ¿es realmente el estado necesario para regular este tipo de cosas? ¿Cuál es el costo que debemos soportar a partir del accionar del leviatán regulador? ¿Cuales son las alternativas?

Un segundo antes de adentrarnos en las que podrían ser alternativas no-estatales a la regulación, tenemos que destacar que todas estas regulaciones no son gratis, elevan los costos, entorpecen la innovación, pueden ser utilizados como mecanismos para desalentar la competencia (mediante el corporativismo endémico que sufre este país, esto es, la alianza empresas-estado), y además los costos mas grandes terminan recayendo en los ciudadanos que tienen que sostener las estructuras elefantiásicas que agregan un sello de calidad  reemplazable por estructuras privadas cuyos costos no recaigan enteramente sobre el contribuyente. Ya hace unos años el Partido Obrero denunciaba (por supuesto, con otros fines que los nuestros) como el SENASA era la herramienta para regular los mercados de la carne, de esta manera bajo la mascara de la sanidad se estaba frente a una regulación económica donde el estado intentaba favorecer ciertos sectores en desmedro de un libre mercado.

Volviendo al estado regulador y sus alternativas,  comentabamos con anterioridad:

Fracaso estatal mediante,  o no, las obras  no se sostienen sobre las regulaciones, sino sobre la responsabilidad de los ingenieros y arquitectos. Aunque no lo parezca, hay productos que usamos en nuestra vida cotidiana no están bajo estrictas normas de control y regulación gubernamental, y al terminar cada día nos vamos a dormir sanos y salvos, y el gobierno no estaba ahí para regular, controlar y verificar la calidad de los productos. Es la competencia, la necesidad de ofrecer un buen servicio/producto para poder sobrevivir, la responsabilidad de los daños provocados, y el prestigio de una marca, son las principales motivaciones para buscar la excelencia en el servicio, o por lo menos para no defraudar al consumidor.

[…]

5. ¿Y quién regula? Para terminar, ¿quién regularía en una sociedad libre, pacífica,  donde los seguidores del estado, cual dios de una religión, no tengan el poder de imponerse sobre aquellos que aspiran a vivir en libertad? La ausencia de una regulación monopólica del gobierno no implica la ausencia total de regulación, las mismas empresas, por las razones que mencioné mas arriba se autorregulan sometiendo sus productos a evaluaciones de prestigiosas empresas que ofrecen servicios verificación de calidad como lo son Underwriter Laboratories, SGS,  Intertek, Orthodox Union (comida kosher), o alguna de las doce certificadoras de comida halal . En última instancia son los consumidores los que todos los días con sus decisiones regulan quienes siguen participando en el mercado, y quienes deben dejar de hacerlo.

La posibilidad de sacar al estado de su función regulatoria  es una idea que me entusiasma, y que además han surgido organismos privados y voluntarios paralelos al estado que se ocupan de regular de manera privada, con empresas que se someten a ser examinadas de manera voluntaria, y mercados que, mas allá de cualquier regulación estatal, se fían únicamente por las evaluaciones de este marco regulatorio alternativo voluntario.

La idea de este post era señalar una vez mas como el estado se inmiscuye en todos los aspectos de la vida y en nuestras relaciones. Desde que uno se levanta hasta que uno se va a dormir, y como el mismo no es indispensable , incluso en asuntos tan delicados como la bromatología, es por eso que en futuros posts vamos a profundizar acerca de los marcos regulatorios alternativos, y ver como el mercado puede resolver sin mayores inconvenientes este tipo de controles y verificaciones.

