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En un mundo irreal

Como si fuese sacado de un libro que se burla de las políticas populistas de la región, el nuevo paso del gobierno argentino para satisfacer su voracidad (y necesidad) fiscal será ejercer un mayor control sobre los contratos de alquiler, que, a partir de ahora, aquellos que sean celebrados por un importe mayor a 8.000 pesos mensuales deberán ser registrados en la base de datos de nuestra potencial Stasi local, la AFIP.

La medida se enmarca en un contexto muy particular, aquel castillo de naipes que venimos señalando desde hace más de un año que es el famoso Modelo se está tambaleando, y para sostenerlo necesitan seguir atacando la propiedad privada, e interviniendo en la economía. La quita de subsidios, la restricción a la compra de dólares, entre otras medidas, son señales que la viabilidad del modelo es limitada, y su prognosis no es  muy alentadora.

La medida parece estar desconectada de la realidad. En un país dónde el «deficit habitacional» y la dificultad del «acceso a la vivienda» son temas tan importantes, y existen constantes reclamos sobre la cuestión, la idea de agregar mas obstáculos para el alquiler de una vivienda, generando trámites, controles, registraciones y demás terminará dificultando más la posibilidad que aquellos en peores condiciones económicas.

Este párrafo del post lo iba a dedicar a describir brevemente el efecto que podría a llegar a tener esta medida, disminuyendo la oferta de unidades de menor valor, ya que a partir de estos mayores controles se genera un desincentivo para aquellos que poseen una situación fiscal con «inconsistencias» abandonar las unidades de menor valor, para mudarse a las de mayor de $ 8.000. Pero como decía recién, es inútil brindar una explicación sobre los efectos que trae esta medida sobre las posibilidades de acceder a una vivienda a la población. La desconexión existente en el gobierno entre las causas y los efectos de las medidas implementadas es evidente, una explicación racional de como afectaría este nuevo mecanismo a los alquileres no sería motivo siquiera de reflexión ni para los apologistas del gobierno, ni para funcionarios.

La lógica estatista es en realidad una patología, la idea de que un decreto, una ley, o una nueva regulación sólo tendrá los efectos que ellos desean, y cualquier consecuencia  indeseada puede ser solucionada con otro decreto, ley o regulación. Ante esta realidad, el debate basado en una estructura lógica de argumentación es inocuo para las posturas estatistas. Cuando deciden reconocer la realidad, es demasiado tarde.

Por otra parte los que no pueden negar la realidad son los que ser verán afectados por esos efectos. No son aquellos que viajan en helicóptero todas las mañanas a su trabajo, o los que tienen a un guardaespaldas, son las miles de personas buscando una casa para alquilar, o para comprar, pero que gracias a los que se creen todopoderosos cada vez se les hace más dificil.

Por último, y a pesar de no verse afectados directamente, la población general debería preocuparse por esta medida. No por aquellos que tendrán que recorrer más y pagar más para vivir en el inmueble que querían, sino por todo el resto, ya que la AFIP cada vez obtiene más poder, y no me extrañaría que en momentos que el gobierno ya no podrá mantener al rebaño que se ha convertido la mayor parte de la sociedad bien alimentado, fogoneando el boom del consumo, las próximas medidas que tomen, ya no serán programas demagogos de fútbol, pescado y vino para todos, será el Estado haciendo uso de lo que mejor hace (y lo único), el uso de la fuerza sin ningún maquillaje.

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