La inmoralidad del proteccionismo

Supongamos  que los beneficios [12345, y más] sobre los que insistimos que trae el libre comercio no son tales. De repente se descubre que la doctrina de «vivir con lo nuestro» difundida por ambassadeur Aldo Ferrer era correcta y el verdadero progreso y la generación de riqueza se obtienen mediante el establecimiento de rigurosas barreras comerciales que impidan la invasión foránea de bienes, impidiendo de esta manera, que atenten contra la integridad de la industria nacional. Suponiendo por unos minutos esto, este post debería estar dedicado a rectificar el error y admitir nuestra equivocación en cuanto a nuestra defensa al librecomercio. Sin embargo aún con todos estos datos irrefutables mi posición seguiría siendo la misma, seguiría oponiendome al proteccionismo, por una razón mucho mas importante que el progreso económico o cualquier otro criterio materialista: el proteccionismo es una inmoralidad.

Todos los días, desde la mañana hasta la noche, realizamos intercambios con otras personas para satisfacer nuestros deseos y necesidades. Muchos de estos intercambios nos encuentra en la parte compradora, otros en la parte vendedora (básicamente, cuando trabajamos), sin embargo la gran mayoría de ellos lo hacemos bajo las mismas normas. Las reglas de juego son iguales para todos, esto no quiere decir que sean justas o no, sino que en el kiosco el paquete de Halls (negros) lo venden a $2, el atado de Marlboro  a $7 (según me dijeron), la Sprite de 600 a $5 y $0,25 cada palito de la selva, seas alto o bajo, morocho o rubio, rico o pobre, argentino o extranjero vas a pagar ese precio. No existe una diferenciación de precio para diferentes etnias, nacionalidades, o para distinto poder adquisitivo, de haberlo el mismo mercado, tanto consumidores como competidores, se ocuparían de denunciar estas deleznables prácticas para desalentar al negocio que las aplica de continuar haciéndolo generándole perdidas. Incluso más, esta práctica esta prohibida por ley . El artículo 8 bis  de la Ley de Defensa de Consumidor dice: «ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice» es decir la ley hace especial hincapié en proteger a los extranjeros de una discriminación de precios a la hora de la compra de productos, una verdadera contradicción  de las políticas aplicadas desde el gobierno que en breve vamos a analizar. Por último, desde la lógica económica se presenta otro problema, más allá del moral, para la discriminación de precios.

Dicho esto, vemos como en los intercambios comerciales cotidianos no existe ninguna traba sobre con quién hacer los mismos, da igual su nacionalidad o cualquier otro aspecto que defina la personalidad del individuo para determinar el tipo de servicio o precio que se ofrece, incluso como lo vimos recién hasta una ley plantea la ilicitud de venderle  a un extranjero a un precio distinto que un argentino (sin importar que luego el estado aplique estas prácticas en sus Parques Nacionales, por ejemplo, discriminando entre locales, argentinos, y extranjeros).

Si pasamos al plano internacional  esta convivencia pacífica y armónica que podemos apreciar en los intercambios locales queda anulada por completo cuando nos damos cuenta del enjambre de tarifas arancelarias, controles burocráticos formales y no formales para dilatar el proceso de importación, licencias no automáticas, cuotas o contingentes, salvaguardias, controles fitosanitarios, controles de etiquetado y calidad, subvenciones a la producción, medidas anti-dumping, control de cambios, impuestos al consumo de bienes importados, exigencias de exportación para poder importar, medidas no formales (a la Moreno), y la más extrema de todas, la prohibición de importaciones son aplicadas.

El gobierno mediante todas estas medidas mencionadas anteriormente impone un obstáculo para que dos individuos que se encuentran en distintos países puedan intercambiar libremente productos y servicios. No existe ninguna justificación (ni del tipo moral ni del tipo utilitario) como para permitir la obstrucción de una relación voluntaria entre dos personas en donde no haya ninguna agresión contra un tercero. Creer que un beneficio económico justifica interponerse entre dos personas realizando un acuerdo pacifico es una afrenta contra la dignidad humana.

Esto último se puede ver de manera mas clara si extrapolamos la situación que se da en el comercio interncional, y si asumimos que aplicar estas trabas al comercio no son fruto de un nacionalismo irracional que termina perjudicando a la sociedad entera y beneficiando a un puñado de parásitos, si no una medida que beneficia a todos los argentinos, y como tal es justificable aplicarle a nivel local.  Pero, ¿cómo sería vivir en un país donde el proteccionismo también se haga a nivel interno?

  • Cada vez que un boliviano quiera hacer una venta en su frutería, un empleado tiene que hacer un trámite ante el SENASA para verificar la calidad de los productos vendidos. Por supuesto, el costo se elevaría exorbitantemente al igual que los tiempos de demora. Las fruterías manejadas por argentinos no tendrían ningún problema en competir.
  • Los chinos estarían obligados a vender a un precio no inferior que sus contrapartes nacionales por el hecho de incurrir en el dumping y por ende competir de manera desleal. Es decir, no podrían competir con mejores precios.
  • La venta de bijouterie por parte de inmigrantes africanos estaría prohibida, o solo podrían vender 40 piezas por mes.
  • El ingreso a las tintorerías japonesas para llevar un traje o un vestido estaría supeditado a una autorización que se debe requerir con 48 horas de antelación de asistir al local y  que puede ser expedida hasta 60 días mas tarde, una licencia no automática.

Para ingresar a la tintorería rellene el formulario F-23, y aguarde 70 dias para obtener su autorización.

Sin duda, la gran mayoría de los que defiende medidas proteccionistas, se opondría de saber que lo que se está haciendo es básicamente replicar estos ejemplos pero a gran escala. Los trasladamos a nivel local y nos impactan, tacharíamos esas medidas de xenofóbas y racistas, sin embargo esto se da constantemente en el ámbito internacional. Lo más lamentable de todo es que la sociedad ha aceptado sin ningún cuestionamiento que limitar las relaciones comerciales basándose en la nacionalidad de los involucrados no es un acto injusto.Todo esto sucede al mismo tiempo en el que estamos dejando atrás de un siglo signado por guerras que dejaron millones de muertes a causa de los nacionalismos. De aplicarse las políticas que revisamos, en un nivel local, el gobierno argentino sería objeto de denuncias de organismos internacionales de derechos humanos, se organizarían boicots y se lo señalaría como al nuevo apartheid.

En conclusión, aún de comprobarse algún beneficio económico que provenga del proteccionismo (algo sobre lo que seriamente dudo) no defendemos este tipo de medidas por tratarse de un bloqueo a los intercambios voluntarios realizados por individuos cuya única diferencia frente al resto de los intercambios es que se encuentran en dos países diferentes. El proteccionismo es inmoral aún antes de analizar las consecuencias del mismo, una vez determinados los perjuicios que le generan este tipo de políticas a la sociedad, la cantidad de argumentos morales contra las mismas se multiplican. Una inmoralidad que produce no sólo una injusticia contra aquellos que venden y viven en otros paises sino contra los mismos argentinos, que según el relato imperante se deberían ver beneficiados, pero que en la realidad se ven perjudicados y condenados a una calidad de vida inferior.

Repudiando la deuda externa (I)

Edificio del Fondo Monerario Internacional

Pintoresco edificio para un lamentable organismo (Fondo Monetario Internacional).

La deuda externa nace del gasto público, pero cuando los acreedores del establishment y los organismos internacionales de crédito promovidos por Keynes (FMI, Banco Mundial) reclaman sus cobros más intereses, llega el ajuste. El mismo en Argentina pocas veces consiste en una baja del gasto, de manera que no afecte a los ciudadanos, sino que las típicas recetas aplicadas de estos organismos estatales implican aumentos impositivos y la emisión monetaria causante de la inflación de hoy. En concreto, la «solución» genera nuevas confiscaciones para todos.

Los defensores del statu quo y del capitalismo de amigos reinante despliegan rutinariamente su doble discurso contrario a la deuda externa, mientras en simultáneo no dejan de tomar más de ella. Milicos, Menem, la Alianza, Kirchner, en mayor o menor medida todos han utilizado este inmoral instrumento. Algunos intentando disimularlo saldando deudas con algún organismo por cuestiones de marketing político, pero tomándolas con otros.

En oposición a lo realizado por la clase política argentina, ¿qué dice un libertario? Veamos la opinión de Murray Rothbard:

Desgraciadamente la mayoría de la gente aplica el mismo análisis a la deuda pública que a la privada. Si la sacralidad de los contratos debe prevalecer en el mundo de la deuda privada, ¿no debería ser igual de sagrada en la deuda pública? ¿No debería la deuda pública regirse por los mismos principios que la privada? La respuesta es que no. Cuando el gobierno pide prestado dinero, no compromete su propio dinero: sus recursos no son responsables. El gobierno no compromete su propia vida, fortuna y sagrado honor en devolver la deuda, sino el nuestro.

Por tanto, la transacción de la deuda pública es muy distinta de la de la deuda privada. Ambas partes saben que el dinero que se devuelva no vendrá de los bolsillos de políticos y burócratas, sino de las carteras saqueadas de los contribuyentes indefensos, los súbditos del Estado. El gobierno obtiene el dinero por coacción fiscal y los acreedores públicos, lejos de ser inocentes, saben muy bien que sus ingresos vendrán de esta lamentable coacción. En resumen, los acreedores públicos están dispuestos a entregar dinero al gobierno ahora a cambio de recibir una parte del saqueo fiscal en el futuro. Es lo contrario del libre mercado o de una genuina transacción voluntaria. Ambas partes están contratando inmoralmente participar en la violación futura de los derechos de propiedad de los ciudadanos. Por tanto ambas partes están llegando a acuerdos sobre la propiedad de otros y ambos merecen nuestro desprecio. La transacción de crédito público no es un contrato genuino que tenga que considerarse sacrosanto, no más que cuando los ladrones se reparten el botín por adelantado.

En el texto completo de donde se extrae la cita hace la obvia excepción en la que una ínfima parte de la deuda es también pagada por los «emprendimientos» del Estado, pero esto no solo no aplica por tratarse en su mayoría de mercados cautivos o monopolios, sino que en Argentina estos emprendimientos (Aerolíneas Argentinas, Fútbol para Todos, etc.) tienen un saldo negativo y en realidad logran lo opuesto, contribuyendo al aumento de la deuda.

Alberto Benegas Lynch agrega al tema:

La deuda pública es absolutamente incompatible con la democracia, puesto que compromete patrimonio de futuras generaciones que ni siquiera han participado en el proceso electoral para elegir a los gobernantes que contrajeron la deuda.

El repudio es entonces por un lado al político, que toma deuda a costa de los ciudadanos no solo presentes sino también futuros, dado cada niño que nace ya carga con la obligación de trabajar para saldar una deuda que le fue asignada por los gobernantes que supo tener su padre (esto me recuerda al misticismo del «pecado original»).

Y por otro lado el repudio es a los acreedores, sean privados (instituciones financieras, bancos, etc.), otros Estados u organismos internacionales de crédito, que siempre supieron la deuda no era voluntad de un individuo o grupo, sino que estaba siendo impuesta y contra la libre elección de muchos de quienes la terminarán pagando.

La situación es aún peor si consideramos que la deuda es respetada incluso cuando tiene origen en regímenes dictatoriales, donde ni siquiera existe parte de la sociedad que la haya aceptado por medio de la delegación que en la teoría representa el voto.

Para simplificar, como suele decir el filósofo Stefan Molyneux, cuando la corporación política incrementa la deuda, por ejemplo sacando a la venta bonos del Estado, lo que indirectamente hace es comercializar o vender nuestra fuerza laboral, nuestro trabajo (pasado, presente y futuro), dado es del mismo de donde se obtendrán los fondos para pagar los títulos de deuda pública cuando lleguen sus vencimientos.

Queda clara la inmoralidad de tomar deuda, pero la controversia, sobre todo entre los más moderados, llega cuando analizamos que hacer con la deuda ya existente gracias a nuestros políticos estatistas. Será tema de próxima nota.

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